El gobierno emitirá nueva ley para mejorar el control

Retuvieron en GB miles de cerebros para investigación sin permiso de los deudos

JEREMY LAURANCE THE INDEPENDENT

Londres. La viuda de un hombre afectado de sus facultades mentales que se suicidó, y a quien le extirparon el cerebro sin consentimiento de ella, describió el lunes pasado su batalla de tres años para descubrir la verdad, en momentos en que se reveló que desde la década de 1960 se han tomado decenas de miles de cerebros para investigación y enseñanza sin conocimiento de los deudos de los difuntos.

Ese día, el gobierno británico anunció una nueva ley para fortalecer los controles relativos a la toma de órganos de cadáveres. Al darse a conocer un reporte sobre el caso de Cyril Isaacs, su esposa, Elaine, lanzó una serie de críticas al sistema médico que tomó para investigación el cerebro de su esposo sin considerar los deseos de ella ni sus creencias judías.

"Estoy muy enojada de estar aquí hoy", expresó. "He tenido que luchar duramente para que esta situación se reconociera. Nos han despojado de nuestros derechos, a mí, a mi marido y al parecer a miles de personas más."

El reporte sobre el caso Isaacs, preparado por Jeremy Metters, inspector de anatomía de la reina, descubrió que de 30 mil cerebros que permanecían almacenados más de 20 mil se habían retenido sin consentimiento.

La investigación se inició a raíz de que la señora Isaacs descubrió por accidente, en abril de 2000, 13 años después del suicidio de Cyril, que su cerebro había sido retenido por la Universidad de Manchester. Se había establecido un sistema para proporcionar cerebros de las morgues a un programa de investigación conducido por el profesor Bill Deakin y los doctores Alan Cross y Paul Slater.

Se afirma que Bryan North, abogado y magistrado del norte de Manchester, ayudaba a dar aviso a los médicos cuando había un cerebro disponible, y ellos lo mandaban recoger. Al encargado de la morgue en el Hospital General del Norte de Manchester le daban una propina de 10 libras esterlinas por cerebro.

Entre 1985 y 1997 se recabaron 311 cerebros para el programa, de los cuales 225 provinieron de los casos que llevaba North, entre ellos el del señor Isaacs. El doctor Metters señaló que, conforme a la Ley de Tejidos Humanos de 1961, los magistrados pueden ordenar autopsias para determinar la causa de la muerte, pero deben obtener el permiso de los deudos para retener órganos.

"No se informaba a los deudos ni se les pedía consentimiento", indicó. North declaró a los investigadores que no estaba al tanto de este sistema, a lo cual Metters comentó: "me parece difícil de creer". Añadió que se interrogaría al profesor Deakin sobre la forma en que se organizó ese proyecto de investigación científica. Al preguntársele si podrían ejercerse acciones penales a resultas de la pesquisa, respondió que la Ley de Tejidos Humanos no fija sanciones y que el patólogo que retiró los cerebros, así como los empleados de funerarias que identificaron los cadáveres, creían que se había obtenido aprobación ética. "Les creo", expresó.

Otros casos que salieron a la luz en la pesquisa revelaron que también en otros lugares se habían tomado cerebros sin consentimiento. En total, 14 de 17 centros que almacenaban cerebros los habían utilizado en investigaciones sin que fuera "de rutina" pedir el consentimiento de los deudos. El doctor Metters añadió que durante muchos años se habían hecho pagos para obtener cerebros con esa finalidad.

Una vocera de la Universidad de Manchester afirmó que la institución lamentaba mucho los sucesos, los cuales, dijo, "ocurrieron hace tiempo, en un clima del todo diferente, con prácticas y normas diferentes". Añadió que "se han adoptado acciones apropiadas respecto de dos individuos mencionados".

El reporte del caso Isaacs formula 32 recomendaciones. Sir Liam Donaldson, funcionario médico en jefe del gobierno británico, expresó sus disculpas a la familia Isaacs y se comprometió a que las prácticas descritas en el informe "pertenezcan al pasado". David Lammy, ministro de Salud, declaró a la Cámara de los Comunes que la ley sobre órganos y tejidos humanos es "obsoleta e inadecuada", y que se presentará una nueva iniciativa "cuando el tiempo parlamentario lo permita".

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Traducción: Jorge Anaya