Comienza consejo de guerra a tres militares, presuntos colaboradores de Osiel Cárdenas

General pone en duda la eficacia de la lucha antinarco del Ejército Mexicano

JESUS ARANDA

Al comenzar ayer el consejo de guerra contra el general brigadier Ricardo Martínez Perea y dos oficiales bajo su mando, acusados de proteger al cártel del Golfo, que encabezaba Osiel Cárdenas Guillén, el principal enjuiciado puso en entredicho la eficacia de la labor que desarrolla el Ejército Mexicano para combatir al tráfico de estupefacientes.

Comandante del 21 regimiento motorizado de caballería, con sede en Nuevo Laredo, al momento de ser detenido hace casi dos años, Martínez Perea aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan y criticó la falta de resultados en el combate al narcotráfico: "Cómo es posible la situación en estados en que se produce la droga, como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco. O no se destruyen bien los enervantes o no funcionan los puestos de control. ƑPor qué, entonces, llega la droga hasta Tamaulipas?"

En el expediente constan al menos ocho reconocimientos públicos firmados por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, a la labor desempeñada por el 21 regimiento de caballería por su labor contra el narcotráfico; mientras que el capitán segundo de caballería Pedro Maya Díaz afirmó, por su parte, que antes de ser detenido recibió la medalla al mérito por su combate a las drogas.

En la primera audiencia del consejo de guerra, ayer en el Campo Militar Número Uno, el general y sus dos subordinados, el teniente de caballería Javier Antonio Quevedo Guerrero y el capitán segundo de caballería Pedro Maya Díaz, coincidieron en destacar lo irregular del proceso penal en su contra, ya que desde un principio, la investigación se basó en un anónimo que llegó vía fax a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en el que se hablaba de dos oficiales involucrados con el narco y que incluso el general Martínez había ordenado la liberación de El June, a pesar de que eran conocidas sus actividades ilícitas y que en días previos al envío del anónimo había pasado cinco toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Los tres militares se acogieron al artículo 20 constitucional para no responder el interrogatorio del Ministerio Público Federal.

El anónimo, escrito con faltas de ortografía, se refería a Juan Antonio Quevedo Guerrero y a Pedro Mayo, cuando el acusado se apellida Maya, además de que no hacía alusión alguna al general Martínez.

Por su parte, Quevedo Guerrero denunció haber sido torturado por elementos de la Policía Judicial Militar para que declarara contra el general y su compañero, además de que le propusieron que si aceptaba, podría entrar al programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República.