El gobierno aplica "criterios ilegales con el pretexto de sanear el mundo del trabajo"
Incumplidas, las promesas del foxismo en materia laboral, señalan abogados
FABIOLA MARTINEZ
En el transcurso de la administración foxista no ha habido avance en materia de libertad sindical y transparencia en titularidad de contratos colectivos. Por el contrario, el gobierno aplica "nuevos criterios ilegales con el pretexto de sanear el mundo del trabajo", advirtió la Red Trinacional de Laboralistas Democráticos.
"En México esos temas (vinculados a la libertad sindical y contratación colectiva) continúan sujetos a mecanismos de control y corrupción", afirman los litigantes.
Tras el Seminario Trilateral México-Estados Unidos-Canadá. Juntas Laborales en América del Norte, celebrado en Monterrey, Nuevo León, el pasado 20 de marzo, abogados de la red (Alfonso Bouzas, Arturo Alcalde, Héctor Barba, Patricia Juan, Rodrigo Olvera) señalan que no se ha cumplido ninguno de los compromisos asumidos por el presidente Vicente Fox en materia de libertad y justicia laborales.
En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió ayer un segundo boletín sobre el tema, en el que reitera declaraciones del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Virgilio Mena, de que este tribunal mexicano "actúa con total libertad y goza de plena autonomía jurisdiccional", lo que significa -afirma- "seguridad para sus usuarios".
Con el seminario referido, los firmantes del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte -paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte- dijeron cumplir los compromisos suscritos derivados de violaciones a derechos laborales básicos en las maquiladoras Han Young, en Tijuana, Baja California y, en particular, en la fábrica Itapsa, de la trasnacional Echlin, con sede en Los Reyes La Paz, estado de México, cuya demanda se inició el 15 de diciembre de 1997.
Ante ello, la Red Trinacional de Laboralistas Democráticos criticó el cambio de sede (debió ser en el estado de México) y la participación casi exclusiva de funcionarios. Respecto al modelo de la JFCA, los abogados señalaron ante sus colegas de Estados Unidos y Canadá que éste continúa "parcial" ante la integración tripartita: gobierno, patrones y trabajadores, por lo que no hay garantía de neutralidad.
Prueba de ello, precisa la red, es el "secreto" que impera en sus archivos de contratos colectivos, al tiempo que subsisten obstáculos para impedir la firma de esos documentos o el cambio de titularidad de los mismos. No se ha alentado el voto secreto para que los trabajadores decidan qué sindicato los representará.
De 1997 a la fecha ha habido nulo avance en esta materia, por el contrario -comentó Arturo Alcalde- no se garantiza un lugar neutral para recuentos sindicales, el voto secreto y la veracidad de los padrones. Es el caso de Aviacsa, dijo, que en estos cuatro años ha despedido casi a la mitad de su plantilla de pilotos, quienes pretenden cambiar de representación sindical.
"De nada sirve teorizar sobre el procedimiento o comparación de leyes si no se analiza la realidad. Por esta razón insistimos en la necesidad de que los trabajadores, empresarios y la comunidad laboral sea escuchada", señalaron los laboralistas democráticos, en cuya red participan también Jorge Fernández, Benedicto Martínez, Liliana Olvera, Alonso Salud, Gustavo de la Rosa, Próspero López, María Victoria López, Porfirio Martínez, Eugenio Narcia, Oscar Rubio, Eduardo Díaz y José Luis Mendoza.
