Advierte Alcalde Justiniani que sigue la línea establecida por la Coparmex

La STPS debe refundarse para eliminar el control político sobre los obreros: analista

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La Secretaría del Trabajo "debe ser objeto de una restructuración profunda", incluso una refundación, en la que sus prioridades de control político sean sustituidas por nuevas funciones y facultades que la conviertan en una mediadora eficaz para el desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual no está cumpliendo cabalmente, apunta un estudio de María Xelhuantzi López, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

En el mismo sentido, el abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani advirtió que actualmente la Secretaría del Trabajo sigue todo el proyecto laboral que por muchos años impulsó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En el análisis titulado La UNT y la reforma laboral productiva: una propuesta que antecede y que trasciende a la administración Abascal, Xelhuantzi apunta que la transformación del modelo laboral mexicano no sólo debe darse con una reforma del sindicalismo, sino también del papel del actual gobierno frente a los trabajadores.

El punto fundamental es que se restructure en forma profunda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que actualmente ha dado mayor prioridad a tareas para mantener el control político de este sector que aquellas para las que fue creada, como son la defensa de las fuerzas productivas y promover el desarrollo de este sector.

Esta transformación implicaría que tendría que "eliminar ciertas facultades sobre intervención política y replantear otras, en especial en materia de conciliación y arbitraje, así como establecer vinculaciones funcionales con otras entidades del gobierno federal y en los niveles estatales y locales, por ejemplo en materia de educación, de ciencia y tecnología, de formación de recursos humanos, etcétera", detalla la información.

Modificar criterios de productividad

La investigadora precisa que la STPS debiera incluso ser capaz de realizar diagnósticos productivos por sector, por cadena, por rama e incluso por empresa, y disponer de información objetiva en materia de recursos humanos. La dependencia no puede seguir creyendo que la productividad sólo se gana aumentando las horas de labor de los trabajadores o con bajos salarios; la respuesta también debe estar en las empresas y en la misma función del gobierno, señala.

También advierte, que de asumir el gobierno un papel distinto y modificarse la posición de la Secretaría, lo que se generaría es un pacto social más equitativo, que permitiría una mejor distribución de la riqueza.

Al respecto, Alcalde estableció en un análisis que la Secretaría del Trabajo ha abandonado buena parte de sus funciones de defensa del sector obrero. La designación de "un representante patronal como titular de la Secretaría", la falta de experiencia en los temas sindicales del partido en el poder, la excesiva influencia de los abogados patronales en el diseño de estrategias de negociación y la desesperación por someterse a sus exigencias han generado que, por ejemplo, la reforma laboral que se pretende sea favorable a los empresarios y que todas las acciones se encaminen en este sentido.

A favor de esta reforma, la estrategia de la Secretaría del Trabajo ha sido muy similar a la utilizada por los empresarios al negociar sus contratos colectivos con sindicatos controlados, dando la falsa impresión de no saber lo que querían, pero teniendo muy claro que "el objetivo era consentir los reclamos patronales".

El gobierno ha establecido desde un principio una convocatoria acotada para sus proyectos fundamentales, por ejemplo, dio un papel primordial a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la CROC y la Coparmex para la sacar adelante su reforma laboral; en cambio, ha desconocido a muchas otras organizaciones representativas tanto del sector laboral como del productivo.

En forma evidente, las propuestas presentadas en dicha reforma apoyan al sector privado, ya que se fortalecen las disposiciones jurídicas para que sea el patrón el que escoja el sindicato de su preferencia y para que los emplazamientos a huelga casi desaparezcan, además de que prácticamente se nulifica el derecho de los trabajadores a cambiar de sindicato, se viola el derecho de asociación y se incluye un seguro adicional que "permite condenar a una espera eterna al sindicato que milagrosamente pudiese cumplir los requisitos establecidos en el artículo 893-A. ƑAlgo faltó a favor de los empresarios?, prácticamente nada", respondió Alcalde.