Malestar del comité ciudadano de la Femospp por impunidad de Nazar y De la Barreda

Exigen al Poder Judicial que asuma su responsabilidad sobre la guerra sucia

Familiares de desaparecidos piden que se legisle para castigar delitos de lesa humanidad

GUSTAVO CASTILLO Y VICTOR BALLINAS

El Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) exigió que el Poder Judicial asuma su responsabilidad histórica en el libramiento de órdenes de aprehensión y procesos penales en contra de los responsables de las matanzas del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la llamada guerra sucia.

En conferencia de prensa, Miguel Arroyo (quien se acaba de integrar al grupo ciudadano y en 2000 se promovió como candidato a ocupar el cargo de procurador general de la República), aseguró que el juez cuarto de distrito, con sede en Monterrey, "pasó a la historia al extender un manto de impunidad para Miguel Nazar Haro y el capitán Luis de la Barreda Moreno", al negar las órdenes de aprehensión que pidió la Femospp.

Arroyo Ramírez, quien habló en nombre de todos los integrantes del comité de apoyo, puso de manifiesto su temor de que todos los jueces a los que se les consigne un caso relacionado con la fiscalía que dirige Ignacio Carrillo Prieto hagan lo mismo que el juez cuarto de distrito con sede en Monterrey y nieguen las órdenes de aprehensión solicitadas.

Pese a que la conferencia fue anunciada como un acto en el que estarían presentes la mayoría de los integrantes del comité, sólo acudió Miguel Arroyo, quien aseguró que el órgano ciudadano no ha actuado a destiempo, a pesar de que el acto de ayer se convocó casi 15 días después de que se negaron las órdenes de aprehensión.

La crítica hacia el Poder Judicial se refiere a que el juez cuarto de distrito de Monterrey se negó a librar órdenes de captura contra Nazar Haro y de la Barreda Moreno, a quienes se acusó del delito de privación ilegal de la libertad en contra de Jesús Piedra Ibarra.

El representante del Poder Judicial Federal consideró que los delitos que se les imputan a los que fueran titulares de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) ya habían prescrito, por lo que ni siquiera se estudió a fondo el expediente consignado por la Fiscalía Especial para Femospp.

Arroyo Ramírez consideró que "el juez se burla de las consideraciones legales" y por ello "el Poder Judicial debe compartir la responsabilidad histórica" de las decisiones que impiden castigar a los responsables de la represión en casos como el del 2 de octubre de 1969 o del 10 de junio de 1971.

"No entendemos cómo el Poder Judicial federal permite ese tipo de decisiones. Es responsable desde el presidente del Poder Judicial federal", es decir, el ministro Mariano Azuela Huitrón.

Por otra parte, Graciela Mijares, de la organización política Uníos, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, y Antonio Hernández, dirigente de la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP), ex integrante del Partido de los Pobres, demandan que el Senado de la República convoque a los familiares de los desaparecidos durante la guerra sucia y a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para que se elabore una iniciativa de ley que resuelva de una vez por todas la indefensión en la que se encuentran "nuestros esposos, hijos, nietos y padres desaparecidos".

Esta demanda, sostienen, la hacen "a raíz de que el 29 de abril pasado, en el Senado de la República, la legisladora del PRD Leticia Burgos presentó dos iniciativas para que se eliminen las reservas y la declaración interpretativa que la cámara aprobó respecto a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas" .

Su exigencia, precisan, obedece a que los familiares de los desaparecidos "tenemos mucho que decir. Hace muchos años, organizaciones y familiares les planteamos a las cámaras la problemática que debía abordar una iniciativa de ley que permitiera legislar en relación con el delito de desaparición forzada, y sobre los delitos de lesa humanidad.

"Se les entregó una propuesta de ley, la cual evidentemente no incluía las restricciones, que conscientemente todo el Senado aprobó en 2001, al votar en favor de la declaración interpretativa, con lo cual el delito de desaparición forzada de personas sólo es considerado con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".

Asimismo el Senado aprobó una reserva al artículo IX -hecha por el gobierno mexicano- mediante la cual "se reconoce el fuero de guerra cuando el militar haya cometido algún acto ilícito encontrándose en servicio", con esas limitaciones no se podrá llegar a fondo ni a que se imparta justicia, sostienen.

Mijares y Hernández, quienes señalan que "antes, como ahora, las cámaras y sus partidos han sido cómplices, han impedido que se esclarezca el paradero de los detenidos desaparecidos y que se imparta justicia".