El panorama prevaleciente en las cárceles del país, según datos del Diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario mexicano, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es alarmante. A las deplorables condiciones en las que se encuentran recluidos los internos -hacinamiento, sobrepoblación, segregación, servicios médicos insuficientes y deficiente alimentación, entre otros graves problemas- ha de agregarse la corrupción generalizada que prevalece en los penales de toda la República.

Como señaló a este diario el tercer visitador de la CNDH, José Antonio Bernal Guerrero, hay "descomposición general" en el sistema penitenciario y "no existen esfuerzos conjuntos -de la Federación, los estados y los municipios- para resolver el problema de las cárceles a corto plazo". La cadena de lacras generadas por la corrupción de numerosos funcionarios públicos adscritos a las instituciones penitenciarias es larga y ominosa: "autogobiernos" de reos coludidos con custodios que organizan dentro de los penales el tráfico de drogas y bebidas alcohólicas, la prostitución y la distribución de privilegios; violaciones continuas de los derechos humanos de internos y sus familiares a manos tanto de autoridades como de presos; presencia de menores en las cárceles sin la menor protección y muchas veces mantenidos en condiciones infrahumanas, son sólo algunas de las irregularidades que día a día ocurren en las prisiones del país.

A este perturbador panorama hay que añadir la intolerable permisividad e incluso complicidad de diversas autoridades. Los incontrolados mercados de droga y prostitución que existen en los penales tienen origen en gran medida en las redes de complicidad, corrupción y poder que se entretejen entre funcionarios y reos, circunstancia que es aún más peligrosa por el hecho de que estas manifestaciones delictivas no han sido enfrentadas decididamente por los gobiernos, desde el ámbito municipal hasta el federal. En la última década la CNDH ha emitido 387 recomendaciones relacionadas con estos hechos, pero muy pocas han sido acatadas por las sucesivas administraciones de los diferentes niveles de gobierno.

Según denuncia Bernal Guerrero, se han dado casos de simular el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH con el objetivo de engañar y distraer la atención oficial y son numerosas las ocasiones en las que, aun corregidos los problemas denunciados, al poco tiempo se producen reincidencias en las irregularidades. Ante este alarmante panorama cabe preguntarse por qué las autoridades del país no han emprendido acciones suficientes para solucionar los problemas que se presentan en el sistema penitenciario nacional y por qué se toleran las prácticas cotidianas de corrupción entre funcionarios, custodios y reos que generan los amplios márgenes de maniobra de los que gozan los grupos delictivos dentro de los penales, al grado de que en numerosos casos estas redes de complicidad operan como los auténticos gobernantes de las prisiones.

¿Es qué ha de esperarse hasta que se susciten fenómenos de violencia masiva para que se actúe contra las mafias y sus cómplices? ¿Hasta cuándo seguirán tolerándose las continuas violaciones a los derechos humanos que se cometen en las cárceles? Que los centros donde se hacen cumplir las sanciones de ley y, en teoría, se alienta la readaptación de quienes la violan, sean focos de crimen y desintegración social, dice mucho de la inoperancia y la insuficiencia del sistema jurídico mexicano y de la debacle ocasionada por la profunda corrupción de numerosas autoridades. Por ello es urgente poner en práctica de una política amplia y contundente -que abarque los estratos municipal, estatal y federal- para desmantelar las redes de corrupción penitenciaria y suscribir un compromiso firme por todas las autoridades nacionales para corregir las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran miles de reos. El acatamiento inmediato y a fondo de las recomendaciones de la CNDH es el primer paso necesario para corregir este grave problema.