Martí Batres Guadarrama

La LVIII Legislatura

Con la terminación del último periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura concluyeron formalmente los trabajos legislativos de la misma. El obligado balance concita opiniones muy encontradas. En alguna esfera del poder económico se tiene la idea de que la Legislatura no hizo "las reformas estructurales que necesitaba el país", refiriéndose con esta expresión a la privatización de la industria eléctrica, la apertura al 100 por ciento de las telecomunicaciones, el establecimiento de nuevos impuestos al consumo y el alargamiento de la jornada laboral. Algún medio ha cabeceado su nota principal con la afirmación "el Congreso no pudo con las reformas estructurales".

Este tipo de percepción se convirtió en un discurso institucional, se asoció a las llamadas reformas estructurales con el cambio y con las necesidades del país. Sin embargo, Ƒde dónde salió esta agenda? ƑA qué necesidades responde? ƑEs cierto que eso era lo que el país necesitaba? ƑHizo bien el Congreso en construir otra agenda legislativa?

Al revisar las agendas de los partidos que contendieron en las elecciones de 2000 no aparecen como espacio del consenso estas propuestas. Antes bien, las plataformas electorales legislativas, por ejemplo, del PRD y del PRI, son muy contundentes en el rechazo a la privatización de la electricidad. En el caso de la reforma fiscal, todos los partidos mencionan su necesidad, pero ninguno coloca en el centro los impuestos al consumo, sino el problema de la evasión. El tema de las telecomunicaciones no está en las prioridades temáticas de los partidos; en cuanto a la reforma laboral aparece en la plataforma del PAN un planteamiento que no es exactamente la llamada ley Abascal, y en el caso del PRD el núcleo de su propuesta de reforma laboral está en la democracia y la libertad sindicales.

La llamada agenda de las reformas estructurales no está entonces en el centro de las plataformas que fueron sometidas a la prueba de las urnas en 2000. Por lo tanto, no puede decirse que esas eran las reformas que los legisladores debieron haber aprobado. En varios casos, la conclusión debe ser exactamente la contraria: los legisladores de varios partidos estaban obligados por la naturaleza de su plataforma partidista y por mando ciudadano a votar en contra de ese tipo de planteamientos.

Dicha agenda, la de las llamadas reformas estructurales, tiene otro origen. Se encuentra, por ejemplo, en un documento que el Banco Mundial entregó al gobierno mexicano en la segunda parte de 2000. En ese documento se detallan las condiciones en las que esa institución ve las telecomunicaciones, la industria eléctrica, la productividad laboral y las finanzas públicas de México, entre otros temas, y plantea soluciones que son, precisamente, las reformas estructurales mencionadas arriba.

La LVIII Legislatura no se orientó por la guía del Banco Mundial. En los hechos, descartó continuar el proceso de las privatizaciones. Construyó su propia agenda sobre la base de los consensos entre los grupos parlamentarios, los reclamos sociales y las propuestas emanadas de las plataformas partidistas. Una larga lista de asuntos sociales conforman la gran mayoría de las decisiones tomadas.

Ciertamente, en algunos casos, el lineamiento de las resoluciones de esta Legislatura fue claramente neoliberal, como en la reforma para bursatilizar una parte de los ahorros de los trabajadores; o muy antipopular como en la resolución para facilitar el encarcelamiento de los deudores de la banca, o francamente retrógrado como en el asunto de la reforma indígena. También es cierto que hacia su interior se impidió, por ejemplo, que un legislador del PRD contestara el Informe presidencial.

Lo más criticable de esta Legislatura se encuentra, sin embargo, en la ausencia de las reformas democráticas para darle un nuevo basamento normativo a los avances de nuestra transición inconclusa. No se cambió el formato del Informe presidencial; no se incorporaron a la Constitución las figuras de referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana; no se otorgó al Poder Judicial presupuesto fijo y facultad de iniciativa; no se consumó la reforma del Distrito Federal para otorgarle plena autonomía, entre muchas otras.

Sin embargo, es justo reconocer que a diferencia de las legislaturas inscritas en los sexenios de Salinas y Zedillo, esta fue una Legislatura con una amplia vocación social. Esta Legislatura no es la que aprobó privatizaciones en masa, no es la que ratificó un desventajoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no es la que avaló el Fobaproa, no es la que elevó el IVA del 10 al 15 por ciento.

Esta Legislatura decidió en los hechos no aprobar los impuestos a los alimentos, las medicinas, los libros, las colegiaturas, las prestaciones sociales y las pensiones. Con ello contribuyó directamente a evitar nuevos sacrificios sociales de los mexicanos, y evitó al gobierno un conflicto social de incalculables consecuencias. Esta Legislatura fue congruente con la declaración inicial de la mayoría de sus grupos parlamentarios en el sentido de no aprobar una sola privatización más. Esta Legislatura es también la que abrió la tribuna a los indígenas zapatistas, la que reformó la Ley de Educación para destinar 8 por ciento del PIB a esa materia, la que reconoció en las leyes derechos de autores y creadores, comunidades discriminadas, organizaciones civiles, mujeres, ancianos, sordos, discapacitados y diversos sectores de la sociedad mexicana.