Informe de grupo de trabajo del organismo

Desdeñó observaciones de la ONU la reforma penal

La campaña en favor de la cero tolerancia podría agravar las detenciones arbitrarias, señala Recomienda cambios proporcionales

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Las iniciativas de reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales para endurecer las penas contra el delito de robo que envió el Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa son contrarias a las observaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas que visitó México en octubre y noviembre del año pasado.

En un informe advierte que con la campaña en favor de la Cero tolerancia algunas "prácticas toleradas" que realizan las corporaciones policiacas, sin ninguna base legal o precisa, podría agravar los casos de detención arbitraria.

El documento señala que el grupo de trabajo constató con organismos públicos y no gubernamentales de derechos humanos que la detención arbitraria es una de las principales violaciones a eos derechos y cita el registro de la CDHDF de que "una de cada diez detenciones es arbitraria".

El grupo de trabajo estuvo integrado por el francés Louis Joinet y la paraguaya Soledad Villagra de Biedermann, en la presidencia, y por Leila Zerrougui, de Argelia; Tamás Bán, de Hungria, y Seyyed Mohammad Hashemi, de Irán, en la vicepresidencia, quienes llevaron a cabo su visita del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002 en diversos lugares de detención del DF y cuatro estados de la República, como los reclusorios preventivos Femenil y Varonil Oriente y la agencia del Ministerio Público de la colonia San Salvador Xochimanca, en la delegación Azcapotzalco.

Contra la intención del gobierno de la ciudad de endurecer las penas contra algunos delitos, el informe del grupo, en su capítulo seis "Temas de preocupación", hace una crítica a las reformas penales de 1994 "que introdujeron una excesiva cantidad de delitos graves que generaron en la práctica un impacto negativo en la sobrepoblación y el hacinamiento en las prisiones".

De hecho, en sus recomendaciones señala la necesidad de reformar las leyes internas para establecer una proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como en los beneficios de preliberación.

En otro de sus apartados, "Relación entre operativos de seguridad y detención arbitraria", señala que el grupo de trabajo observó "la tolerancia de ciertas prácticas policiales que no tienen una base legal clara o precisa y favorecen las detenciones arbitrarias".

Más adelante advierte que "la gran mayoría de las detenciones arbitrarias parecen resultar del recurso frecuente denominado 'revisión y vigilancia rutinarias', redadas con cierta periodicidad bajo la apariencia de acciones preventivas contra la delincuencia en general, así como arrestos basados en 'denuncias anónimas' o en 'actitudes sospechosas', en la observación de un 'marcado nerviosismo' y sin que se notifique al interesado cuáles son las razones de su detención, aunque al mismo tiempo se le solicite su cooperación. La posible combinación de estas prácticas con la eventual campaña en favor de la cero tolerancia corre el riesgo de agravar los efectos de estas detenciones".

El informe establece que si bien las autoridades han realizado algunas acciones para mejorar el control de las detenciones, la persistencia de prácticas de corrupción y la falta de capacitación en una cultura de derechos humanos de los integrantes de las corporaciones policiacas, aunadas a algunos aspectos del sistema legal, como la figura flagrancia equiparada, dificultan poner en práctica los medios para combatir la arbitrariedad.

La flagrancia equiparada, que permite detener a una persona después de 72 horas de haber sido cometido un ilícito con base en indicios de su participación, "es incompatible con el principio de presunción de inocencia y genera riesgo tanto de detenciones arbitrarias como de extorsiones", expone el documento del grupo.

Entre sus recomendaciones, el grupo de trabajo establece la necesidad de modificar la legislación interna a modo de adaptarla a las normas internacionales, en especial sobre la presunción de inocencia, la flagrancia equiparada, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como los beneficios de preliberación.