Provoca malestar en los gobiernos estatales por la inequitativa repartición de recursos

La economía informal, sin control; la política fiscal federal, ineficiente

Necesario, revisar disposiciones que amagan a los causantes cautivos, afirma investigador de la UNAM

ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La ineficiente política fiscal del gobierno federal ha convertido a los estados y municipios en simples pagadores, y su inequitativa repartición de recursos ha provocado malestar entre algunos gobiernos estatales que ya han amenazado con salirse del pacto federal, como es el caso de Nuevo León y Aguascalientes. Un gran hoyo es la economía informal, que por falta de determinación del gobierno federal no ha podido ser controlada.

El doctor en economía y especialista en asuntos fiscales Genaro Sánchez Barajas ofreció una conferencia en el aula Octaviano Campos Salas, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el Federalismo fiscal, y luego, en entrevista con La Jornada, aseguró que controlar a las mafias y empresarios que participan en la economía informal en materia fiscal, le allegaría recursos al gobierno por el doble de lo que ahora capta, y que es del orden de 11 por ciento del producto interno bruto.

De acuerdo con las cifras oficiales esto elevaría la recaudación a 1 billón 446 mil 170 millones de pesos; sin embargo, Sánchez Barajas dijo que a los gobiernos federal y del Distrito Federal les ha faltado firmeza. Por separado, los dos han intentado meter al fisco a la economía informal, pero las mafias que controlan ese mercado han sido más poderosas.

Sánchez Barajas afirmó que es necesario revisar la política tributaria porque en la actualidad hay aproximadamente 2.7 millones de empresas informales, que es una cifra superior a las que tiene registradas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En este escenario, recalcó, la evasión no tiene fronteras.

Para resolver el problema de los causantes cautivos que proporcionan los recursos que requiere el gobierno federal, es necesario que otras personas con actividad económica, como los que están en la economía informal, también se incorporen al padrón de contribuyentes y cumplan.

No hay duda de que los dos gobiernos han fracasado en su intento por regularizar a los empresarios que participan en la economía informal y que manejan recursos multimillonarios. A simple vista sólo se conoce a los empleados, pero los verdaderos empresarios están detrás con negocios que colocan en el mercado mercancía introducida al país de manera irregular y otra que es la llamada pirata.

El investigador de la UNAM precisó que la ley debe aplicarse para todos. De la misma forma que fiscaliza a los cautivos, se debe hacer con los que participan en la llamada economía subterránea. No es justo que se cobren impuestos adicionales a los que ganan más de 300 mil pesos.

Sánchez Barajas expresó: "No se vale legislar por segmentos, para tratar a unos de una forma y a otros prácticamente privilegiarlos. Esta disposición de Hacienda tiene que corregirse, porque no debe haber contribuyentes de primera y de segunda, en un esquema en el que sólo unos cuantos paguen y los más evadan el fisco.

La SHCP ha demostrado sólo tener buenas intenciones, pero no tiene resultados. Por eso es necesario modernizar la legislación fiscal y debe predominar la equidad, para que cada cual pague según la actividad que genere y la progresividad sea real, para que quien gane más pague más.

Es necesario reducir las disposiciones. Que sean pocas y sencillas en el ámbito fiscal. Hay que revisar las del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, porque en este último caso, concluyó, es necesario trasladarlo a Hacienda cada mes y al final del año hacer la declaración.

Promueven amparos contra el pago del ISCAS

ANTONIO PEREZ Y LUIS BOFFIL CORRESPONSALES

Las universidades autónomas de Coahuila y Agraria Antonio Narro, así como 68 empresas de la región, interpusieron demandas de amparo federal para evitar el pago del impuesto sustitutivo de crédito al salario (ISCAS).

Las demandas son ventiladas en el juzgado primero de distrito y están dirigidas contra actos del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo federal, porque el primero fue el que aprobó el gravamen y el segundo se encarga de aplicarlo, por medio de la Secretaría de Hacienda, explicó el fiscalista Agustín López Barrón.

Refirió que desde 2002, cuando se implantó el ISCAS, surgió la inconformidad entre los contribuyentes, además de que a partir de este año la tasa del impuesto se incrementó de0 3 a 4 por ciento.

Además de ambas universidades, entre los demandantes de amparo figuran el municipio de Saltillo, Aguas de Saltillo (organismo operador del servicio de agua potable y alcantarillado), el Grupo Industrial Saltillo, dos empresas de las que es copropietario el gobernador Enrique Martínez y Martínez y 11 personas físicas.

Por otro lado, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Yucatán (IEEY), Ariel Avilés Marín, presentó al gobernador Patricio Patrón Laviada una queja porque la Secretaría de Hacienda estatal pretende cobrarle a ese organismo el impuesto de 2 por ciento sobre nómina, un gravamen creado en 1991 por la gobernadora interina Dulce María Sauri Riancho y aplicado desde entonces por las siguientes administraciones. En su momento, el sector empresarial se opuso, pero al final cedió.

Dijo: "nosotros no somos una empresa, somos un organismo independiente y no tenemos por qué pagar impuesto por la nómina laboral".

Consideró que todo puede deberse a una confusión generada en la Secretaría de Hacienda local, que preside Luis Gamboa Avila, ex director de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero reiteró que el IEEY no pagará nada por su lista nominal de trabajadores.