Mañana los consignará la PGR por violación al secreto bancario, entre otros delitos

Eduardo Fernández y González Villarreal habrían extorsionado a banqueros y políticos

GUSTAVO CASTILLO Y CAROLINA GOMEZ

La Procuraduría General de la República (PGR) consignará a más tardar mañana al ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Eduardo Fernández García y su secretario, Luis Felipe González Villarreal, como presuntos responsables de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de confianza y violación del secreto bancario.

Fuentes oficiales revelaron que la Unidad Especializada en contra del Lavado de Dinero (UELD) no solicitará la ampliación del arraigo domiciliario al que están sometidos ambos ex funcionarios, aunque dejará abierto un triplicado de la averiguación previa que se inició contra Fernández García y González Villarreal.

Lo anterior, toda vez que en la última semana se han acumulado diez denuncias en contra de los dos detenidos y del ex secretario de Hacienda (ahora gobernador del Banco de México) Guillermo Ortiz Martínez. En ellas se les señala como responsables de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, falsificación de pruebas y administración fraudulenta de diversas entidades financieras, así como de extorsión, en algunos casos.

De acuerdo con las versiones oficiales obtenidas, en la última semana han acudido ante la UELD personas como Jorge Hurtado (sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid), en representación del grupo Financiero Anáhuac, Angel Isidoro Rodríguez Sáez El Divino, ex accionista mayoritario de Banpaís (quien fue acusado de fraude y de la quiebra de ese banco en 1995), y Eduardo Pascual, presidente de la Confederación Nacional de Abogados.

Hasta el momento, según la información obtenida, el Ministerio Público Federal ya solicitó a un juez federal orden de aprehensión en contra de Fernández García y González Villarreal. Sin embargo, ésta aún no ha sido librada, aunque está relacionada con la acusación de violación al secreto bancario y ejercicio indebido de funciones por la sustracción ilegal de información relativa a las cuentas de Lino Korrodi, Carlos Rojas Magnon y Carlota Robinson, entre otros integrantes de la asociación civil Amigos de Fox, la cual está vinculada con el supuesto financiamiento ilícito que se utilizó en la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada.

Hasta ahora la revisión hacendaria del expediente por lavado de dinero no ha concluido, por lo que las autoridades fiscales tampoco han formulado la denuncia correspondiente, que es requisito indispensable para consignar ante un juez al ex presidente de la CNBV y a su secretario.

Fuentes cercanas a la investigación y a los arraigados refirieron que el Ministerio Público Federal está a la espera de que concluya la revisión contable, luego de que se han detectado diversos movimientos financieros tanto en las cuentas de Eduardo Fernández como en las de Luis Felipe González que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, no empatan con los estados financieros reportados.

Se espera que la consignación por lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) se realice por lo que podría considerarse "poco dinero", pero ante las nuevas denuncias y los indicios de varias extorsiones que habrían realizado a banqueros y políticos, se dejará abierto un triplicado de la averiguación previa inicial.

Por otra parte, de acuerdo con el texto de la denuncia presentada por Angel Isidoro Rodríguez, el ex banquero acusado de quebrantar Banpaís en 1995, se asegura que Eduardo Fernández, Guillermo Ortiz y Manuel Espinosa de los Monteros se coligaron para actuar contra "funcionarios que les eran políticamente incómodos" y que laboraban en Banpaís.

En tanto, a tres días de que concluya el arraigo domiciliario de Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ayer su defensa solicitó un recurso de amparo en contra de una eventual orden de aprehensión.

Esta acción se suma a la queja que los abogados interpusieron en contra de la supuesta pretensión de la PGR de duplicar el tiempo de arraigo. Los defensores solicitan al juez que no otorgue la duplicidad, ya que argumentan que la PGR se habría basado en un artículo del Código de Procedimientos Penales Federales que ya no está vigente.