Madrid niega el plan
Sugieren en España prisión a pacifistas
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 22 de abril. Un borrador de reforma al Código Penal Militar, elaborado por el equipo jurídico del Ministerio de Defensa español, propone imponer penas de entre uno a seis años de prisión a civiles y miembros de las fuerzas armadas que se manifiesten contra la participación de España en una guerra, aseguró hoy el diario El País.
Pero el gobierno de José María Aznar negó conocer el contenido del documento, mientras diversos partidos opositores advirtieron que con esta iniciativa se pretende "criminalizar más y a más a la sociedad" y volver a "tiempos de la Inquisición".
Según la propuesta, el Código Penal Militar vigente desde 1985 se modificaría para incluir medidas de manera tal que todas las personas, civiles o militares, podrían ser procesadas por esta ley en caso de que España participara en un "conflicto internacional", ya sea como aliado o con tropas.
Si estas reformas estuvieran vigentes, los millones de personas que se han manifestado los últimos meses contra la invasión en Irak podrían sufrir penas de prisión.
El borrador, cuya autenticidad fue confirmada por el Ministerio de Defensa, a pesar de que su titular, Federico Trillo, dijo no conocerlo, sostiene en el artículo 49: "El que en situación de conflicto armado de ca-rácter internacional en el que tome parte España, con el fin de desacreditar la intervención de España en él, realizare públicamente actos contra la misma será castigado con la pena de uno a seis años de prisión. Con la misma pena será castigado el que divulgare noticias o informaciones falsas con el fin de debilitar la moral de la población o de provocar la deslealtad o falta de espíritu entre los militares españoles".
Otra de las reformas es la recuperación del delito de "derrotismo bélico" y que se podría aplicar en caso de "conflicto armado de carácter internacional", si bien matiza que "la defensa de soluciones pacíficas a los conflictos no será considerada derrotismo bélico a los efectos de este artículo".
Tras la difusión del documento, Trillo reconoció que "se han redactado borradores para adaptar el sistema de castigos al nuevo Código Penal", pero afirmó desconcer el contenido de este documento, que leyó por primera en el citado periódico.
El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, confirmó que el gobierno no tiene entre "las prioridades" de esta legislatura la reforma del código castrense.
Rechazo de la oposición
María Teresa Fernández de la Vega, secretaria general del Partido Socialista Obrero Español, afirmó que el borrador "es un absoluto disparate que nos devuelve a tiempos de la Inquisición", por lo que estamos ante "un paso más en la criminalización de la vida social y supondría un estado de excepción encubierto y una regresión decimonónica en materia de derechos individuales".
El vocero de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, dijo que una reforma así "es para poner los pelos de punta a cualquiera, ya que la firmaría tranquilamente (Leopoldo) Galtieri o cualquiera de los dictadores argentinos y de cualquier otra república bananera".
El partido catalán Esquerra Republicana, y el vasco, Eusko Alkartasuna, coincidieron en que se trata de una medida "totalitaria", "antidemocrática", y que supone una "re-gresión política", mientras que la Asociación de Jueces para la Democracia señaló que se trata de "un auténtico disparate cuyos preceptos violan principios constitucionales".
