Grupos civiles analizan informe de Altolaguirre sobre asesinatos de mujeres

Grave violencia doméstica en Ciudad Juárez, alerta la CIDH

La mayoría de los homicidios fueron perpetrados por un "compañero íntimo" de las víctimas

Defensoras de derechos humanos advierten sobre los efectos de la "dominación patriarcal"

VICTOR BALLINAS

Organizaciones promotoras de la campaña šAlto a la impunidad, ni una muerta más! manifestaron ayer que el informe de la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre, sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez resalta la situación de violencia doméstica y "da un giro a la investigación" de centenares de crímenes

El informe de Altolaguirre "sienta un precedente en el ámbito internacional, porque hace én-fasis en la gravedad y en los costos de la violencia de género perpetrada por el Estado en un nivel no sólo de falta de investigación, sino del deber de protección. En el estudio la CIDH analiza la violencia doméstica", afirmó Adriana Carmona, representante del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Dicho documento resalta la grave situación de violencia que enfrentan mujeres y niñas de Ciudad Juárez, consistentes en asesinatos, desapariciones, violencia doméstica y sexual, y "hace énfasis en el aumento extraordinario de homicidios en esa ciudad fronteriza desde 1993 y, sobre todo, en que el número de homicidios de mujeres es ma-yor que el de los hombres y aun mayor al promedio nacional".

La relatora de la CIDH, dijeron las activistas, muestra su preocupación porque "la atención pú-blica y oficial se ha centrado en la brutalidad y el temor vinculado con los denominados homicidios 'seriales' y no se ha prestado suficiente atención a la necesidad de hacer frente a la discriminación que subyace en los delitos de violencia sexual y doméstica. Estos se minimizan".

En conferencia de prensa CM-DPDH, Elige y Milenio Feminista urgieron al gobierno a cumplir con las recomendaciones que la relatora especial de la CIDH establece en su informe.

Demandaron que se instale un mecanismo de coordinación en los tres ámbitos de gobierno, en el que se especifiquen los indicadores de supervisión y evaluación; que se presente un programa de atención integral para frenar la violencia atendiendo a las causas raigales; que se supervisen las investigaciones realizadas por la fiscalía especial y que se realice una evaluación pericial.

Adriana Carmona, Claudia Cruz y Elizabeth Plácido, representantes de las organizaciones citadas, destacaron la necesidad de que el gobierno presente un plan emergente para la investigación y protección de las víctimas y familiares y que se garantice el derecho a la coadyuvancia, a recibir información transparente y asistencia sicológica y jurídica.

Expusieron que en su informe Altolaguirrre expone que la violencia que se presenta en Ciudad Juárez "proviene de causas que aún no han sido debidamente atendidas, pues la mayor parte de las muertes fueron perpetradas por un compañero íntimo sin que las autoridades hayan reconocido la importancia de este hecho".

Durante la conferencia de prensa expresaron su coincidencia con el informe. Resaltaron que en di-cho documento se plantea que existe una clara discriminación basada en el género, "toda vez que el principal denominador de esos crímenes es la imposibilidad de las víctimas y de los familiares de obtener pronto acceso a la protección y garantías judiciales, pues existe la percepción de que la violencia contra la mujer no es un delito grave".

Puntualizan que del documento resalta la clara negligencia en el caso de las niñas y de las mujeres desaparecidas, así co-mo el uso de la tortura y la falta de investigación adecuada en los casos de las personas acusadas y detenidas, donde especí-ficamente se mencionan los casos de Víctor Javier García Uribe, La Foca, y Gustavo González Meza, El Cerillo, en los que existen graves carencias en materia de investigación.

Adriana Carmona, de la CMDPDH, manifestó que los resultados de la investigación de la relatora Altolaguirre "modifican parte de lo que se está haciendo y me parece que esto es precisamente el provecho que podemos sacar del informe.

"Con esto se da un giro en la investigación de los casos, porque lo que debemos destacar es el nivel de violencia de género tolerado por el Estado. El panorama de Ciudad Juárez ofrece una perspectiva sobre el altísimo costo que puede alcanzar esto para una sociedad.

"Este es un llamado de atención no sólo para Ciudad Juárez, porque esa violencia la va-mos a encontrar en todos los estados del país. El informe dice que lo que está pasando en Ciudad Juárez es un problema de violencia doméstica que se ha minimizado desde el gobierno, que ha sido autorizado por el gobierno estatal, al no sancionar a los esposos o compañeros responsables de esos crímenes", sostuvo Carmona.

Insistió en que desde 1993 "empezamos a decir que era una cuestión clara de discriminación y situación de dominio pa-triarcal sobre las mujeres, porque se empieza a casificar su vida desde el punto de vista mo-ral para darle acceso a la justicia. Eso no puede ser".

Los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, concluyó la defensora de derechos humanos, son un caso paradigmático, "nos dicen del alto costo de la violencia doméstica, de la impunidad al permitirla, de tener una policía corrupta y de que ha-ya falta de respeto a los derechos de las mujeres".