Los intereses económicos del país, insuficientes para considerarlos

Juez federal de EU prohíbe que México presente evidencias a su favor sobre el atún

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San Diego, 6 de mayo. Un juez federal prohibió hoy en California que industriales atuneros de México y Venezuela presentaran evidencias para anular una orden de restricción y reanudar exportaciones al mercado estadunidense.

El magistrado Thelton Henderson, quien impuso la restricción, determinó que los intereses económicos de los empresarios latinoamericanos son insuficientes para incluirlos en el caso.

Henderson concluyó en abril que el Departamento de Comercio violó leyes estadunidenses al autorizar el ingreso de atún de México al mercado local con el etiquetado ''delfín a salvo''.

Según el juez -y en su opinión en favor de la organización ambientalista Isla de la Tierra- el etiquetado sólo se otorga al atún capturado en el Pacífico oriental sin causar la muerte accidental de ningún delfín.

Representantes de la industria pesquera de México y Venezuela, las mayores flotas atuneras latinoamericanas junto con Ecuador, intentaron este martes presentar evidencias de su método de pesca y conservación de mamíferos marinos.

Ambas flotas redujeron gradualmente las muertes accidentales de delfines durante la pesca de atún aleta amarilla bajo la dirección de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

La CIAT declaró para 1996 que las muertes accidentales de mamíferos marinos se redujeron a niveles biológicamente insignificantes, o a un número tan bajo que está lejos de poner en riesgo a la especie.

Sin embargo, Henderson, quien impuso el embargo original al atún mexicano en 1990, determinó en abril pasado que sólo podrá venderse en Estados Unidos atún capturado sin causar ''una sola muerte'' accidental de mamíferos marinos.

Por razones que desconocen los científicos, los bancos de atún aleta amarilla y los delfines cohabitan estrechamente en el Pacífico.

En diciembre el Departamento de Comercio autorizó las importaciones de atún mexicano con base en investigaciones del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas, que presentó conclusiones similares a las de la CIAT.

Sin embargo, la organización Isla de la Tierra presentó un día después una demanda contra el Departamento de Comercio por ''reducir los niveles de conservación'' del delfín.