Dan a conocer resultados de las auditorías al primer año de la administración actual

Detectan anomalías en la cuenta de 2001

Reporta el informe el uso de recursos para fines distintos en varias dependencias

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dio a conocer ayer los resultados de las auditorías que realizó al ejercicio fiscal de 2001 del Gobierno del Distrito Federal, en los que señala que hubo funcionarios que cobraron en dos dependencias, pagos no enterados a la Tesorería capitalina, laxitud en el otorgamiento de créditos para vivienda, apoyos económicos utilizados para fines distintos a los establecidos y millonarios adeudos pendientes de cobrar.

El extenso documento precisa, por ejemplo, que la Policía Auxiliar del Distrito Federal tiene una cartera vencida superior a mil millones de pesos, y al analizar la situación de 3 mil 274 usuarios que adeudan 534 millones de pesos se encontró que sólo dio seguimiento a la recuperación en 33 casos.

En la Secretaría de Transporte y Vialidad, se comprobó que hubo prestadores de servicios profesionales contratados para el programa de remplacamiento, pero de varios "no se encontró evidencia de que los servicios pagados hubiesen sido devengados, ni (hubo) evidencia documental del trabajo realizado".

La Comisión de Recursos Naturales (Corena) otorgó 360 apoyos por 56.8 millones de pesos para actividades como "espectáculos, conciertos, festivales", entre otras, siendo que su labor es promover el desarrollo de la zona rural de suelo de conservación. Destaca además que entre quienes recibieron ese apoyo hay algunos que no han aplicado el dinero, otros más que adquirieron maquinaria y está en desuso, o bien en poder de personas ya desligadas de esa entidad.

Respecto del Instituto de Vivienda, se verificó que en la entrega de 460 créditos por 24.5 millones de pesos para los predios de Matlácoatl hubo quienes no presentaron la documentación completa; otros ganaban más del monto mínimo establecido; unos no tenían dependientes económicos o bien poseían ya una propiedad. Situación más o menos similar a la del DIF y sus becas para discapacitados, pues hubo quienes no las merecían y se les dieron; además, al visitar a los beneficiados varios ya no se encontraban en los domicilios que dieron o bien habían fallecido.

Por lo que hace al entonces Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ni siquiera proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública de 2001.

Otras entidades fiscalizadas en las que se encontraron diferentes situaciones anómalas son: la Secretaría de Salud, en el área de servicios médicos; Oficialía Mayor; Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las delegaciones Tlalpan y Venustiano Carranza, además de Servimet, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Caja de Previsión de la Policía.

En el Sistema de Transporte Colectivo-Metro se corroboró que se hizo un pedido de llantas para trenes a la empresa Marubeni Corporation; sin embargo, no aplicó las sanciones que establece la ley por las entregas extemporáneas, que ascendían a 10.6 millones de dólares.