Convenio promovido por la Cámara de Diputados

Cuatro bancos y el IPAB serán objeto de auditoría

ROBERTO GARDUÑO

Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y Bital aceptaron un convenio promovido por la Cámara de Diputados para ser auditados y determinar si fueron beneficiados con recursos irregulares a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, cuyo monto ascendería a 45 mil millones de pesos.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la subcomisión especial del rescate bancario, informó que la Cámara promoverá además una auditoría al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) porque ''el trabajo del organismo no ha dado buenos resultados y sus vocales, que despilfarran recursos económicos, ya han perdido la confianza de los legisladores''.

Al confirmarse la noticia, el diputado del PRI se enfrascó en una controversia con el perredista Antonio Magallanes y el asesor económico de un grupo de legisladores del PRD en San Lázaro, Mario di Constanzo, quienes acusaron a Ramírez Marín de ''confabularse con la Secretaría de Hacienda'' para ''borrar'' de un plumazo las operaciones irregulares del rescate bancario y obligar a la Auditoria Superior de la Federación a retractarse de las observaciones y recomendaciones formuladas sobre este tema en las cuentas públicas de 2000 y 2001.

Y es que el pasado 30 de abril, en la última reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia, Ramírez Marín explicó que tiempo atrás se había iniciado una negociación con los bancos que se estaban oponiendo a las auditorías que ordena el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB. No obstante, "gracias" a la voluntad de los banqueros y de la SHCP, se llegó al acuerdo para iniciar la auditoría. Y por lo tanto, la comisión propuso el convenio para que el pleno de la Cámara de Diputados instruyera al instituto a firmarlo con los cuatro bancos que fueron objeto de los programas de Capitalización y Compra de Cartera.

En aquella reunión, el convenio que se propondría contaba ya con el visto bueno de Hacienda y de la Auditoría Superior de la Federación, y se buscaba que la Junta de Gobierno del IPAB acordara con los bancos nuevos términos de referencia para las auditorías a realizarse; a cambio, la ASF retiraría las observaciones y recomendaciones realizadas con respecto a las cuentas públicas de 2000 y 2001. En ellas se encontraron irregularidades por poco más de 45 mil millones de pesos y se ordenó descontar de los pagarés del Fondo bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa) a los cuatro bancos en cuestión.

Deuda legal

Adicionalmente, el IPAB asumiría como deuda propia casi 200 mil millones de pesos, producto de esas operaciones de compra de cartera; de esta manera, toda la deuda del IPAB, valuada en casi 900 mil millones de pesos, se convertiría en una deuda legal que ascendería a un billón cien mil millones de pesos.

Lo que nadie explicó en el encuentro del 30 de abril es que ni el resto de los diputados, ni el IPAB tuvieron conocimiento de la naturaleza del convenio y qué términos de referencia de las auditorías ya habían sido votados por la Junta de Gobierno del IPAB en mayo de 2002, y en consecuencia, los bancos recurrieron al amparo. Por esa razón, los nuevos términos de referencia del convenio eran inferiores en cuanto a la ''profundidad de la revisión'' que los aprobados hace casi un año por la Junta de Gobierno del IPAB.

Por su parte, Ramírez Marín acusó a los perredistas de ser ''extraordinarios para hacer declaraciones, porque obtienen un lucro político del escándalo''. El priísta manifestó que el punto de acuerdo donde se contempla el convenio ''tiene una única finalidad: decirle a Hacienda y al IPAB que no es cierto que no haya disposición a que se realicen las auditorías, que es absolutamente posible realizarlas; la única objeción que hizo el PAN, y tenía razón, es que no fuéramos los diputados los que señaláramos el marco de referencia, es decir, que dijéramos cómo, sino que esto lo siguiera diciendo el IPAB y así quedó; lo que el punto de acuerdo expresa es auditen a los bancos".

Inclusive, el legislador señaló al IPAB de ser responsable de la desinformación sobre el costo del rescate bancario. Por tal motivo anunció que se le auditará. ''Tenemos fundadas sospechas de que el instituto no ha hecho su trabajo, y le estamos diciendo: 'de ésta no te puedes salir'. La sociedad no sabe hasta ahora qué deuda compró el gobierno cuando hizo el programa de capitalización y compra de cartera''.

Por otra parte, la Cámara de Diputados impuso un operativo para evitar el robo hormiga y redobló la vigilancia en los accesos del Palacio Legislativo para evitar que se redite el año de Hidalgo. Ramírez Marín manifestó que el acuerdo se asumió en todas las bancadas, porque pervive la nefasta tradición de ''llevarse un recuerdito''. Y es que aún asoma en el recuerdo del final de la 56 Legislatura, cuando se registró el hurto de 17 curules y 34 automóviles donados a la Cámara por Hacienda.