El fiscal general estadunidense, John Ashcroft, quien es miembro destacado del clan de halcones en el gobierno de George W. Bush, acaba de formular una amenaza fascista: ordenará a los tribunales tener en cuenta la Seguridad Nacional para detener "por tiempo indefinido" a millones de inmigrantes indocumentados, por otra parte esenciales para ramas enteras de la economía de Estados Unidos, como la construcción, la agricultura, la hotelería. Tales inmigrantes construyen la riqueza de las empresas estadunidenses y aportan sus impuestos, pero ahora el gobierno del país que los explota quiere quitarles hasta el derecho elemental a la libertad "por razones de seguridad".

El silogismo según el cual el extranjero, por serlo, es potencialmente peligroso, es claramente fascista y racista. Tal como lo es la amenaza de mantener en la cárcel (mejor dicho, en campos de concentración, ya que las prisiones están ya atestadas y no pueden contener otros millones de personas) en vez de expulsar legalmente del país, pero con todas las garantías, a quien carezca de documentos. El racismo como respuesta a la inmigración y como"solución final" al problema de la mano de obra extranjera: eso es lo que subyace en las declaraciones del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Tom Ridge, según el cual su país no cobrará a México su "decepción" por la falta de apoyo a su invasión a Irak. Porque los trabajadores y sus familias que el fiscal ordena cazar como delincuentes y terroristas son, en su inmensa mayoría, mexicanos (o latinoamericanos de otros países hermanos, forzados, como nuestros conacionales, a emigrar debido a la política que Estados Unidos impone por doquier).

De modo que la guerra que los gobernantes de Estados Unidos hacen contra los derechos democráticos en su propio país y contra millones de trabajadores (o sea, contra el trabajo en general) es también una guerra particular y no declarada contra México y América Latina. El colonialismo y el racismo en Medio Oriente traen de inmediato el racismo y el fascismo al suelo de América en el país que se vanagloriaba de ser un crisol de razas y de ofrecer libertad y trabajo a todos los pueblos del mundo.

La xenofobia de la mano de la ilegalidad policial ("serán detenidos por tiempo indefinido", durante el cual podrán ser víctimas de toda clase de brutalidades) contra millones de trabajadores no puede dejar insensibles a las organizaciones sindicales estadunidenses y mundiales, y a las que defienden los derechos humanos.

Es demasiado claro el paralelo que en la mente del fiscal Ashcroft y de los gobernantes en Estados Unidos existe entre los extranjeros y los enemigos del sistema, paralelo en el que los indocumentados, sobre todo mexicanos, desempeñan el papel que en la Alemania de Hitler tenían otros "extranjeros", los judíos fuesen o no nativos. Lo menos que pueden hacer los países cuyos ciudadanos se ven tan brutalmente tratados y amenazados es advertir colectivamente a Estados Unidos que tomarán represalias comerciales (aunque más no fuere porque los migrantes que serían encarcelados sostienen con sus envíos sus familias y sus regiones de origen y son una importante fuente de divisas para sus respectivos países).

La diplomacia mexicana, en particular, debería sentirse además de humillada, burlada, por una política que ignora las leyes internacionales, los derechos humanos, los tratados con nuestro país y hasta las formas más elementales de respeto por la soberanía mexicana. Es de esperar que reaccione ante un nuevo atentado que pone a luz, ante el mundo, el carácter fascista e inhumano de los promotores de la guerra preventiva.
 

________________________________________________________________________________________