El centro Pro considera que los cambios salinistas socavan el derecho a la tierra

Reformas al artículo 27 violan garantías de campesinos

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es necesario revisar el artículo 27 constitucional, porque la reforma jurídica que se implantó durante el régimen salinista provocó la profundización de la pobreza rural, la migración y el desmantelamiento de las economías campesinas.

En su informe Pensar al campo desde los derechos humanos, señala que las reformas al artículo 27 y los programas para aplicarlos son violatorias de los derechos humanos de los campesinos, porque han alentado la privatización de sus tierras.

Considera que las reivindicaciones de los campesinos no son meras peticiones que el Estado puede cumplir, sino que constituyen derechos salvaguardados en declaraciones, pactos, protocolos y convenios reconocidos internacionalmente, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al hacer un análisis del impacto que ha tenido en el campo la reforma jurídica de los años 90, este organismo no gubernamental asegura que significó un grave retroceso en materia de protección al derecho a la tierra, así como en las políticas públicas orientadas a este sector.

Las políticas neoliberales, afirma, han creado un clima desfavorable para la realización del derecho humano a la tierra de las comunidades rurales de México, pues han promovido el fin de la reforma agraria y la privatización de la tierra. Además de la sustitución de la agricultura tradicional por formas modernas de explotación, el olvido del Estado de sus antiguas obligaciones frente al campo y la apertura comercial.

En su análisis recuerda que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la nueva elite en el poder sostenía que todos los males que existían en el campo mexicano se debían a la existencia de un campesinado "arcaico" e improductivo, organizado principalmente en ejidos y comunidades agrarias, así como a la excesiva intervención económica del Estado y a los subsidios del pasado.

Con base en estas críticas, refiere que se modificaron radicalmente las políticas hacia el agro y se impulsaron una serie de medidas, como el fin de los precios de garantía, la privatización de instituciones de atención al sector y la apertura a los grandes capitales.

Pero, lo que esta organización defensora de derechos humanos considera que fue el "golpe de muerte" para el sector, fueron las reformas al artículo 27 constitucional, que incorporarían al libre mercado todas las tierras del país con el propósito de quitar trabas para tener un México de libre mercado.

Estas modificaciones, que pusieron fin al reparto agrario y convirtieron el ejido en propiedad privada, representaron una "violación flagrante" al derecho humano a la tierra, porque impidieron el disfrute de los campesinos y pueblos indios a sus terrenos.

Frente a este panorama, dice que resulta paradójico que siendo México un Estado firmante del Convenio 169 de la OIT, impulse reformas constitucionales encaminadas en el sentido inverso de los compromisos adquiridos, en donde está obligado a reconocer y proteger el derecho a la tierra. No sólo se viola este derecho del campesino, sino que se ven limitados el resto de sus garantías, ya que su vida gira en torno al campo.