Insuficiente, la respuesta del Estado; las pesquisas, lentas e ineficientes: Altolaguirre

Desglosa la CIDH yerros del MP en torno a homicidios en Juárez

La relatora recabó casos de negligencia en la atención a denuncias por desaparición de mujeres

VICTOR BALLINAS /II Y ULTIMA

El problema central en las investigaciones de los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, es "la insuficiente respuesta del Estado mexicano", asegura Marta Altolaguirre, relatora especial sobre derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Las investigaciones sobre estos brutales asesinatos contra niñas, estudiantes y trabajadoras de la maquila transcurren de manera lenta e ineficiente, como en el caso de los restos humanos encontrados en noviembre de 2001, ya que a más de un año los familiares de algunas de las víctimas todavía no saben con certeza si esos huesos son de sus hijas, como se les ha informado."

Altolaguirre, también primera vicepresidenta de la CIDH, dice en su informe Situación de los derechos humanos en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación: "Una estadística es ilustrativa para comprender las encontradas perspectivas referentes al desempeño de las autoridades policiales y judiciales en relación con el número de esos crímenes que la fiscalía especial considera resueltos".

Detalla que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Chihuahua informó a la relatora especial, durante una visita de trabajo a la ciudad fronteriza, que de los 268 asesinatos de mujeres ocurridos entre enero de 1993 y enero de 2002, 76 fueron clasificados como pertenecientes a una modalidad de homicidios múltiples o "seriales", y 192 como "situacionales", es decir, crímenes pasionales, relacionados con el narcotráfico o con asaltos, delitos sexuales, peleas, violencia intrafamiliar, venganza, homicidio culposo o por móviles desconocidos.

Respecto a los 76 clasificados como "múltiples", la PGJE identificó 27 "resueltos" y 49 en proceso de investigación -la visita de la relatora se realizó el 11 de febrero de 2002. La institución dio cuenta de la condena del perpetrador de uno de los crímenes.

En cuanto a los 192 asesinatos clasificados como "situacionales", la procuraduría detalló que 152 fueron resueltos y 40 "en ese momento se encontraban en proceso de investigación". Según la PJGE, dice Altolaguirre, 57 dieron lugar a procesar y condenar.

A finales de 2002 la PGJE dio cuenta a la CIDH de que otras dos personas fueron condenadas. De acuerdo con los informes oficiales, apunta la relatora, sólo en 20 por ciento del total de crímenes -285 de enero de 1993 a octubre de 2002- tuvieron lugar procesos y condenas.

Sin embargo, la funcionaria de la CIDH destaca: "Cuando pregunté qué es en la terminología de la PGJE 'casos resueltos', se me dijo que significa que la fiscalía especial cree poseer suficiente información para presumir el motivo y la culpabilidad del supuesto perpetrador de un crimen, y que la persona había sido presentada ante un juez. No significa que determinada persona necesariamente haya sido imputada o juzgada. No obstante, no se explicó con claridad por qué indicios que no son suficientes para respaldar una acusación y un procesamiento formal sí lo fueron para determinar móviles y declarar resuelto el caso".

Errores, omisiones y otras anomalías de 1993 a 1998

En el amplio informe sobre los crímenes de Ciudad Juárez y la violencia contra las mujeres, la relatora especial expone que el Estado mexicano "admite que se cometieron errores durante los primeros cinco años en que se vio confrontado con esos asesinatos". Reconoce, por ejemplo, que no fue 'infrecuente' que la policía le dijera a una persona, que tratara de informar sobre la desaparición de una niña, que volviera en 48 horas, siendo evidente que había cosas que investigar. Autoridades federales y estatales no niegan que el gobierno de Ciudad Juárez solía desechar las denuncias iniciales, manifestando que la víctima habría salido con un novio y no tardaría en regresar al hogar.

"La PGJE mencionó inclusive que hubo falta de capacidad técnica y científica en esa época por parte de los integrantes de la Policía Judicial local. Mandos estatales señalaron que las fallas eran tales que en 25 casos, que datan de los primeros años de los asesinatos, los 'expedientes' eran poco más que bolsas que contenían una serie de huesos, lo que prácticamente no servía de base para avanzar en la investigación", revela la relatora.

Esa situación se revirtió a raíz de la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que entonces presidía Mireille Roccatti. Altolaguirre expone que autoridades chihuahuenses "sostienen que desde la creación de la fiscalía especial se han puesto en marcha medidas para reaccionar de manera 'pronta y adecuada' y se ha logrado un índice más satisfactorio de casos".

Añade que fue informada de que los policías que participan en la investigación han recibido ya capacitación de la Procuraduría General de la República y de la Oficina Federal de Investigaciones, esta última de Estados Unidos, así como de organismos "de otros países". Cuando la relatora quiso que le especificaran qué naciones, no hubo respuesta.

Panorama general de la violencia

Esmeralda tenía 15 años la última vez que fue vista con vida, el 29 de octubre de 2001. Trabajaba en un domicilio como empleada doméstica. Cuando su madre acudió a las autoridades, el 30 de octubre de ese año, para presentar una denuncia sobre su desaparición, le dijeron que tenía que esperar 48 horas. Puede pertenecer a Esmeralda el cadáver hallado, con otros restos humanos, el 7 de noviembre de 2001.

Lilia Alejandra tenía 17 años cuando desapareció, el 14 de febrero de 2001. Se desempeñaba como operadora en una maquiladora. Su madre distribuyó volantes para contribuir a la búsqueda. Días después la ventanilla de su automóvil amaneció rota y en su interior se encontrón un rollo de los volantes que distribuyó. Como la policía no llegó a su llamado, ella llevó el coche a la estación de policía. El cadáver de Lilia apareció una semana después. Fue encontrada en un lote baldío. Dejó dos hijos, el más pequeño de cinco meses.

Otro caso es el de Guadalupe, de 19 años, estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Fue vista por última vez al salir de su hogar, el 30 de septiembre de 2000. Iba a ver a una amiga para ir de compras.

Verónica tenía 19 años. Era estudiante y trabajadora en una maquiladora. Desapareció tras tomar el autobús en el centro de la ciudad, el 19 de octubre de 2000. Bárbara, en tanto, tenía 21 años y era empleada. Desapareció el 26 de diciembre de 2000. María de los Angeles, otra estudiante y trabajadora de la maquila, fue vista por última vez el 25 de diciembre de 2001.

Mayra tenía 17 años. Se ignora su paredero desde el 25 de junio de 2001, cuando fue a buscar trabajo. Son casi 300 las desaparecidas y hasta octubre de 2002 las asesinadas sumaban 285.