Francisco López Bárcenas
La ira y la indolencia
Lo que se ve no se juzga. La ira de los campesinos por los añejos conflictos agrarios que nunca han encontrado solución vuelve a campear en distintas regiones del país, adoptando diversas formas para hacerse visible.
Los indígenas tepehuanos de Durango reclamando tierras ancestrales que las autoridades gubernamentales titularon a otros son un claro ejemplo, pero no el único. En el estado de Oaxaca abundan estos casos. Uno es el antiquísimo conflicto entre Amoltepec y Yucutindoo, que en los primeros días de marzo dejó varios muertos, después de que los segundos se negaron a suscribir los acuerdos logrados tras largas jornadas de negociación. Otros conflictos a punto de enfrentar violentamente a las partes en el mismo estado son los de Santa Lucía Monteverde contra Santa Catarina Yosonotú, porque los primeros han invadido cerca de mil hectáreas de tierras comunales de los segundos, o el de San Sebastián Nopalera contra San Pedro Yosotatu, donde los segundos se han visto despojados de la totalidad de su ejido.
A estos conflictos agrarios de la región mixteca se une el de San Isidro Vistahermosa, agencia municipal que, haciendo uso de su derecho a cambiarse de municipio, ha conseguido desatar la ira de las autoridades del municipio al cual pertenecen y de las organizaciones políticas que las patrocinan, que no sólo han manifestado su rechazo a esa pretensión, sino que se han arrogado el derecho de someterla a su poder, despojarla de sus edificios públicos, secuestrar y maltratar a sus habitantes, quemarles sus casas, imponerles autoridades y generar tal clima de violencia que los agraviados decidieron dejar su comunidad y trasladarse a Tlaxiaco, donde permanecieron más de 15 días sin encontrar eco a su demanda de desalojo a los invasores y de respeto a su autonomía municipal, por lo que han decidido llegar a la capital del estado, donde piensan acampar frente al palacio de gobierno.
En todos estos casos los agraviados han topado con la indolencia de los funcionarios gubernamentales, cuya actitud más visible es la omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas, con lo cual envían un peligroso mensaje: acudir al gobierno no sirve para nada. Si les piden seguridad responden que no tienen policías o que no pueden arriesgarlos ante la furia de los agresores y sólo la proporcionan cuando la violencia estalla o corre la sangre. Da la impresión de que el manejo y administración de los conflictos y no su solución es el método de gobierno más socorrido en estos tiempos, caracterizados porque el gobierno prefiere la negociación sobre intereses políticos antes que hacer valer los derechos reconocidos en las leyes. Y en estos casos para nada sirven las instituciones protectoras de los derechos humanos, que también se paralizan ante quien prefiere mantener los conflictos para poder negociar lealtades o combatir oposiciones, incluyendo las opciones políticas que quieren caminar con las comunidades.
Esta actitud de los funcionarios gubernamentales puede ser buena para ellos, pero no para quienes sufren las injusticias, porque aunque no sepan de leyes o de política saben bien que son humanos y que algún derecho tienen, como existir y vivir en paz, reclamos que hacen por vía pacífica y con mucho respeto.
Para constatar lo anterior basta ver las aglomeraciones que hay a las puertas de palacio del gobierno de Oaxaca para buscar una entrevista con algún funcionario que les dé esperanza de solución.
El problema es cuando las opciones de solución pacífica de los conflictos se cierran. Ahí se entra a un lugar en el que nadie puede predecir lo que sucederá. Para evitarlo no estaría mal que los funcionarios gubernamentales abandonaran su indolencia y atendieran los problemas. Es su responsabilidad y abdicar de ella no ayuda a resolver los conflictos.
