Todo el sistema penitenciario está descompuesto, afirma visitador de la CNDH

No hay mejoras en cárceles; autoridades simulan que cumplen recomendaciones

Las peores condiciones, en penales de Baja California, Chiapas, Oaxaca y Sonora

VICTOR BALLINAS

En el sistema penitenciario nacional "hay una descomposición general. Existen muchos funcionarios implicados en corrupción y no existen esfuerzos conjuntos -Federación, estados y municipios- para resolver a corto plazo el problema de las cárceles", sostiene el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal Guerrero.

En entrevista con La Jornada, abunda: "en los penales existe una fuerte recolección de dinero de grupos de internos denominados autogobiernos. Estos extorsionan a los reclusos y a sus familiares. Les venden supuesta protección para que no sean molestados o para tener privilegios".

Bernal Guerrero, quien elaboró el diagnóstico de la situación de los penales en el país en 2003, subraya: "esto existe porque hay corrupción. Las autoridades están coludidas y mientras sigan obteniendo esos beneficios es evidente que no estarán interesadas en acabar con el problema, en poner orden".

Por ello, destaca, "si realmente se quiere acabar con este tipo de conductas en las cárceles -funcionarios corruptos- se deben tomar decisiones en niveles superiores de gobierno en los estados: secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y direcciones de previsión, pues de lo contrario persistirán el tráfico de drogas, la venta de bebidas alcohólicas, los autogobiernos y el comercio sexual en las prisiones mexicanas".

En reclusorios de nueve estados, el mayor grado de descomposición

Los estados en los que las cárceles presentan mayor grado de descomposición y peores condiciones penitenciarias son: Baja California, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco -la de Villahermosa- y Guerrero.

Los que tienen los problemas más severos de corrupción y autogobierno son: Tamaulipas, zona conurbada del estado de México y Distrito Federal, pero "esta situación no es exclusiva de estas entidades. Es muy generalizada en todo el país, pero en estos casos es más grave", apunta el visitador.

Para resolver los problemas se requiere presupuesto. Es necesario para acciones de salud, mejorar la alimentación y contratar más personal de seguridad, pero "hay otras cosas que no requieren presupuesto, sino voluntad. Eso se requiere para acabar con autogobiernos, privilegios, golpes a los internos y venta de drogas y bebidas alcohólicas".

El funcionario de la CNDH adelanta que este año se empezó un censo para conocer cuántos niños se encuentran en las cárceles acompañando a sus madres. Unos porque han nacido ahí y otros porque las reclusas que cometieron algún delito no tenían con quien dejarlos. Dicho censo se concluirá en 2004, una vez que se terminen las visitas a las penitenciarías de todo el país.

Pero además de esos niños, explica Bernal Guerrero, en algunos estados hay penales en los que se encuentra toda la familia acompañando al padre preso. "Esto es totalmente irregular, pero existe aún en Oaxaca y en algún otro estado. En Tijuana, Baja California, se tenía este problema en el Pueblito, pero ya se resolvió. Las madres y los hijos de los internos fueron sacados de la prisión."

En los penales del país hay violaciones a los derechos humanos y éstas existen debido a que las autoridades de los reclusorios están coludidas con los grupos de poder de los penales. "Hemos observado ahí conductas omisas o permisivas."

Los internos "se han quejado, hay denuncias de que han sido golpeados. Incluso han tenido que ser hospitalizados. ¿Cómo puede ocurrir esto? Estos casos suceden por conductas omisas".

Durante los recorridos efectuados por los visitadores de la CNDH, dice el funcionario, "muchos internos se quejan de haber sido maltratados. En ocasiones son golpizas graves a cargo de los propios internos o custodios. Pero esto tiene que ver con los grupos de poder y las conductas omisivas de las autoridades, pues las permiten".

-Hay 387 recomendaciones. ¿Percibe cambios?

-No los hay. ¿Qué pasa? Debido a corrupción, negligencia, complicidades e intereses de las autoridades hay simulaciones. Existen muchas recomendaciones que en los registros de la CNDH aparecen como cumplidas, pero se refieren a casos concretos y no abarcan la situación general del penal. Incluso hay casos en los que se corrigió la situación denunciada por este órgano nacional de defensa de los derechos humanos, pero reinciden en las irregularidades.

"Hay casos en los que se simula el cumplimiento y no se corrige nada. Existen otros en los que de plano no se hizo nada de lo que la CNDH recomendó."

-Continúan las denuncias por revisiones indignas, pero hay una recomendación sobre el tema. ¿Qué hace la CNDH?

-En los penales federales, en los que se da con mayor frecuencia esta situación, ya se adquirieron los equipos de detección de sustancias prohibidas -drogas- y de todos modos continúan las revisiones indignas a los familiares de los presos, con lo cual se demuestra que no ha sido suficiente la adquisición de éstos. Las quejas persisten.

-¿Se requiere otra recomendación?

-No, se atiende caso por caso, se investiga y se propone conciliación a la autoridad para corregirla e investigar las responsabilidades administrativas y penales, pero no sería prudente otra recomendación.

-¿Qué proponen para acabar con los autogobiernos?

-Por principio de cuentas la estructura arquitectónica de los penales debe ser de separación entre procesados y sentenciados. La población penitenciaria no puede estar junta, aunque se habla de que hay separación en los dormitorios. La verdad es que todos los días conviven en los patios. Se debe pensar en un diseño arquitectónico adecuado, para que exista una real separación. Sólo hay dos ejemplos de esfuerzos de la autoridad por mejorar las condiciones de reclusión: en Aguascalientes y en Nuevo León.

-¿Cómo terminar con la complicidad de funcionarios?

-Se deben tomar decisiones en un nivel alto de gobierno. En la Secretaría General de Gobierno de los estados, en la Secretaría de Seguridad Pública y en las direcciones de previsión. Dejar que lo haga la propia dirección del penal no tiene caso. No lo va a hacer, por sus intereses.

Las autoridades coludidas, añade el funcionario, no tienen interés por solucionar el problema. "¿Quién introduce las drogas a la cárcel? Pues el personal de seguridad y los custodios. Y cuando lo hace algún familiar de un preso es porque hay complicidad de los guardias."