Familiares de víctimas, "desconcertados" por la tardanza

Piden a la Suprema Corte celeridad en el caso Cavallo

La extradición de presuntos etarras es inmediata, dicen

CAROLINA GOMEZ MENA

Integrantes del grupo de seguimiento del caso Cavallo se manifestaron ayer frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar a los ministros que resuelvan a la "brevedad posible" la constitucionalidad del Tratado de Extradición México-España, y reiteraron su deseo de que la Corte atraiga el caso, para evitar una nueva dilación al ser enviado a un tribunal colegiado.

Con la esperanza de que la Corte tratara el caso en la sesión de ayer, acudió al máximo tribunal Carlos Slepoy, abogado de la acusación popular en la causa que se lleva en la Audiencia Nacional de España contra los integrantes de las dictaduras militares argentina y chilena. No obstante, no fue agendado el asunto ni se sabe cuándo será abordado, aunque se estima que podría ser entre esta y la próxima semana.

Ante esto, Slepoy señaló que aunque los familiares de las víctimas de Ricardo Miguel Cavallo "valoran profundamente las decisiones que hasta ahora han tomado los jueces, les desconcierta que estén tardando tanto en resolver el caso".

En breve entrevista concedida durante la manifestación, Slepoy subrayó que la tardanza es lo que causa perplejidad, y por eso estamos aquí (en la SCJN) "para que se tome conciencia de que esto no es tema secundario, sino uno en el que está puesta la mirada de organismos internacionales de todo el mundo, y por lo tanto merece una pronta resolución".

Para los parientes de quienes fueron víctimas del ex integrante de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina, "las resoluciones judiciales se han dilatado más de lo necesario, lo cual no se justifica, ya que se trata de crímenes de lesa humanidad".

El ex militar argentino, quien se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, es requerido por el juez español Baltasar Garzón para ser juzgado por los delitos de terrorismo y homicidio, pues se le identifica como uno de los principales represores de la dictadura militar argentina.

Es responsable de 5 mil 700 homicidios en los llamados "vuelos de la muerte", señaló Osvaldo Caldú, integrante del grupo de seguimiento, quien expresó que la intención no es marcar los tiempos a la Corte, porque no es un organismo presionable, sino hacerle ver la necesidad de que resuelva lo más pronto posible, más aún cuando no hay ninguna razón legal o jurídica para evitar la extradición de Cavallo a España".

Shula Ehrenberg, otra integrante de la agrupación, dijo: "lo único que pedimos a la Corte es que se haga eco del sentimiento de los familiares de las víctimas de Cavallo". Consideró que mientras más tiempo transcurre se ve más lejana la esperanza de que se castigue a quien también fuera conocido como Sérpico durante sus días en la ESMA.

Aunque reconoció que el sector castrense argentino ha presionado en los procesos judiciales que se han abierto -dentro y fuera de Argentina- a los militares involucrados en los crímenes de la dictadura, Slepoy descartó que en México el caso Cavallo se haya contaminado. "Eso no ha tenido ningún efecto aquí; los jueces han adoptado sus decisiones con total independencia", aseguró.

Para Caldú resulta inquietante que cuando se trata de extraditar vascos, presuntamente ligados a ETA, las cosas se dan con total celeridad. "Llama mucho la atención que cuando se tiene que deportar a vascos las resoluciones son expeditas, en cambio este caso se ha ido entorpeciendo".

El abogado, quien es presidente de la Asociación Argentina de Derechos Humanos en Madrid, también remarcó que por la "relevancia del caso, este tema merece la jerarquía de una resolución del máximo órgano judicial mexicano", y sostuvo que de ser un tribunal colegiado el que resuelva los temas de legalidad (el amparo interpuesto por Cavallo), la extradición podría tardar más de un año. "Quisiéramos que de pasar a un tribunal colegiado se tardara cuando mucho dos o cuatro meses, pero eso no está ocurriendo, cada instancia por la que atraviesa, implica al menos un año de demora".