El blanquiazul hace todo lo posible para sacar el proyecto en el Senado, denuncian

PRI: presiona AN para legalizar contratos de servicios múltiples

Legisladores del tricolor amagan con bloquear el mecanismo, porque ''pretende abrir Pemex''

ANDREA BECERRIL

La fracción del PAN en el Senado de la República impulsa la aprobación de reformas a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, mediante las cuales se legalizan los llamados contratos de servicios múltiples (CSM), mecanismo que posibilita a empresas trasnacionales explotar yacimientos de gas y petróleo.

La iniciativa, que constituye un nuevo intento del gobierno foxista por privatizar Pemex, fue aprobada al vapor en la Cámara de Diputados en diciembre. La minuta está ahora en el Senado, donde los panistas Gildardo Gómez Verónica y Juan José Rodríguez Prats, presidentes de las comisiones de Gobernación y de Energía, hacen todo lo posible por sacar el proyecto a la brevedad.

Sin embargo, los priístas Manuel Bartlett, Laura Alicia Garza Galindo y Oscar Cantón Zetina advirtieron que la iniciativa no va a pasar. Subrayaron que ello muestra que el presidente Vicente Fox miente cuando asegura que Pemex no se vende.

Pedirán a Canales comparecer

El priísta David Jiménez González informó que el grupo parlamentario del PRI demandará la comparecencia del secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, para que explique sobre las declaraciones que formuló el jueves en favor de la apertura del sector energético al capital nacional y extranjero.

Bartlett reiteró que tanto la iniciativa sobre obras públicas como el pronunciamiento del titular de Economía muestran que hay una actitud ''hipócrita'' del presidente Fox, pues luego de que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos condicionara el acuerdo migratorio por la apertura de Pemex, el Ejecutivo aclaró que la paraestatal no se vende.

''Es una actitud doble, porque día a día hacen todo lo posible por permitir la participación de capital extranjero, fundamentalmente estadunidense", en el sector energético, agregó Bartlett.

Garza Galindo planteó el miércoles, durante una sesión de la Comisión Permanente, que si Fox tiene la intención de defender los recursos energéticos de las ambiciones del vecino del norte, debe retirar la iniciativa que modifica las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, pues mediante la misma se facilita a las corporaciones petroleras estadunidenses el acceso a los hidrocarburos mexicanos.

Fox envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el 26 de noviembre de 2002.

En San Lázaro, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la dictaminó en menos de 15 días, y el 13 de diciembre se aprobó sin mayor discusión y se remitió al Senado, donde se pretendía también avalarla a la brevedad. Sin embargo, varios senadores del PRI se opusieron.

En una reunión realizada el día 8, los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Energía, Gómez Verónica y Rodríguez Prats, respectivamente, presentaron un predictamen y trataron de presionar a los legisladores de los demás partidos para que votaran en favor.

Gómez Verónica comentó en esa reunión que su bancada tiene el compromiso de sacar esas reformas lo antes posible, e incluso el coordinador panista Diego Fernández de Cevallos les dijo que habrá un periodo extraordinario para aprobarlas.

En esa misma reunión, el priísta Oscar Cantón Zetina criticó el proyecto de dictamen y precisó que los argumentos se notan débiles y apresurados, porque las modificaciones sólo buscan eliminar los obstáculos para la libre contratación de obras, arrendamientos y servicios públicos, lo cual va más allá de lo comprometido por México en los tratados de libre comercio.

Cantón Zetina presentó a las comisiones dictaminadoras un escrito con sus observaciones. En el documento destaca que aun cuando en la iniciativa se asegura que las modificaciones se encaminan a simplificar los procedimientos de licitación, lo que se hace es zanjar el camino a los CSM.

Explica que al calificar las licitaciones internacionales de "diferenciadas" para aquellos países con los cuales México suscribió acuerdos comerciales, aquéllas quedan sujetas a las reglas de las naciones socias, a cuyo cumplimiento no se podrá oponer el gobierno mexicano.

Las reformas permiten que "dependencias y entidades puedan contratar servicios de terceros, para que éstos lleven a cabo procedimientos de contratación, lo que posibilita la subcontratación al infinito, en lugar de limitarla", apunta el senador priísta.

Destaca asimismo: "a nadie parece preocuparle que el Estado pierda el control en los procedimientos de contratación, que claramente tutela el artículo 134 de la Constitución".

Ese artículo dispone: ''las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen el gobierno federal, el del Distrito Federal y sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante convocatorias públicas".

Cantón Zetina advierte que de llevarse a cabo la reforma "se elimina el obstáculo legal para los CSM, lo que coincide con el propósito que ha expresado la directiva de Pemex de que con éstos celebrará una mínima cantidad de contratos anuales, en lugar de los miles que acuerda actualmente, pues sólo contratará a un proveedor y éste a su vez realizará la subcontratación que considere conveniente".