Es una de las bases en la acusación contra el general y otros dos oficiales
Las sospechas contra Martínez Perea, por decomisos de droga sin detenidos
JESUS ARANDA
La sospecha del alto mando del Ejército sobre la conducta del general Ricardo Martínez Perea, quien comandaba el 21 regimiento de caballería motorizada, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se apoyó en una directriz de la cuarta región militar que consideró que, a pesar de "los constantes aseguramientos" de droga en el área de influencia de dicho regimiento, era intrigante que en la mayoría de los casos el decomiso de alcaloides fuera sin detenidos.
Al continuar ayer el consejo de guerra en contra del general Ricardo Martínez Perea, del teniente de caballería Javier Antonio Quevedo Guerrero y del capitán segundo Pedro Maya Díaz, el Ministerio Público Militar presentó testimonios que contradicen las versiones iniciales de los acusados. Se menciona en actas el uso de vehículos no oficiales en labores del regimiento, el permitir el paso de droga por el río Bravo a Estados Unidos, previo pago, así como el uso de comunicaciones al servicio del cártel del Golfo para que los narcotraficantes tuvieran acceso al movimiento de las tropas, y así evitar su captura. Como pago, Gilberto García Mena, quien era el principal lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén en el estado de Tamaulipas, le pasaría información a los militares para detener cargamentos de droga de bandas enemigas.
En la audiencia de ayer, la fiscalía se refirió a que en el domicilio de Quevedo Guerrero se encontraron joyas por un valor mayor de 107 mil pesos, cuando sus ingresos fueron de 329 mil pesos por más de tres años de servicio. También le fueron encontrados una gran cantidad de perfumes de importación, botellas de whisky, dinero en efectivo en moneda nacional y en dólares. Según el militar, los perfumes y el licor los tenía porque su esposa vendía mercancía que traía de Estados Unidos, y el dinero en efectivo se lo había guardado a un compañero.
Se presentaron testimonios de soldados del citado regimiento en el sentido de que Quevedo era el "favorito" de Martínez Perea y que éste le permitía el uso de camionetas no oficiales de reciente modelo y desplazamientos fuera de la jurisdicción en la que tenía como encomienda supervisar las bases de apoyo y vigilancia para combatir el narcotráfico.
En su declaración ministerial, Quevedo aceptó que algunas de las armas que fueron encontradas en su domicilio las había obtenido en operativos contra el narcotráfico, lo cual es ilícito, porque debió ponerlas a disposición del Ministerio Público Federal.
Respecto a Maya Díaz, la fiscalía señaló que éste recibía dinero de García Mena para permitir el paso de droga. Y para relacionarlo con Cárdenas Guillén, la fiscalía presentó un documento de la fiscalía antidrogas de la Procuraduría General de la República que habla de "tendencias homosexuales de éste", así como una fotografía del propio Maya vestido y maquillado como mujer hawaiana en una fiesta, lo que el Ministerio Público consideró sospechoso.
La defensa de los acusados insistió en negar los cargos en su contra y éstos rechazaron tener vínculos con el narcotráfico; además de cuestionar que la causa penal se iniciara a partir de un escrito anónimo que recibió el Estado Mayor de la Defensa Nacional el 14 de enero de 2000. La fiscalía apoyó las acusaciones en un radiograma del 22 de febrero de ese año en el que el comandante de la cuarta región militar, general José Domingo Ramírez Garrido Abreu le ordenó a la octava zona militar -superior jerárquico del general Martínez Perea- que investigara la razón por la cual los aseguramientos de droga los hacía el 21 regimiento de caballería sin detenidos.
A la fiscalía no le satisfizo la respuesta que en su momento emitiera la octava zona militar, en el sentido de que por ser de noche los aseguramientos y por el temor que le tienen a los militares, los narcotraficantes preferían abandonar la droga y sus armas, antes de tener un enfrentamiento.
El consejo de guerra continúa este jueves con el desahogo de testimoniales y se espera también la presentación de testigos de cargo y descargo.