La empresa estadunidense ChoicePoint cuenta con listado de votantes, licencias y teléfonos

Ningún funcionario mexicano ha indagado venta del padrón electoral

Los datos son utilizados por el el Departamento de Seguridad Interna, revela directivo de la firma

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 16 de abril. A pesar de las declaraciones oficiales sobre una investigación por la venta de los listados del padrón electoral, de licencias y teléfonos de unos 60 millones de mexicanos, la empresa ChoicePoint, que vendió esta información al gobierno estadunidense, reveló que hasta el momento ningún funcionario del gobierno de México se ha comunicado con sus dirigentes para iniciar esta indagatoria.

''No hemos sido contactados por ningún representante del gobierno'' mexicano, afirmó James Lee, jefe de mercadotecnia de ChoicePoint, en entrevista con La Jornada. ''Nuestra posición ha sido que obtuvimos los datos de una empresa mexicana, la cual certificó que los había obtenido legalmente. Si los funcionarios ahí (en México) tienen una opinión diferente, y necesitan más información de nosotros, estamos dispuestos a cooperar y ansiosos por ayudar a resolver este asunto'', agregó.

La empresa, con sede en Atlanta, ofrece información del padrón electoral, así como de licencias de conducir, números de teléfono y otros datos de aproximadamente 60 millones de ciudadanos mexicanos al gobierno federal estadunidense, principalmente al Departamento de Seguridad Interna, para verificar que alguien es ciudadano de otro país, explicó Lee. El contrato de ChoicePoint con el gobierno estadunidense para ofrecer estos datos de México ha estado en vigor desde 2001, indicó.

Actualización anual

Estos datos, según una copia del contrato entre ChoicePoint y el gobierno de Washington obtenida por La Jornada, incluye un ''listado nacional de todo ciudadano mexicano registrado para votar a partir de las elecciones nacionales de 2000'', el cual es ''actualizado anualmente''. Los datos del padrón electoral incluyen el nombre completo, domicilio legal, fecha y lugar de nacimiento, género y número de identificación federal (RFE).

Los datos de los registros de licencias de manejo son más limitados: ''El banco de datos contiene sólo licencias emitidas en la ciudad de México desde 1997'', explicó ChoicePoint en su contrato fechado en 2002 con el SIN. En el caso de las licencias, los datos son ''actualizados mensualmente''.

Lee confirmó los detalles del contrato, el cual estipula que la empresa ofrece el nombre completo, número de licencia de conducir, fecha de nacimiento, género, ocupación y el número de teléfono de unos 6 millones de personas con licencias registradas en el Distrito Federal.

La firma también ofrece información sobre empresas y los números telefónicos y de fax de individuos y sus direcciones. Además, ChoicePoint otorga al gobierno federal estadunidense un banco de datos que contiene los registros de vehículos en el DF, incluyendo el nombre del propietario, su domicilio, números de teléfono, el título y número de registro vehicular de la ciudad de México -también, según el contrato, esta lista se actualiza mensualmente. Finalmente, existe información sobre ''aproximadamente 90 por ciento'' de las principales empresas que operan en México.

Lee dijo que su empresa está enterada de la controversia provocada desde la publicación inicial del reportaje de la agencia Ap, sobre el contrato para ofrecer este tipo de datos de un total de diez países latinoamericanos al gobierno estadunidense.

Pero insistió en que su empresa hace todo para asegurar que esta información sea obtenida legalmente. Los datos de México provienen de una sola empresa, pero Lee dijo que no está autorizado para revelar el nombre de la misma. ''Me gustaría decir tanto, pero nuestro contrato nos obliga a obtener su permiso, y hasta ahora no han estado dispuestos'', comentó.

Lee agregó que, como todos los contratos con los que manejan la venta de datos en Estados Unidos e internacionalmente, la empresa mexicana estaba obligada a certificar por escrito que ''han cumplido con todas las leyes mexicanas sobre datos y las leyes de privacidad''.

ChoicePoint tiene un contrato de 11 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para brindar esa información, así como sobre ciudadanos estadunidenses, según copias de los contratos obtenidas bajo la Ley de Libertad de Información por el Centro de Información de Privacidad Electrónica (Electronic Privacy Information Center).

De hecho, la empresa señala en su sitio de Internet que ChoicePoint tiene contratos con ''todas las principales agencias federales de seguridad pública''. Pero Lee insiste en que su cliente primario para la información de México y nueve países latinoamericanos más es la Unidad de Investigaciones de lo que fue el Servicio de Inmigración y Naturalización, agencia que ahora forma parte del nuevo Departamento de Seguridad Interna.

''No es la Patrulla Fronteriza, no tiene que ver con inmigración; no es control de pasaportes'', explicó Lee. Todos los clientes de ChoicePoint están obligados a declarar cómo están utilizando la información que solicitan, y el SIN declara que la usa cuando un individuo ha cometido un delito y afirma ser ciudadano de México, para verificar su ciudadanía.

ChoicePoint, señaló Lee, no ofrecería datos similares sobre ciudadanos estadunidenses al gobierno mexicano. ''Hoy día tenemos una política empresarial donde no vendemos datos de Estados Unidos a gobiernos o individuos extranjeros'', dijo. ''Esa sería una actividad más apropiada para una empresa en México''.

Cuando se le preguntó si ChoicePoint ofrecería datos de estadunidenses a una empresa mexicana que deseara venderlos al gobierno mexicano, Lee dijo que su empresa tendría que tomar una decisión sobre su política comercial, antes de considerar tal opción.

Por otro lado, insistió en que caracterizar a su empresa como un Big Brother o algún tipo de agencia privada de espionaje global son incorrectas. ''Tenemos muchas salvaguardas para proteger la privacidad de los individuos'', subrayó. El contrato con el Departamento de Justicia, dijo, estipula que esta información puede ser utilizada sólo como parte de ''una investigación criminal activa''.

Pero no todos están de acuerdo con esta interpretación. Chris Hoofnagle, asesor legal de la Electronic Privacy Information Center, organización independiente dedicada a asuntos de privacidad electrónica, cree que los gobiernos extranjeros deberían estar muy preocupados de que información sobre sus ciudadanos se esté difundiendo a otros países.

''La información es poder'', comentó Hoofnagle. ''Si yo fuera una nación soberana y una empresa en mi país vendió datos sobre mis ciudadanos a otra nación, eso sería un asunto de soberanía nacional... Si yo fuese líder de un país, no desearía que información sobre mis ciudadanos esté disponible para otra nación. Eso daría a ese país extranjero poder sobre mis ciudadanos'', concluyó.