En un informe señala que Fox tiene la oportunidad de combatir esa ilícita práctica
Recurren a la tortura todos los cuerpos policiacos del país: Amnistía Internacional
VICTOR BALLINAS
En México "todos los cuerpos policiacos -federales, estatales o municipales- recurren habitualmente a la tortura o a los malos tratos como método de control o de prevención del delito", inclusive son frecuentes las denuncias por detención ilegal o prácticas policiacas ilegales, aseguró ayer Amnistía Internacional (AI) al presentar el informe México, juicios injustos: tortura en la administración de justicia.
Rupert Knox, jefe del equipo de investigación para México de AI, presentó ayer en la ciudad de México dicho informe, el cual fue distribuido simultáneamente a escala internacional. En el documento se señala que durante los pasados 30 años Amnistía Internacional ha informado -periódicamente- sobre el uso generalizado y sistemático
de la tortura en el país y ha emprendido campañas para que se adopten medidas eficaces para acabar con esa práctica y llevar a los responsables ante la justicia.
Knox resaltó que el presidente Vicente Fox y su gobierno "han reconocido que la tortura sigue siendo un problema en México, y se han comprometido a abordar ésta y otras violaciones graves de derechos humanos. Los años de mandato que le restan son una oportunidad histórica para combatir eficazmente el uso de esa práctica aberrante en todos los ámbitos del Estado".
El problema del sistema de justicia es peor en el ámbito estatal, donde numerosos factores impiden que los afectados obtengan justicia. Si los presuntos autores de los actos de tortura son agentes estatales o municipales, la investigación de las denuncias es prácticamente insólita, y más todavía el procesamiento y la condena de los responsables.
Detalla el informe presentado por Knox que las estadísticas de la Dirección General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República "permiten hacerse una idea del grado de impunidad de que disfrutan los funcionarios públicos. Entre los años 1990 y 2001 se acusó de tortura a 57 funcionarios públicos, y los jueces federales cursaron 39 órdenes de detención, 24 de las cuales fueron ejecutadas. Tan sólo en ocho casos los acusados resultaron condenados.
