Por su lesión, perdió la función del brazo derecho

Mayor herido en Chiapas en 94, presionado al retiro

Invalidez por "actos fuera de servicio", sostiene el Ejército

JESUS ARANDA

El levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 motivó la movilización más grande del Ejército Mexicano después de los años revolucionarios, al trasladar a la zona de conflicto más de 30 mil soldados. Como resultado de esas acciones "de guerra", 40 militares fueron condecorados y ascendidos por su actuación en combate, entre éstos el mayor de infantería Carlos Echeverría Méndez, quien fue herido en las primeras escaramuzas en las inmediaciones de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo, cerca de San Cristóbal, Chiapas.

Su acción le valió ser recibido con honores y que el alto mando lo reconociera con una medalla al mérito, además de ascenderlo al grado inmediato superior. Sin embargo, a casi nueve años de distancia está a punto de ser dado de baja de las fuerzas armadas por invalidez "en actos fuera de servicio", lo que significa que no tendría derecho a pensión después de más de 20 años en el instituto armado.

Por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, y con fundamento en la fracción IV del artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM,) la comandancia del 65 Batallón de Infantería al cual está actualmente adscrito remitió el pasado 17 de abril el certificado médico de "inutilidad" para el servicio, por lo que ordenó el inicio del trámite de retiro correspondiente. La fracción IV del artículo 22 de la Ley del ISSFAM señala como causas de retiro: "quedar inutilizado en actos fuera de servicio".

Ante la negativa del mayor Echeverría de ser echado del instituto armado sin tomar en cuenta que su situación ocurrió en combate, el alto mando del Ejército ordenó su arresto el pasado 7 de abril y fue enviado al Primer Cuerpo del Ejército con sede en el Campo Militar Número Uno para cumplir un arresto de ocho días.

Ante el temor de que esto fuera el inicio de una acción legal más grave en contra de su marido, Miriam B. Fierro interpuso y ganó un amparo en contra de la privación ilegal de la libertad, lo que obligó a las autoridades castrenses a dejarlo libre, pero con la advertencia de que será dado de baja sin posibilidad de recibir la pensión a la que tiene derecho.

Inicio del confllicto armado

De acuerdo con fuentes militares consultadas, a partir del levantamiento zapatista fueron enviadas a la zona tropas de elite, policía militar y otros agrupamientos del Ejército hasta sumar 30 mil soldados.

Aun cuando el gobierno mexicano se negó en aquel entonces a reconocer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como fuerza beligerante, en los hechos el Ejército Mexicano utilizó "tácticas de guerra" con el argumento de que cumplía con lo establecido en el artículo primero de la ley orgánica castrense, que establece la obligación de los soldados de garantizar la seguridad interior.

De acuerdo con la documentación presentada por la señora Fierro en su solicitud de amparo, el mayor fue herido cuando se encontraba encuadrado en la unidad de combate adscrita a la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo, cuyo comandante era el general brigadier Enrique Alonso Garrido.

En las primeras horas del primero de enero, los zapatistas atacaron las cabeceras municipales "MARCOS", es decir, Margaritas, Altamirano, Rancho Nuevo, Comitán, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas.

Ese día los soldados del 83 batallón recibieron llamadas de auxilio de la población para enfrentar a los rebeldes; sin embargo, la orden de actuar de parte del alto mando se dio hasta el dos de enero.

Una patrulla de combate recibió la orden de realizar un patrullaje en la periferia del batallón, además de la encomienda de verificar el libre tránsito de vehículos civiles a lo largo de la carretera Panamericana que va de Altamirano a San Cristóbal de las Casas. Cuando la patrulla integrada por dos vehículos Hummer se dirigía a Ocosingo fue emboscada por los rebeldes, y murió un soldado en el lugar.

Las detonaciones de las armas de grueso calibre de los militares que estaban rodeados llamó la atención de la unidad que estaba en Rancho Nuevo, por lo que se envió una patrulla de apoyo.

Sin embargo, estos soldados también fueron emboscados en un lugar conocido como El Chivero, en donde los recibió un fuego cruzado que venía de la zona boscosa y de ambos lados de la carretera.

Los soldados tuvieron que parapetarse en la cuneta del camino a la espera de más refuerzos de las unidades de combate aledañas a la zona. En estos enfrentamientos ocurrieron las primeras muertes de soldados y civiles, las cuales hasta la fecha no han sido cuantificadas, aunque oficialmente la Secretaría de la Defensa Nacional no reconoce más de 20 bajas.

Otros soldados resultaron heridos y muchos de ellos aún sufren las secuelas.

En reconocimiento para los soldados que estuvieron en la zona de conflicto 40 fueron condecorados y casi 30 recibieron el ascenso al grado inmediato superior. Entre éstos, el ahora mayor Echeverría, quien el 2 de enero de 1994 fue herido en el brazo derecho y de inmediato fue trasladado al Hospital Central Militar para ser atendido; sin embargo, al mes fue enviado nuevamente a una unidad en Chiapas, posteriormente a Sinaloa y finalmente a San Miguel de los Jagüeyes, en el estado de México.

Al continuar en el servicio activo no recibió la ayuda médica adecuada para rehabilitar su extremidad y ésta poco a poco ha perdido su movilidad, al grado de que ya es prácticamente zurdo, comenta su esposa.

Agrega que consciente de sus limitaciones, su esposo -quien también es abogado- solicitó su incorporación al sistema de justicia militar. Sin embargo, pese a que hay una ordenanza de que los militares de carrera tienen preferencia sobre los civiles que son abogados y se integran a la Dirección de Justicia Militar o a la Procuraduría General de Justicia Militar, le fue negado su cambio.

Debido a sus limitaciones físicas no ha podido formar parte de las promociones anuales para el grado de teniente coronel, y ya está prácticamente en el límite de tiempo para hacerlo: de lo contrario pasará a retiro.

La señora Fierro comenta que debido a la negativa de su esposo a ser dado de baja en las condiciones que pretende la Secretaría de la Defensa Nacional, en su último cambio de adscripción -de Sinaloa al estado de México- le quitaron a su marido "el nivel" por el grado de mayor de infantería y pasó de percibir 22 mil pesos mensuales a poco más de 4 mil. Tal acción fue considerada una medida represiva en su contra.

Hasta la fecha, añadió, el alto mando ha ordenado la realización de más de un certificado médico para determinar la invalidez del mayor, y con base en éste, iniciar su trámite de retiro.

En caso de que la decisión definitiva del alto mando sea de que la invalidez del oficial fue "fuera de actos de servicio", entonces no tendría derecho a pensión, y de existir finiquito, éste sería mínimo.

En cambio, si la Defensa Nacional reconoce que su herida la sufrió en actos de combate, se tendrían que computar los años de servicio (más de 20), además de una cantidad adicional por haber recibido la medalla al mérito y por haber estado en la zona de conflicto en la que los sobrehaberes (ingresos adicionales al salario) se incrementan en más de 130 por ciento durante la estancia en el lugar.

Conocedora de la disciplina militar, la señora Fierro admite que teme represalias por hacer público el caso de su esposo, pero confía en que el alto mando del Ejército se sensibilice y actúe conforme a derecho.