Sami David

Reconfiguración democrática en Chiapas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el martes las reformas a la Constitución Política de Chiapas, poniendo fin a la inconstitucionalidad con la que se modificó la composición del Congreso del estado, se creó el Organo Superior de Fiscalización y otras modificaciones legales. El fallo de la Corte no debe significar por ningún motivo una involución política, para regresar al pasado. Es, tiene que ser, la oportunidad para una nueva reconfiguración democrática del Estado.

La resolución es a favor de que se democraticen los procesos y las relaciones legislativas entre el Congreso del estado con los otros poderes públicos y los ayuntamientos en un marco de funcionalidad constitucional. No representa un triunfo para una parte ni tampoco una derrota para otra. Es un hecho histórico para el país que confirma a Chiapas como embrionario de grandes y trascendentes acontecimientos políticos, no siempre exento de tramos dolorosos, con violencia y muerte. Este nuevo hecho, sin embargo, no tuvo que pasar por esa condición. Fue una controversia de orden constitucional y completamente pacífica, que debe marcar ahora los pasos siguientes para modernizar el Poder Legislativo chiapaneco.

El compromiso en Chiapas, y así lo asume el PRI, que es el partido mayoritario en el Congreso del estado (tiene 24 de 40 diputados locales), es caminar hacia delante, es empujar en el resideño y modernización de las instituciones parlamentarias y de fiscalización del estado. Por eso, el fallo de la Corte no tiene por qué verse como la posibilidad de tomar revancha, porque si bien es cierto que nunca se compartió la reforma que marginó y anuló de facto a la mayoría, también es verdad que no se está favor de eliminar a las minorías.

La resolución es un llamado de atención para la convivencia política en Chiapas. Es una convocatoria para llevar adelante la reforma del Estado, que tiene que empezar con el establecimiento de un diálogo abierto y franco, respetuoso y comprometido de las fuerzas políticas, para construir acuerdos en diferentes ámbitos del andamiaje legal del estado.

El Congreso del estado, como bien lo dijo la Corte en su fallo del martes, es el espacio donde tiene que haber mayor participación democrática. Ese tiene que ser el espíritu que anime la nueva correlación de fuerzas políticas y la configuración moderna y funcional del Poder Legislativo, que acabe con la simulación y que no disfrace, como pasó con la creación de la Comisión de Régimen Interno, viejas prácticas nocivas y antidemocráticas bajo la figura de la Gran Comisión.

La nueva etapa del Congreso local está obligada a desarrollarse en un marco de civilidad democrática, de respeto institucional. Tiene que ser ejemplo hacia fuera de los términos en que debe ser la discusión política de lo que le conviene al estado y de la participación consciente y reflexiva del pueblo chiapaneco en la toma de decisiones, pues hoy más que nunca Chiapas reclama asumir la responsabilidad frente a las demandas y retos que impone una sociedad vulnerada y exigente de condiciones de seguridad y oportunidades para su desarrollo.

Esa tarea tiene que ser permanente, de todos los días, porque sólo mediante la participación de la sociedad en los procesos políticos y en la definición de planes y programas institucionales, es cómo será posible conjurar aquellos actos que intimidan y cancelan la armonía en la convivencia social. Apenas el martes, como una expresión de la inseguridad que prevalece en Chiapas, fue baleado el domicilio de los periodistas Amado Avendaño y Concepción Villafuerte.

No es casual que la agresión se haya dirigido a quienes han demostrado independencia absoluta y ejercido sin temores ni alianzas perversas su libertad de expresión. No es casual ni es aislado, como tampoco lo es el clima de incertidumbre que se vive en la zona de los Chimalapas. Son expresiones contundentes que no basta con lamentarlas o cuestionarlas. Son hechos que deben mover a la acción institucional y a la reflexión de la nueva conducta política.

Chiapas requiere de instancias del poder público que garanticen seguridad social y ofrezcan garantía a las libertades ciudadanas. En ese sentido, el Congreso del estado está llamado a convertirse en una expresión de libertad, de democracia, de modernización y funcionalidad, que abra los cauces de una discusión política razonada y que haga posible los acuerdos y el consenso en los grandes temas del estado y la sociedad.

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