Grupo de seguimiento

La extradición de Cavallo podría prolongarse dos años

El grupo de seguimiento del caso Cavallo advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se limita a dictaminar la constitucionalidad o no del tratado de extradición México-España, la entrega del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo se podría prolongar al menos dos años más.

Luego de que el pasado 29 de abril el pleno de ministros resolviera aplazar su decisión sobre la demanda de amparo de Sérpico, cuya extradición fue concedida en su momento por el juzgado primero B de distrito en materia penal por los delitos de genocidio y terrorismo -aunque la justicia solicitó su captura también por tortura-, el grupo de seguimiento consideró que "este es un momento decisivo" para plantear la necesidad de que la Corte ejerza su facultad de atracción para analizar todos los argumentos que el ex militar argentino hace valer en contra de su entrega a España y que no se limiten a la constitucionalidad de dicho tratado.

En un comunicado, el grupo señala que en el amparo interpuesto por Cavallo para evitar su extradición, además de impugnar el tratado México-España, cuestiona que los presuntos delitos que se le imputan son de orden político y, por tanto, no procede su entrega, además de que considera que los delitos de que se le acusan ya prescribieron y que ya había sido juzgado y amnistiado por esos crímenes.

El grupo de seguimiento, integrado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como por expertos en derecho internacional señala que la SCJN "tiene en sus manos" el alto honor de hacer justicia a las víctimas sobrevivientes, a los familiares de los muertos y desaparecidos, y honrar así la defensa de los derechos humanos, que es un "instrumento decisivo contra los abusos del poder en el pasado y el presente".

Insistió en que la Corte debe poner un hasta aquí "a la dilación de la justicia" y ejercer su facultad de revisión para resolver en definitiva la entrega del ex militar, quien fue acusado de crímenes de lesa humanidad por el juez español Baltasar Garzón y que fue detenido cuando trataba de huir de México el 24 de agosto de 2000, cuando aún era director del Registro Nacional de Vehículos.