México D.F. Domingo 4 de mayo de 2003
El costo máximo al público se
establece de acuerdo con el del país de origen
Requiere México de una política para
fijar los precios de los medicamentos
En 2002 hubo fármacos que se encarecieron hasta
30 por ciento
ANGELES CRUZ
En México no existe una política para fijar
los precios de los medicamentos. La decisión sobre lo que deben
pagar los pacientes es una prerrogativa de las empresas farmacéuticas
que, con base en las tarifas vigentes en el país de origen de los
productos y en otras naciones, determinan el monto a cobrar en México
como "precio máximo al público", el cual se actualiza constantemente
y que, por ejemplo, el año pasado significó incrementos de
hasta 30 por ciento.
La cotización puede llegar a ser de varios miles
de pesos, sobre todo si se trata de un producto innovador para atender
enfermedades crónicas y supuestamente con amplias ventajas terapéuticas
respecto de sus competidores.
Durante 2002, según datos de la Asociación
Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), el costo de las medicinas
subió en algunos casos hasta 30 por ciento. El incremento promedio
fue de 8.36 por ciento.
Los laboratorios trasnacionales aseguran que en el desarrollo
de cada nuevo medicamento destinan alrededor de 800 millones de dólares
cada 10 años. Enseguida resaltan la necesidad de observar en el
valor de los fármacos el beneficio que se recibirá al usar
la medicina en cuestión, e incluso el ahorro económico que
significará para el paciente reincorporarse al trabajo, disminuir
las consultas médicas, los ingresos hospitalarios y las cirugías
una vez que se logra el control o la cura del padecimiento.
La problemática que representa el alto importe
de las medicinas en México es muy compleja, tiene varias aristas
y, para Miguel Angel Lezana, coordinador de asesores de la Secretaría
de Salud (Ssa), el mecanismo del "precio máximo al público"
comprende un amplio margen de dividendos para los laboratorios, los distribuidores
y las farmacias, pero además propicia la especulación y el
engaño cuando se ofrecen a los consumidores descuentos de una tercera
parte sobre el monto marcado como "máximo".
En esa lucha que se entabla entre los laboratorios y las
farmacias por ganar a los compradores nada tiene que ver la necesidad de
las personas por curar sus enfermedades, principalmente de quienes que
no tienen acceso a las instituciones de seguridad social, asegura el funcionario.
De este modo, los pacientes son los más perjudicados.
La falta de mecanismos oficiales para controlar o por lo menos regular
el mercado farmacéutico ocasiona que los precios de las medicinas
se incrementen constantemente. La señora Lucía da cuenta
de esta problemática: "yo no sé de nada más que de
mi enfermedad. Cada mes vengo a la farmacia a comprar la medicina para
la diabetes: unas tabletas por las que cada vez pago dos o tres pesos más",
dice.
Antes que nada, un negocio
Víctor
Gómez, director de Comunicación del laboratorio Novartis,
explica sin rodeos que la industria farmacéutica es un negocio,
y como tal debe obtener ganancias. Si no las hay, se acaba la inversión,
afirma, y enseguida puntualiza que en la fabricación de medicinas
los laboratorios se rigen por las más estrictas normas éticas
y de respeto a los derechos humanos de los enfermos.
Resalta que el verdadero problema que tiene México
sobre los medicamentos es el acceso a ellos, porque del total de gastos
para atender sus enfermedades, los mexicanos destinan 1.7 por ciento a
la adquisición de fármacos, dice.
Resolver los obstáculos "es una responsabilidad
compartida", asegura, y con ello deslinda la parte que corresponde a los
fabricantes, quienes cumplen "con invertir en investigación de nuevas
sustancias, así como con la aplicación de programas de donación
de medicamentos a enfermos de escasos recursos económicos", subraya
Gómez, y alude a la escasa respuesta gubernamental para incrementar
el presupuesto del sector.
Pese a la falta de dinero, aumentan las ganancias de
la industria
La información de Anafarmex señala que,
por falta de dinero, hasta 60 por ciento de las personas que acuden a las
farmacias no alcanzan a comprar todas las fórmulas indicadas en
sus recetas.
Pese a esa situación, la asociación informa
que las ventas reportadas el año pasado sumaron 948 millones de
unidades (cajas), o sea, 0.1 por ciento más que en 2001. Ese volumen
representó para la industria ingresos por 66 mil millones de pesos,
es decir, un aumento de 11.5 por ciento en relación con las ganancias
del año anterior.
Interrogado sobre la manera en que se establecen los precios
de los medicamentos, Gómez indicó que si se trata de un producto
innovador su costo está determinado por los precios internacionales,
principalmente el que rige en el país de origen del fármaco.
Para actualizar el monto se toman en cuenta las variables
económicas del país, el sistema de rembolso de los gastos
de producción (materias primas y otros componentes, por lo general
importados), el costo de distribución y el tipo de cambio vigente,
entre otros factores.
Para el ejecutivo de Novartis la Secretaría de
Economía "siempre ha tenido control de los precios. Su sistema de
verificación es muy bueno", aun cuando cada laboratorio plantea
diferentes variables, puntualiza.
Así es como se establece el precio máximo
al público, el cual, según Miguel Angel Lezana, no sirve
para controlar los costos de los fármacos. Por el contrario, éstos
suben constantemente y en ocasiones los incrementos están por encima
de los niveles inflacionarios.
El funcionario admite, sin embargo, que los productos
farmacéuticos requieren de inversiones cuantiosas para su investigación
y desarrollo. Hasta ahora no hay ninguna autoridad que cuente con los suficientes
elementos para determinar el precio máximo. De intentarlo, dice,
lo único que se lograría "sería desincentivar la introducción
de nuevos medicamentos" al país. "No nos parece que ese sea el camino",
agrega.
En cambio, apunta, el gobierno promueve que los precios
sean regulados por el propio mercado. En todo el mundo los insumos para
la salud, en particular las medicinas, tienden a aumentar de precio por
arriba de las tasas promedio de inflación, pero "nosotros no podemos
permitir que se disparen como ahora lo hacen".
La estrategia de la Ssa consiste en impulsar el mercado
de medicamentos genéricos intercambiables (GI), los cuales fueron
introducidos al país desde 1999, pero a la fecha apenas representan
dos por ciento del total de las ventas de fármacos a escala nacional.
En julio de 2002 el Consejo de Salubridad General determinó que
las instituciones públicas de salud tienen la obligación
de privilegiar la adquisición de GI en sus licitaciones.
Hace unos meses la Cámara de Diputados aprobó
modificaciones a la Ley General de Salud para que los registros sanitarios
se otorguen únicamente a las medicinas que hayan demostrado su intercambiabilidad
y bioequivalencia con el producto innovador, es decir, que acrediten las
pruebas para ingresar al catálogo de GI. La iniciativa, que también
plantea que dichos registros se renueven cada cinco años, entrará
en vigor una vez que sea aprobada por el Senado de la República.
Los laboratorios, en contra de eliminar patentes a
medicinas para cáncer y sida
En este contexto surgió la iniciativa del Partido
Verde Ecologista de México para reformar la Ley de la Propiedad
Industrial, con la finalidad de eliminar el derecho de patente de los laboratorios
cuando la medicina en cuestión sea útil para el tratamiento
de enfermedades graves, como el cáncer y el sida.
La propuesta fue aprobada inicialmente por la Comisión
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, pero también
debe ser dictaminada por la de Salud y otras relacionadas con el área,
antes de presentarla al pleno.
Hasta el momento no se había solicitado la opinión
de los que resultarían directamente perjudicados con la medida:
los laboratorios farmacéuticos trasnacionales, cuyos representantes
han enviado cartas a los legisladores advirtiendo sobre el riesgo que implica
tal cambio a la ley.
De entrada, explica Víctor Gómez, sería
un retroceso para el país, por no respetar la ley de patentes, pues
habría contradicción con los acuerdos comerciales firmados
por México.
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