Contra la represión a trabajadores en Argentina

Señora directora: La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) une su voz a las expresiones de condena a la brutal represión que el gobierno argentino ha desplegado en contra de los trabajadores, cuyo único delito es querer conservar sus empleos y mantener activo el aparato productivo de su país.

Por medio de nuestro contacto permanente con agrupaciones de abogados laboralistas de Argentina conocemos que la actual represión policiaca no es sino la consecuencia de una política gubernamental de índole neoliberal, totalmente servil ante los mandatos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se inició con una contrarreforma a la Ley del Trabajo (muy similar a la que en nuestro país contiene el proyecto Abascal), que llegó a su culminación con el virtual decomiso de los ahorros del pueblo argentino y el cierre masivo de las fuentes de empleo, y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de aquel pueblo hermano.

Llamamos, por tanto, a construir un gran movimiento de solidaridad con el pueblo trabajador argentino y a su derecho a un trabajo digno y a un proyecto de país al servicio de las mayorías.

Por ANAD, Ernestina Godoy Ramos (presidenta), José Luis Romero, María Luisa Campos, Oscar Alzaga, Marina Téllez, Bertha Galeana, Edith Ramírez, Alfonso de Jesús Rodríguez, Efrén Rodríguez, Francisco Ramírez, Claudia Luengas, Julio Ortiz y 50 firmas más

Señora directora: El jueves primero de mayo, después de asistir a la conmemoración del Día del Trabajo, los compañeros Rosa Linda Hidalgo Ledezma, estudiante de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH); Milton Gabriel Hernández García, estudiante de etnología en la ENAH e historia en la UNAM; Arturo Juárez Jurado, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y Gerardo Juárez Jurado, estudiante de teatro, se dirigieron a convivir en un restaurante del Centro Histórico. Al retirarse del lugar e intentar abordar un taxi, éste se arrancó sin razón alguna, llevándose a Gerardo. Al no encontrarlo y preocupados por la posibilidad de que pudiera ser secuestrado, golpeado o desaparecido se dirigieron a levantar una denuncia contra quien resultara responsable.

Sin embargo, las autoridades en turno del Ministerio Público (MP), actuando de manera negligente, hicieron caso omiso; ante la desesperación de no ser atendidos y en pleno uso de sus derechos, exigieron enérgicamente que se les atendiera. Acto seguido y con lujo de violencia, Arturo, Gabriel y Rosa fueron sometidos por más de 20 miembros de la policía capitalina por orden del MP, dejándolos con severos daños, los cuales constan en los certificados médicos correspondientes. Inmediatamente fueron remitidos a la cuarta agencia del MP de la delegación Benito Juárez, y bajo los cargos de lesiones, daños en propiedad ajena, robo y pandillerismo se les trasladó al Reclusorio Norte el sábado 3 de mayo por la noche.

Por lo anterior, los familiares y compañeros hacemos las siguientes denuncias:

Al no ser atendidos al momento de intentar levantar el acta por secuestro, el MP actuó con negligencia. Por la forma en que fueron golpeados hay una clara violación a sus derechos humanos. Al no tener sustento los delitos por los que son acusados, el MP está falseando su declaración (lo cual es un delito). Por la forma en la que actuó, el MP comete un grave abuso de autoridad.

Ante esta situación exigimos:

Que el MP se desista de los cargos. Que sean puestos inmediatamente en libertad. Que se deslinden responsabilidades a los funcionarios implicados.

Los compañeros son estudiantes y además han participado activamente en proyectos de comunidad y en general en la lucha social; nos parece indignante el trato de delincuentes que se les quiere dar.

¿Es esta la forma de acabar con la delincuencia en la ciudad, encerrando estudiantes mientras los verdaderos delincuentes andan sueltos?

Aldo Aguirre Carreón, Arlén Serna. Familia Hidalgo Ledezma, familia Hernández García, familia Juárez Jurado, Hugo Espinal, Miguel A. Molina, Gerardo de la Cruz, Carlos Aguilar, Carmen Jiménez, Armando Jiménez, Adrián Santillán y Ericka de los Santos

Señora directora: En relación con la nota "Cambio de aseguradora afecta a los miembros del SNI", firmada por el periodista Roberto Garduño, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

En consulta con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados no se encontró queja alguna en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). De las seis personas "denunciantes", cuatro de ellas nunca han sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los otros dos renunciaron desde hace varios meses al programa de seguros, dado que esta es una decisión voluntaria. En cuanto al cambio de compañía aseguradora, éste se realizó conforme a la normatividad vigente y mediante concurso abierto, en el que participaron cinco aseguradoras, asignándosele el contrato a la empresa Seguros Monterrey New York Life, dado que ofreció nuevas y mejores condiciones de atención médica en el país y en el extranjero, como la inclusión de personas cuya edad rebase los 65 años, por ejemplo. Como consecuencia de ello, sí hubo un aumento de 16 por ciento en las primas pagadas por concepto de seguro de gastos médicos mayores, cuya suma asegurada aumentó también a 2 millones de pesos, pero la cantidad pagada por seguro de vida disminuyó, en promedio, casi 10 por ciento. Por otra parte, este cambio de aseguradora les fue notificado oportunamente a los miembros del SNI el pasado primero de abril, otorgándoseles un plazo de 30 días para decidir si continuaban con el servicio o no. En cuanto al ejemplo referido en la nota, para un promedio de cuatro integrantes por familia, un investigador pagaba hasta el pasado mes de abril mil 558 pesos, y a partir del primero de mayo pagará mil 710, con una diferencia mensual de 152 pesos, que representa un incremento de 9.7 por ciento, y no de 100 por ciento como se afirma de manera falsa. Es también absurdo que se infiera una cantidad cercana a los 50 millones de pesos que cobraría la nueva compañía aseguradora a los miembros del SNI, ya que no todos se inscriben en este programa, además de que los montos a pagar varían en cada caso. Pero aún más indignante es que intenten responsabilizar "de una sospechosa acción" al director general de este consejo, cuando lo que se ha buscado es mejorar las condiciones de atención médica a los asegurados. Finalmente, le solicito publicar estas aclaraciones, en virtud de que los supuestos denunciantes han tratado de sorprender al prestigiado medio de comunicación que usted dirige y a otros más, con la intención de perjudicar con información falsa y dolosa el prestigio del consejo. Pongo a su disposición toda la información relativa a este asunto.

Miguel Angel García García, director de Comunicación Social del Conacyt

Señora directora: La denuncia de seis investigadores contra el Conacyt y su director se obtuvo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, y los cálculos en torno al incremento de las primas mensuales los elaboraron los denunciantes. Este diario cuenta con una copia, y por supuesto se pone a disposición del titular del Conacyt y de su jefe de prensa. La pregunta es la siguiente: ¿a cuántos investigadores atiende Seguros Monterrey? Y por añadidura, ¿cuánto dinero de más se le está pagando a esa empresa?

Roberto Garduño, reportero

Exposición fotográfica

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el grupo Lago Mayor invitan a la inauguración de la exposición fotográfica Los pueblos indígenas, una revisión, el domingo 11 de mayo a las 11 horas en la explanada de la glorieta del Metro Insurgentes. Participan: Frida Hartz, Angeles Torrejón, monseñor Samuel Ruiz. Amenizando estará la banda de Tlayacapan. La exposición estará temporalmente en las estaciones Candelaria, Zaragoza y Auditorio del Metro.
 
 

El Correo Ilustrado