Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 27 de marzo de 2003
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Establecerán ocho mesas de negociación

Dirigentes agrarios y autoridades de Michoacán buscan impulsar el campo

ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL

Morelia, Mich., 26 de marzo. El gobernador Lázaro Cárdenas Batel se reunió con los dirigentes de diez organizaciones campesinas, quienes acordaron establecer el próximo fin de semana ocho mesas de negociación donde se analizarán, entre otros temas, la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el papel del campo en el modelo de nación, el ordenamiento rural, financiamiento y presupuesto, desarrollo social, agenda legislativa, medio ambiente y gobernabilidad.

Al respecto, Silvano Aureoles Conejo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Michoacán, puntualizó en entrevista que en dichas mesas de trabajo participarán titulares de dependencias estatales relacionadas con el sector agropecuario, con el fin de llegar a un acuerdo que incluya estrategias que asumirá la administración de Cárdenas Batel para reactivar al sector, y que el mandatario dará a conocer el próximo 10 de abril, en el marco de una ceremonia luctuosa en memoria de Emiliano Zapata.

Por su parte, el dirigente del Consejo Agrario Permanente en la entidad, Carlos González López, señaló que las organizaciones campesinas están de acuerdo en avanzar, a nivel local, en cuanto a consolidar una nueva política en el agro "que permita contrarrestar el rezago" que prevalece en el rubro.

A su vez, Carlos Figueroa, dirigente estatal de El campo no aguanta más, afirmó que los labriegos michoacanos esperan obtener una nueva relación con el gobierno estatal, pues "es urgente reconstruir el campo" local y así "poder sacarlo del abandono".

Quejas ante la CEDH

En otro orden, la responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), María de la Luz Hernández Pacheco, dio a conocer que internos de diversas cárceles de Michoacán presentaron más de 40 por ciento de las mil 100 quejas que recibió el organismo entre enero y febrero anteriores.

Según la ombudsman estatal, las quejas de reos se refirieron principalmente a detenciones ilegales, golpes, maltrato, negativa para acceder a atención médica y ejercicio indebido del servicio público.

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