Acusan al gobierno estatal de favorecer a "talamontes"

Comuneros de Oaxaca reclaman recursos por explotación forestal

ROSA ROJAS

El Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (CIPO) de Oaxaca solicitó al Tribunal Superior Agrario (TSA) su intervención para que la comunidad indígena de San Miguel Aloapam reconozca los derechos agrarios de 304 comuneros de San Isidro Aloapam -que es anexo de la primera- y les restituya la participación de utilidades obtenidas por la explotación forestal desde 1995 a la fecha que, "en forma arbitraria", dejaron de pagarles, conflicto que ha ocasionado violaciones a sus derechos humanos como "secuestros, lesiones, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y múltiples acusaciones", incluyendo, el pasado 11 de agosto, golpes a 38 mujeres, dos de las cuales estaban embarazadas "y por los golpes perdieron a sus hijos".

En un documento enviado al TSA, el CIPO detalla que San Isidro Aloapam está poblado por mil 300 indígenas zapotecas poseedores ancestrales de esas tierras, formadas por ricos bosques que han cuidado y defendido siempre frente a los "talamontes de San Miguel Aloapam, disfrazados de unidad de aprovechamiento forestal", los cuales han presentado demandas contra los comuneros de San Isidro que sí prosperan en los tribunales oaxaqueños y en cambio la denuncia por los hechos del 11 de agosto no ha sido investigada, de lo cual responsabilizan al gobierno del estado, al procurador estatal de justicia, diputados locales y federales y a autoridades federales como la Procuraduría General de la República y las secretarías de la Reforma Agraria y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El documento menciona que el 7 de julio de 2000 fueron sentenciados 25 comuneros y detenidos 7 más que en su momento fungieron como autoridades de la comunidad y permanecieron recluidos más de 6 meses "por el único delito de proteger el bosque". Además, existen 6 indagatorias contra autoridades y 14 comuneros de San Isidro Aloapam motivadas por falsas acusaciones ante la Procuraduría de Justicia del Estado, así como ante la PGR y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acusando a los comuneros de San Isidro Aloapam de delitos como cambio de uso de suelo, abuso de autoridad, daño en propiedad ajena, perjuicios a la compañía maderera, entre otros.

La organización explica al TSA que el problema se originó por un error de las autoridades agrarias, ya que San Miguel Aloapam, de manera conjunta con la comunidad de San Isidro Aloapam, municipio de San Miguel Aloapam, Ixtlán, Oaxaca, solicitaron desde 1941 el reconocimiento y titulación de bienes comunales por más de 13 mil 518 hectáreas. La resolución salió en 1981, pero en septiembre de 1982, cuando se ejecutó, los integrantes de la comunidad de San Isidro notaron que en la misma únicamente aparecían reconocidos 387 comuneros de San Miguel y por el contrario se dejaba de reconocer a los 141 de San Isidro Aloapam.

Existe el acta de asamblea general extraordinaria levantada en la comunidad de San Miguel Aloapam, con fecha 28 de agosto de 1982, con motivo del inicio de los trabajos de ejecución de la resolución presidencial, en la cual se plasma la inconformidad por la omisión en el contenido de la misma de los nombres de los permisionarios de San Isidro Aloapam, por lo que la asamblea general de comuneros de San Miguel Aloapam manifestó "que ninguno de sus integrantes tenía ningún inconveniente en reconocer como comuneros a los de San Isidro Aloapam". Incluso en el primer Comisariado de Bienes Comunales, electo el 28 de agosto de 1982, quedó como presidente del Consejo de Vigilancia Mario A. Santiago Cruz, vecino de la comunidad de San Isidro Aloapam.

Agrega el CIPO que desde 1974, año en que se agudiza el problema, la comunidad de San Miguel Aloapam determinó privar a San Isidro Aloapam de 30 por ciento del aprovechamiento forestal que le correspondía, circunstancia que obligó a San Isidro a recurrir a la entonces delegación agraria para denunciar tal abuso, la cual, por considerar justa la petición, mediante la firma de un convenio con fecha 11 de julio del mismo año, obligó a San Miguel Aloapam a darles 25 por ciento del aprovechamiento forestal. Sin embargo, desde 1995 a la fecha "se privó arbitrariamente de 25 por ciento del aprovechamiento forestal que legítimamente corresponde a San Isidro Aloapam".

Con fecha 1 de marzo de 2000, se presentó la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXI de la ciudad de Oaxaca, para la restitución de las tierras, dando origen al expediente NƆ 218/2000. Con fecha 15 de junio de 2000 se amplió la demanda, solicitando el reconocimiento de derechos agrarios y el pago proporcional de las anualidades por el aprovechamiento forestal desde 1995.

El 10 de abril de 2003, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 21 de la ciudad de Oaxaca, dictó sentencia en el sentido de reconocer como comuneros únicamente a 108 de los 412 que lo solicitaron, y se les negó el pago de las prestaciones que dejaron de percibir de 1995 a la fecha.

Ante esos hechos el CIPO solicita al Tribunal Superior Agrario "subsane los agravios que causa la sentencia del Tribunal Unitario Agrario" en el sentido de que debe reconocer a los 304 comuneros restantes de San Isidro Aloapam que "por un criterio infundado, el TUA no reconoció" y que San Miguel Aloapam debe cubrir las participaciones de utilidades de la explotación forestal que dejaron de percibir los comuneros de San Isidro Aloapam de 1995 a la fecha.