El procurador general John Ashcroft amplía el poder gubernamental sobre los migrantes

Por "seguridad", EU detendría a indocumentados tiempo indefinido

Activistas impugnan al régimen de George W. Bush por minar los derechos civiles y humanos

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 25 de abril. El procurador general, John Ashcroft, amplió de manera significativa el poder del gobierno federal al ordenar que todos los inmigrantes indocumentados, aun los no vinculados con el "terrorismo", podrán ser detenidos de forma indefinida por razones de "seguridad nacional".

De inmediato, defensores de inmigrantes y grupos de derechos civiles impugnaron esta nueva norma, pero señalaron que es consistente con las recientes medidas adoptadas por el presidente George W. Bush para minar las leyes de protección de las garantías de los habitantes de este país.

La declaración legal del procurador general esta semana fue emitida específicamente para desechar un fallo de un tribunal de inmigración que había permitido la liberación de un haitiano indocumentado que ingresó por Florida. Ashcroft ordenó que los tribunales de inmigración deben tomar en cuenta argumentos legales de que la liberación del haitiano podría poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pero un vocero del Departamento de Justicia informó a La Jornada hoy que el caso tiene implicaciones legales más generales, ya que establece el precedente de que los tribunales deberán considerar las premisas de seguridad nacional al determinar la detención o no de todo indocumentado que haya ingresado en Estados Unidos desde cualquier país, incluido México.

"A la luz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, hay una mayor necesidad de prevenir el ingreso de extranjeros indocumentados", declaró Ashcroft en su orden legal difundida hoy. "Las preocupaciones de seguridad nacional claramente constituyen un fundamento razonable", en torno a su decisión sobre el caso del haitiano, agregó.

Pero el resultado de esa orden es que, en contraste con la práctica anterior, el gobierno ahora puede declarar que una amplia categoría de indocumentados representa un riesgo a la seguridad nacional, sin tomar en cuenta los méritos de los casos individuales, y declarar que pueden ser detenidos sin posibilidad de libertad bajo fianza mientras esperan sus audiencias en los tribunales.

En el pasado, la mayoría de indocumentados eran liberados bajo fianza, a menos que se les considerara peligrosos.

No obstante, Ashcroft, en su decisión escrita, argumenta que este reglamento no viola los derechos individuales de los indocumentados, ya que al final se les ofrecerá la oportunidad de presentarse ante un tribunal de inmigración.

Sin embargo no todos están de acuerdo. "Esto es particularmente preocupante para las comunidades recién llegadas, dado el asalto que ha realizado el Departamento de Justicia contra ellos, utilizando los términos de seguridad nacional", indicó Angela Kelly, subdirectora del Foro Nacional de Inmigración.

En entrevista con La Jornada, Kelly expresó que esta orden es parte de un patrón más amplio de acciones del Departamento de Justicia, que también incluyen esfuerzos para incrementar la participación de la policía en la detención de indocumentados.

La decisión también fue impugnada por una vocera del Consejo de Liderazgo de Derechos Civiles, que esta semana emitió un informe criticando el empeño del gobierno de Bush en minar leyes diseñadas para proteger esos derechos en Estados Unidos.

"Para los defensores de los derechos civiles, estos son tiempos peligrosos", declaró el consejo, coalición de las organizaciones estadunidenses más respetadas y veteranas de derechos civiles y humanos.

El informe documenta decisiones del gobierno de Bush que minan esfuerzos para reformar departamentos de policía brutales en las grandes urbes, revocar regulaciones federales de protección de trabajadores y socavar leyes antidiscriminatorias.