Orlando Delgado

Los banqueros y las leyes

La privatización de los bancos en 1991-92 se dio inmediatamente después de haber concluido una intensa modificación al marco legal que regulaba su funcionamiento. De un régimen en el que había encaje legal, determinación gubernamental de las tasas activas y pasivas y del destino del crédito, se pasó a una situación en la que los banqueros deciden si prestan los recursos de los ahorradores o si los usan para comprar papeles en el mercado y ganar por su venta, y deciden también cuánto cobran por sus servicios. Esta libertad es supuestamente controlada por la competencia, de modo que si un banco cobra más que los otros, debiera perder clientes.

La ortodoxia vigente indica que el mercado mismo lograría que los ahorradores cobren más por sus depósitos, que los que tienen créditos pagaran menos, que se cobraran las menores comisiones, pero ello no ocurre ni ha ocurrido.

La importante caída en las tasas primarias ocurrida en los últimos meses, por ejemplo, no está asociada a una intensa competencia, sino a un entorno macroeconómico en el que la apreciación del tipo de cambio y la reducción del ritmo de crecimiento de los precios lo permitieron.

El retiro del otorgamiento del crédito, por su parte, presente desde la crisis de 1993-1994, es perfectamente posible en el marco legal vigente, que permite que cuando los banqueros quieren expanden el crédito desproporcionadamente, y cuando quieren lo contrario se contrae.

La situación actual en el sistema bancario está alterada. La reducción de las tasas primarias ha contraído fuertemente el margen financiero, ya que la distancia entre las tasas pasivas y las activas se ha reducido, aunque se mantiene una brecha significativa. Además, con tasas cercanas a 7-8 por ciento en los Cetes, los rendimientos por operaciones de intermediación en la compraventa de papeles se han cerrado, provocando que una fuente fundamental de ingresos de los bancos sean las comisiones. Así, con información a septiembre de 2002, las comisiones netas de la banca constituyen 28.8 por ciento de los ingresos netos totales; si las comisiones y tarifas cobradas se comparan con el margen financiero, la proporción es de 49 por ciento.

El caso más significativo es el de la comisión cobrada por cheque devuelto, que en la banca mexicana es de 800 pesos, mientras el pago promedio en los bancos de Estados Unidos es de 25 dólares, es decir 258 pesos. En dos años los bancos incrementaron sus comisiones 18 por ciento y los usuarios pagamos sin tener un conocimiento adecuado de estos incrementos. En este mismo periodo, los salarios mínimos apenas crecieron 8 por ciento, y se ha desatado una intensa campaña del banco central para convencer a los empresarios de que incrementen los salarios exactamente en la misma proporción que se ha establecido como meta inflacionaria: 3 por ciento.

Las comisiones de los bancos, en cambio, que afectan a buena parte de la población económicamente activa, pueden aumentar diez puntos porcentuales en términos reales y el banco central no se inmuta. El caso de los salarios no está expresamente considerado en sus funciones, en tanto que en la legislación vigente se conserva la facultad del banco central sobre las tasas de interés, las comisiones y todo lo que los bancos cobran a sus clientes. En el primer caso, en todas sus presentaciones los funcionarios del Banco de México se manifiestan contra los aumentos salariales, pero en relación con los ingresos de los bancos no dicen una palabra.

Por ello se ha planteado la posibilidad de presentar una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para controlar los abusos en las comisiones bancarias. La simple propuesta ha desatado respuestas encendidas de banqueros y de analistas financieros, que advierten contra las intromisiones administrativas a la libertad de los bancos para fijar sus precios. Su argumento es el de siempre: la única posibilidad de que se reduzcan los precios se dará por la mayor competencia. Con la baja de la tasa de Cetes a 5.82 por ciento, se generarán presiones en los resultados de los bancos, ya que necesariamente se contraerá el margen de intermediación financiera.

La probable respuesta de los bancos será incrementar sus precios. Poco importarán los impactos sobre la inflación. Si ocurriese lo mismo en los salarios, de inmediato el banco central inundaría los medios para alertarnos sobre los riesgos. La utilización de dos raseros es obvia. Por ello sería útil una vigilancia del Legislativo.

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