A gritos y manotazos, los secretarios se oponen a modificaciones propuestas por productores

Canales y Usabiaga desechan cambios al acuerdo para el agro

El documento no incluye las principales demandas campesinas; aun así, se firmará este lunes

ANGELICA ENCISO

Ante los gritos y manotazos de los secretarios de Economía, Fernando Canales Clariond, y de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, las organizaciones campesinas cedieron en aceptar el proyecto del acuerdo nacional para el campo y desistieron de su intención de modificarlo a unas horas de la firma del documento.

Mañana lunes se firmará un acuerdo que no incluye las principales demandas campesinas: solución a las 300 órdenes de aprehensión que pesan sobre productores, la revisión al marco constitucional agrario y la exclusión de maíz y frijol del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Aun así, signarán el documento las 12 organizaciones pertenecientes al Congreso Agrario Permanente (CAP), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y al menos tres de los 12 integrantes del movimiento El campo no aguanta más.

El Barzón decide hoy

A su vez, el comité ejecutivo de El Barzón decidirá este día si suscribe el acuerdo, al igual que el conjunto de las agrupaciones de El campo no aguanta más, aunque a decir de sus miembros es un hecho que no lo firmarán el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, el Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales y Campesinas Autónomas.

El pasado viernes por la noche fue la última sesión de la comisión organizadora y de acuerdos, formada por ocho representantes campesinos y los secretarios de Economía, de Agricultura y de Gobernación, Santiago Creel Miranda. El encuentro estaba previsto para hacer la revisión del borrador del acuerdo, elaborar un plan de trabajo y revolver los temas pendientes: agrario y de gobernabilidad.

Sin embargo, en los hechos ninguno de esos puntos se resolvió. En las cinco horas que estuvieron reunidos se hizo una lectura general del borrador de 48 cuartillas y se omitió hacer los cambios propuestos por los representantes campesinos. El plan de trabajo quedó pendiente para después de la firma.

Según versiones de asistentes a la reunión, ésta empezó con la elaboración de la agenda y una revisión del proyecto de acuerdo, pero los secretarios no aceptaron los cambios que proponían las agrupaciones, e incluso hubo algún representante campesino que parecía estar del lado del gobierno y también se rehusaba a modificar la redacción.

Las agrupaciones habían llevado una propuesta de redacción del acuerdo que ni siquiera fue leída por los funcionarios, quienes la desecharon y de inmediato, molestos, se opusieron con golpes en la mesa a cualquier cambio en el borrador concluido hace unos días.

Al salir Creel Miranda por unos minutos de la reunión, Canales Clariond, primero, y después Usabiaga Arroyo, respondieron airadamente con gritos y manotazos en la mesa a los cambios que proponían las agrupaciones, sobre todo a la petición de reformar el artículo 27 constitucional. Y es que el CAP y El campo no aguanta más llevaban documentos con propuestas de redacción del acuerdo, las cuales no se leyeron por la falta de disposición de esos secretarios de Estado.

Aunque Santiago Creel se había comprometido a que en esta sesión daría una respuesta acerca de las 300 órdenes de aprehensión que pesan sobre campesinos, no hizo ningún planteamiento más que el señalamiento de que no podía tener injerencia en otras dependencias, comentaron asistentes al encuentro.

En relación con el aspecto agrario, el gobierno aceptó la revisión del marco jurídico, mas no al artículo 27 constitucional, por lo que en la redacción de este punto sólo quedó la mención de que ''el Ejecutivo federal evaluará y revisará el marco jurídico agrario'', y se modificará ''para regular el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas''.

Sobre los conflictos agrarios, el secretario de Gobernación prometió que ''atenderá prioritariamente aquellos derivados de la problemática de la tenencia de la tierra, privilegiando la vía de la conciliación en las disputas de naturaleza jurídica, administrativa y social''.

Al final, ante la imposibilidad del diálogo, lo que ocurrió fue una imposición del proyecto, aunque no se había terminado de analizar y faltaban temas fundamentales, comentaron dirigentes. El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar, buscó en el transcurso del viernes resolver el tema de las reformas constitucionales del tema agrario.

Llamó por separado a los dirigentes para convencerlos de la pertinencia de que aceptaran la revisión del marco jurídico, pero dejando intocable el rubro constitucional. Versiones de líderes coincidieron en que en este punto el gobierno responde a las presiones del sector privado, que rechaza cualquier cambio en el tema del campo.

El Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Ganadera y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales se opusieron bajo el argumento de que ''sería un retroceso''. Esto ocurrió desde el momento en que en las mesas de diálogo de febrero grupos campesinos expresaron su demanda de revisar el artículo 27 constitucional para garantizar que la parcela ejidal sea patrimonio familiar e inembargable, y también que las sociedades mercantiles no tengan acceso a los predios rústicos.

Con estos resultados, Rafael Galindo, coordinador del CAP, comentó que la reunión fue ''difícil'', pero las organizaciones que forman parte del congreso firmarán el texto porque ''sí satisface. Tiene muchas acciones y programas, instrumentos que van a llevar a seguir trabajando en los próximos meses y años''; hay compromisos del gobierno para solucionar los conflictos del agro, aseguró.

Otros dirigentes dijeron no estar conformes con el documento, y aunque no hubo solución a sus principales exigencias, todavía este domingo están previstas reuniones internas para tomar una decisión definitiva sobre la firma del acuerdo.

Alfonso Ramírez Cuéllar, de El Barzón, dijo que habían buscado estar libres de culpa para este lunes y se preguntó si sería adecuado que el presidente Vicente Fox Quesada, en la ceremonia de la firma del acuerdo, estuviera sentado ''al lado de 300 prófugos de la justicia''.

Por su parte, Alfonso Valenzuela, de la coordinación ejecutiva de la UNORCA, sostuvo que la urgencia de la firma del acuerdo por parte del gobierno tiene fines electorales, porque ''así el presidente Vicente Fox podrá decir que el problema del campo está resuelto, pero el movimiento campesino continuará sin suscribir el acuerdo''.

Las movilizaciones campesinas ''no son de los últimos cuatro meses, sino que tienen años y no nos asusta no firmar, porque nuestro trabajo continuará. Tampoco somos improvisados y tenemos trabajo organizativo importante con al menos 150 mil productores y 800 agrupaciones regionales'', señalaron.

Así, después de semanas de negociación y movilizaciones mañana se firmará el acuerdo. A la ceremonia llegarán mil 200 personas y, además del presidente Vicente Fox, se prevé que asistan los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y el Senado; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los secretarios de Estado; líderes agroempresariales y campesinos, así como los gobernadores.