Se desconoce el destino de 62 mil armas decomisadas en la frontera norte

Los fabricantes influyen en legisladores para permitir la pistolización: académicos

Es una falacia que la inseguridad disminuya con una sociedad armada, dice experto

JOSE GALAN

La intención de algunos diputados federales de permitir la posesión legal de armas a los ciudadanos constituye "un salto al vacío" sin sustento jurídico, porque la violencia no se puede combatir con más violencia, coincidieron académicos y expertos en el tema, quienes advirtieron que tras la iniciativa se esconde un negocio impulsado por los fabricantes de armas, sin tomar en cuenta el grave problema de la pistolización en los centros urbanos de México.

No hay cifras confiables sobre la cantidad de armas decomisadas, su número ni su destino, lo que hace suponer que tarde o temprano regresan al mercado negro, porque los principales involucrados en este negocio ilícito son en primer lugar las corporaciones policiacas y de seguridad; en segundo lugar los comerciantes de armas y, en tercer lugar, el crimen organizado.

Ernesto López Portillo, director general de la asociación civil Instituto para la Seguridad y la Democracia y asesor de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, aseguró que la posibilidad de adquirir armas por la vía legal no resuelve el problema de la seguridad sino que incrementa el riesgo de violencia, y puso como ejemplo la situación en Estados Unidos, en donde la facilidad de acceso de la sociedad a las armas está en función directa con el incremento de los índices de violencia.

Para René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la propuesta de permitir a los ciudadanos poseer dentro de sus casas hasta dos armas 9 milímetros "no es más que un negocio", y alertó contra la posibilidad de incremento en los índices de violencia, porque, sostuvo, "habiendo armas en los hogares cualquier mínima discusión puede degenerar en gran violencia y hechos de sangre".

Por lo pronto, la introducción ilegal de armas de fuego al país, hasta ahora sin ningún control por parte de los cuerpos de seguridad militares y civiles, continúa procedente de Estados Unidos, donde existen más de 18 mil establecimientos que comercializan armas a lo largo de la frontera, y cuya importación legal y sobre todo ilegal incide en el incremento de las actividades delictivas en todo el país, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República.

En la frontera norte se decomisaron, de 1995 a mayo de 2001, 62 mil 426 armas cortas y largas, pero no hay instancia en México que pueda aclarar el destino final de las mismas: si fueron destruidas, comisionadas, vendidas o, lo más probable, introducidas en el mercado negro junto con la dotación completa de cartuchos.

Ernesto López Portillo se pregunta dónde están los instrumentos teóricos y empíricos que avalen el argumento de algunos diputados federales de que la sociedad necesita más armas para combatir la inseguridad, la delincuencia y proteger su patrimonio. "Hay gente que está completamente segura de que la violencia va a disminuir teniendo la posibilidad de contar con un arma en la mano. Y está científicamente comprobado que no es así. Al contrario, más armas es igual a más violencia. Allí está el ejemplo de Estados Unidos".

Jiménez Ornelas coincidió en que a mayor disponibilidad de armas mayor violencia social como en Estados Unidos. "Allí está el caso de las escuelas, donde menores de edad, a pesar de las presuntas restricciones para la adquisición de armas, llegan con rifles de asalto y pistolas automáticas, matan al director, al profesor, a sus compañeros y a quienes se les pongan enfrente", subrayó. "Si esa no es una clara señal en contra de proponer el rearme de los ciudadanos mexicanos, entonces no sabemos en qué basan sus juicios esos legisladores. Quizá lo que sucede es que forman parte del negocio del armamento."