Corrupción de funcionarios, fuente de graves anomalías en centros de reclusión

En el olvido, la mayoría de las 387 recomendaciones de la CNDH a cárceles

Demanda la comisión frenar las violaciones a los derechos humanos de presos

VICTOR BALLINAS

En las cárceles del país persisten el maltrato físico, los malos tratos, la extorsión, los cobros indebidos, la violencia sexual, el hacinamiento y la prostitución. "Es evidente la corrupción de un importante número de autoridades y funcionarios públicos" de los centros de readaptación social, "que permiten el tráfico y venta de licores, drogas y comercio sexual", sostiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario mexicano, elaborado en febrero de este año.

La CNDH destaca que en los 12 años anteriores se han emitido 387 recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad, salud y bienestar de la población penitenciaria, pero la mayoría no se atienden.

En los reclusorios del país continúan las violaciones a los derechos humanos de los internos y de sus familiares. El órgano nacional de defensa de los derechos humanos acusa que ha constatado que no han disminuido la inseguridad, el hacinamiento y los abusos.

La CNDH denuncia que en los Centros Federales de Readaptación Social La Palma, en el estado de México, y Puente Grande, en el estado de Jalisco, prosiguen las revisiones corporales que atentan contra la dignidad de los internos y sus familiares, la violación de su correspondencia, además de la violación a su defensa.

Señala que en la Colonia Penal Federal de Islas Marías hay mil 551 espacios disponibles, mientras que en 21 penales la sobrepoblación es crítica. Como ejemplo de ello cita a las cárceles de Sonora con ocupación de sus prisiones de 124.45 por ciento; Chiapas, 98 por ciento; Nayarit, 84.35 por ciento; Baja California, 73.61 por ciento; Tamaulipas, 64.70 por ciento, y estado de México, 58.42 por ciento.

Hay en México 175 mil 253 presos

En el informe, el órgano nacional de defensa de los derechos humanos da cuenta de que en los 448 centros penitenciarios del país se tiene capacidad para albergar a 141 mil 790 reclusos, pero hasta febrero de 2003 la población en esos centros sumaba 175 mil 253, es decir, un sobrecupo de 33 mil 463 personas.

La CNDH precisa que algunas entidades consideran como "capacidad de sus instalaciones" a la superficie en la que se aloja un determinado número de internos -galerones o grandes cuartos- que no cumplen con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna en prisión, por lo que los internos construyen espacios -con cartón, cobijas o plásticos- para tener un poco de intimidad.

El diagnóstico de las prisiones en el país fue elaborado por la tercera visitaduría general de la CNDH, cuyo titular es José Antonio Bernal. En dicho documento se apunta que en la mayoría de los centros de reclusión se ha constatado que los presos registran padecimientos crónicos y de comportamiento, que al no detectarse, diagnosticarse y controlarse a tiempo deterioran la calidad de vida y empeoran la enfermedad en prisión.

Los servicios de salud cuentan con escasos recursos materiales y humanos, tienen limitaciones aun en los casos de urgencia, y en particular cuando se trata de atención especializada.

La segregación de reos sigue vigente y los internos que han sido objeto de una sanción administrativa se les restringen temporalmente sus derechos, y "se ha constatado que se les ubica en celdas oscuras, fétidas, sucias, con fauna nociva, no se les permite bañarse, se les limitan las llamadas telefónicas. Entre los penales con esas áreas de aislamiento se encuentran la penitenciaría del Distrito Federal, la de Chetumal, Quintana Roo; el Cereso de El Salto, Jalisco; los calabozos de Perote, Veracruz; los sótanos del Creset de Villahermosa, Tabasco, y los del Cereso de Poza Rica, Veracruz.

La CNDH subraya las graves deficiencias detectadas en la alimentación de los reos, pues, de acuerdo con sus visitas, ha constatado que en la mayoría es insuficiente en calidad y cantidad, se elabora en condiciones poco higiénica, y en estados como Oaxaca y Chiapas, el gobierno estatal ha omitido sus deberes, proporcionando a los internos una cantidad mensual para su alimentación y medicamentos, cuyo monto fluctúa entre ocho y 15 pesos al día, en tanto que el gobierno federal otorga a los internos bajo su jurisdicción el llamado "socorro de ley", cuyo monto es de 18 pesos al día.

En las prisiones del Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, entre otras, gozan de diversos privilegios como estancias amplias, la posesión de teléfonos celulares, cavas, gimnasios y aparatos eléctricos como hornos de microondas, refrigeradores, climas artificiales.

El informe de la CNDH precisa que la corrupción y el cohecho explican la existencia dentro de las prisiones de sexoservidoras procedentes del exterior, de armas de diversas clases, inclusive de fuego, de narcóticos, de licores y cervezas, de vestuario lujoso, calzado y joyas, de teléfonos celulares, cámaras fotográficas, cantinas, salas, recámaras, peceras, mesas de billar, negocios en el interior y cobros como el pase de lista.

Al respecto se apunta que "para el organismo nacional de defensa de los derechos humanos no escapa el hecho de que los familiares de algunos internos están coludidos con el personal de custodia; sin embargo, estas conductas y la introducción de los productos prohibidos no sería posible sin la complacencia y los actos de corrupción directa de los encargados de la seguridad en los penales.

En las prisiones mexicanas se encuentran 8 mil 65 mujeres, mismas que están recluidas en espacios significativamente menores a los que ocupan los hombres. "Hay casos como los de Tijuana, Baja California; Torreón, Coahuila; Juchitán y Etla, Oaxaca; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; así como Morelia y Uruapan, en Michoacán, en donde las mujeres se encuentran detenidas en las instalaciones para hombres y sólo son separadas por una malla que no impide el acceso de los varones al área de las reclusas.

La CNDH denuncia que la entrada a las áreas femeniles está controlada por coordinadores de los denominados autogobierno, quienes deciden a su antojo el ingreso de los varones. "Esta situación da lugar a que se realice el comercio sexual y a que se destine a las mujeres al servicio doméstico de los hombres."

Las mujeres en prisión "reciben menos visitas" de sus familiares que en el caso de los hombres, lo cual muestra la estigmatización que se hace de las mujeres presas. Además, precisa el informe que en las prisiones se crean necesidades respecto al cuidado de los hijos menores, especialmente lactantes y prescolares; las mujeres se embarazan en prisión o ingresan ya en espera de un hijo, y se les permite mantener a sus descendientes generalmente hasta los cinco años; sin embargo, no hay espacios adecuados para ellos, y existen casos en los que 5 o 6 internas, hasta con tres hijos, comparten una misma celda en hacinamiento.

Los cuidados médicos para reclusos

Entre las innumerables violaciones a los derechos humanos de los presos y presas, la CNDH constató que hay personas que fueron condenadas a prisión y al estar purgando su pena presenta algún trastorno mental grave, pero en la mayoría de las prisiones de México no existen pabellones siquiátricos, por lo que se les aisla o se les deja con el resto de los internos.

El caso es que los enfermos mentales recluidos son un grupo doblemente vulnerable que requiere protección especial, ya que pueden ser objeto de abusos, inclusive de tipo sexual, por lo que es conveniente alojarlos en áreas separadas, en las que puedan recibir los cuidados médicos y el reguardo necesarios.

Estos enfermos no reciben atención médica adecuada, ni existen programas de rehabilitación para ellos, además de que muchos fueron abandonados por sus familiares, y no obstante haber cumplido su sentencia o medida de seguridad, continúan en las prisiones, debido a que ni las autoridades sanitarias ni las de asistencia social aceptan su responsabilidad de hacerse cargos de ellos.

La CNDH constató que en el caso de los enfermos mentales existe una gran cantidad de irregularidades en los procedimientos ministeriales, judiciales y de ejecución de sentencias en que se ven involucrados, tales como falta de dictamen pericial siquiátrico, ausencia de defensa, suspensión indeterminada del procedimiento penal, entre otras.