Rodrigo A. Medellín Erdmann y Alejandro von Bertrab Tamm

Areas naturales protegidas: Ƒconservadurismo antisocial?

Es sorprendente que mientras las tendencias conservacionistas predominantes en años recientes, a escala global y aun en México, se han ido orientando hacia una mayor integración de las comunidades campesinas e indígenas que habitan en zonas de alta biodiversidad en el esfuerzo de preservación del medio ambiente -como se evidencia, por ejemplo, en los proyectos forestales comunitarios existentes en varias zonas del país-, en algunos casos nos encontremos con acciones arbitrarias e injustas de los gobiernos federales y estatales en el ámbito de la conservación. Expropiaciones de tierras ejidales y comunales, y expulsiones violentas de comunidades son, hoy día, parte de las políticas en la consolidación de áreas naturales protegidas. La expulsión de la comunidad Lucio Cabañas de sus tierras dentro la reserva de la biosfera de Montes Azules, en diciembre pasado, fue un claro recordatorio de estas medidas autoritarias. Y es que las cosas no parecen cambiar en la política gubernamental: los pobres son los que acaban pagando, con su ya diezmado patrimonio, la destrucción del medio ambiente a la que han contribuido muchos otros actores.

Los habitantes de áreas de alta biodiversidad no sólo dependen de los recursos naturales locales para su subsistencia, sino que son los responsables de que la selva continúe siendo tan biológicamente diversa como lo ha sido hasta hoy. Esto es más que claro si nos ponemos a observar con detenimiento que los procesos agrícolas de estos grupos, sobre todo indígenas, que activamente mezclan y combinan elementos que ayudan a la naturaleza a regenerarse, son responsables de la riqueza que ahora podemos ver en las selvas y los bosques de nuestro país.

Recordemos que la milpa, el acahual rico en variedad de especies, y el monte, son etapas de sucesión dentro de la compleja serie de interacciones entre ser humano y naturaleza. Como ejemplo cabe recalcar que en Quintana Roo muchos campesinos prefieren dejar sus parcelas acahualar si detectan brotes de caoba después de la cosecha, dado el alto valor de esta madera.

A pesar de la evidencia, algunos siguen insistiendo que a los campesinos e indígenas, por pobres e ignorantes, no les queda otra más que destruir la naturaleza. Si bien existen técnicas agropecuarias y silvícolas poco sustentables ambientalmente, la adopción de prácticas que generen un deterioro o mejoramiento de la naturaleza está íntimamente atada a la interacción de varias políticas, fuerzas y actores. Tomemos como ejemplo los mercados -hoy día supuestamente "liberalizados", pero con coyotes de toda índole al acecho- que por los bajos precios que ofrecen por los productos de los campesinos, fuerzan a éstos a ganarse la vida de cualquier forma, ya sea emigrando, trabajando en aserraderos de grandes terratenientes locales o diezmando su patrimonio natural de maderas valiosísimas por unos cuantos pesos. En cambio, si respetáramos y diéramos valor justo a los productos del campo, no nos encontraríamos hoy con los problemas ambientales que ciertos grupos piensan poder resolver excluyendo a los de bajos ingresos del usufructo de la naturaleza, del cual todos disfrutamos y muchos de nosotros, como los urbanos, sin esfuerzo.

El modelo institucional para conservar la biodiversidad preferido actualmente por los conservacionistas, pero el más preocupante, es el llamado reserva de la biosfera. A este modelo se suman ya varias regiones de nuestro país, entre las cuales destacan Calakmul, Sian Ka'an, El Triunfo, Montes Azules y Los Tuxtlas. Una reserva de la biosfera necesariamente implica expulsión de campesinos e indígenas de las zonas núcleo para que queden libres de cualquier actividad humana. Observemos el caso de la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, Veracruz. No es ni justo ni beneficia al medio ambiente que unos cuantos ejidos de esta región, que cuentan con pocas hectáreas, dedicadas a la agricultura de subsistencia y ganadería menuda, paguen el pato de la destrucción generada principalmente por los grandes ganaderos. Estos ejidatarios cedieron sus tierras a la fuerza, mediante la expropiación llevada a cabo por gobiernos que toman decisiones unilateralmente, sin preguntarle a nadie. Mientras ocurren estos desalojos, en las zonas de amortiguamiento se asientan proyectos aparentemente sustentables, como son el ecoturismo, la agricultura orgánica y la bioprospección. Cabe recalcar que muchos de ellos son liderados por los mismos campesinos e indígenas para su propio beneficio, pero muchos otros enmascaran intereses de grandes empresas trasnacionales que poco se preocupan por el bienestar de la población dependiente de la diversidad biológica de nuestro país. No hace falta recordar el interés cada vez más público de empresas como Pulsar, Monsanto y otras, por apoderarse de nuestro patrimonio natural; posición que nos han hecho ver con mucha claridad en la región de Montes Azules, en Chiapas. El control político que pueden ejercer los gobiernos al declarar ciertas zonas como reservas no es para ignorarse, si tomamos en cuenta el sinnúmero de conflictos que han brotado entre autoridades del estado y los grupos zapatistas de la región selvática chiapaneca.

No queremos dar a entender que no existan problemas ambientales graves como lo son la destrucción de bosques, técnicas agropecuarias poco sustentables, industrialización y urbanización descontrolada, desregulada y contaminante, acciones de empresas madereras, que por medio de la coacción, a veces muy burda, se apropian de recursos inmensos para beneficio de unos pocos, mientras los campesinos sólo reciben unas migajas a cambio. Al parecer, expulsar a los campesinos de sus tierras so pretexto de conservación no sólo desvía la atención de los que más responsabilidad tienen por la destrucción, sino que consagra a grupos como salvaguardas del patrimonio natural del planeta, que aún piensan que los problemas ecológicos se pueden solucionar sacando a la gente de su entorno natural. Un mejor camino es buscar soluciones en conjunto que no sólo aminoren el impacto ambiental de prácticas poco sustentables, sino que respeten y seriamente incluyan el conocimiento y la participación de aquellos grupos que, por su poca capacidad de negociación, acaban siendo los más perjudicados por políticas conservacionistas antisociales.