Historia de una injusticia

El primero de junio de 2000, La Jornada publicó un informe confidencial de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que reconoce que integrantes de grupos armados de los años 70 fueron detenidos sin orden de aprehensión, incomunicados y obligados a confesar mediante torturas. Esto es, que en su captura se violaron ''las garantías individuales, y especialmente el artículo 20 constitucional en todas y cada una de sus fracciones''.

Precisa que se les instruyeron procesos penales con base en acusaciones sin sustento. Y admite que los delitos imputados, desde conspiración e incitación a la rebelión, hasta robo y posesión de armas, nunca pudieron probarse.

En dicho documento, elaborado el 26 de julio de 1976, se concluye que 119 de los más de 600 acusados de participar supuestamente en actividades guerrilleras debían ser liberados inmediatamente ante el cúmulo de irregularidades cometidas en cada uno de los procesos, hecho que no ocurrió sino hasta 1978, con la ley de amnistía decretada por José López Portillo.

El material fue redactado 22 días después de la elección que llevó a López Portillo a la Presidencia. El lenguaje empleado es llano, sin matices. Es uno de esos informes confidenciales que se entregan de una administración a otra. Ahí se da cuenta de cómo decenas de jóvenes presuntamente activistas de los grupos armados pasaron varios años en prisión sin siquiera ser sentenciados, y en algunos casos, sin que se desahogara una sola diligencia judicial durante su reclusión.

Sin embargo, más allá de la situación legal de los encarcelados, las autoridades federales los tenían clasificados a todos por su ''grado de peligrosidad'' en máxima, media y mínima, y pese a reconocer la violación de las garantías constitucionales que llevó a su encarcelamiento, de cada uno de ellos hay observaciones que van desde ''dejar que el proceso se resuelva legalmente'', hasta un ''no debe salir''.