Miembros del Consejo Ciudadano Unihidalguense demandan se le desconozca

Aumenta rechazo contra Armando Sánchez Ruiz, edil de Unión Hidalgo

Mantendrán plantón en el centro de ese municipio hasta que se elijan nuevas autoridades

ROSA ROJAS ENVIADA

Union Hidalgo, Juchitan, Oaxaca, 16 de mayo. En este municipio de 20 mil habitantes parece que no pasa nada. De rato en rato algunos vehículos y carretas tiradas por bueyes cruzan las calles tranquilas. Sólo hasta llegar al zócalo, con el palacio municipal bloqueado desde el 13 de febrero y las calles aledañas cortadas por pipas, camiones de limpia municipal y motoconformadoras con las llantas ponchadas, con un plantón de integrantes del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) en el parque vecino, se percibe la tensión y el miedo que aquí se viven.

Una veintena de vecinos se acerca, dan sus nombres, pero piden que no se publiquen porque hay una larga lista de participantes en el CCU sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, debido a denuncias "falsas" que los acusan de privación ilegal de la libertad y robo calificado presentadas por empleados del presidente municipal, Armando Sánchez Ruiz, quien fue desconocido por el pueblo luego de que el 13 de febrero ordenara a la policía disparar contra ciudadanos que exigían auditar su gestión.

"Hubo un muerto y 10 heridos, se hicieron las denuncias contra el presidente y sus funcionarios que ordenaron disparar y no se ha hecho ninguna investigación. Uno tiene la certeza de que la detención de Carlos (Manzo) en el Centro de Rehabilitación Social de Tehuantepec es política, porque el juez de Juchitán dio la orden de detención, pero presionado "desde arriba" y cuando un juez dice 'desde arriba' uno piensa en el gobernador. Y como el caso es político, a Manzo lo mandaron a Tehuantepec -donde hoy rinde su declaración-, porque dicen que si lo dejan en Juchitán hay el peligro de que vayamos y lo rescatemos, eso es lo que nos dijo el diputado Carlos Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD)".

Oferta de diálogo incumplida

Cuentan que antes del desalojo violento que sufrieron ayer cuando bloqueaban la carretera transístmica para exigir la libertad de Carlos Manzo -quien hoy cumple 48 horas en huelga de hambre con la misma exigencia- escucharon en la radio que el subprocurador para el Istmo, Wilfrido Almaraz, y el director de Seguridad Pública "dijeron que iban a llegar a dialogar, y que sólo si no nos quitábamos tomarían otras medidas, pero primero llegaron a gasear y a golpear, y después hablaron con nosotros".

La mayoría de las personas que por la mañana está en el campamento instalado en el parque de Unión Hidalgo son adultos, algunos ancianos. "Ahorita hay poca gente, la mayoría se va a trabajar y viene en la tarde, el parque está lleno en la tarde, todo el pueblo nos apoya porque exigimos castigo a lo asesinos y corruptos, que se investigue dónde quedó el dinero, que se castigue a los que asesinaron a nuestro compañero el 13 de febrero y a los que dieron la orden, como Armando, que ahora anda contratando como policías a matones y drogadictos en Juchitán y algunos salvadoreños que van de paso", apuntaron.

Expresan decisión, pero al mismo tiempo se dicen abatidos. "Estamos tristes por la detención de Carlos, y ayer en el plantón golpearon a muchos y se llevaron a Luis Alberto Marín López, a quien agredieron brutalmente frente al representante de derechos humanos que venía con Almaraz". Se sabe, dijeron, que no le proporcionaron atención médica, y la policía judicial le robó su cadena de oro, su cartera y su reloj, y fue trasladado al Cereso de Tehuantepec, donde llevaron también a Francisco de la Rosa, otro integrante del Consejo Ciudadano Unihidalguense, detenido ayer en Juchitán.

Los manifestantes se niegan a que se les tomen fotos en el plantón, porque "Armando Sánchez Ruiz -el desconocido presidente municipal- luego va a agregar la foto y nuestro nombre a la lista de averiguaciones que ya metieron para ampliar las listas de órdenes de aprehensión. El se siente apoyado por el gobernador José Murat".

A la pregunta de porqué no se han amparado contra las órdenes de aprehensión los que ya saben que las tienen, contestaron que "les piden 10 mil pesos de fianza y no tenemos dinero".

Temen ser aprehendidos, pero reiteran su decisión de continuar en la lucha para que se realice una auditoría a la administración de Sánchez Ruiz, se desconozca su ayuntamiento y se admita el Consejo Municipal que eligió el pueblo.