Los trabajadores que laboraron en EU entre 1942 y 1946 podrán inscribirse

Gobernación abrirá padrón de braceros que reclaman salarios

Por lo pronto se les incorporará a los programas IMSS-Oportunidades y Sedesol Hábitat Se requerirá la intervención de la Cámara de Diputados para poder indemnizarlos

ALONSO URRUTIA

Después de años de peregrinar para que les retribuyera el dinero ahorrado cuando trabajaron le-galmente en Estados Unidos entre 1942 y 1946, los trabajadores migratorios cuyas edades ahora superan 80 años parecen tener un viso de solución: a partir del 7 de abril, la Secretaría de Gobernación abrirá módulos para recibir documentos de los afectados; se les incorporará al programa IMSS-Oportunidades y Sedesol Hábitat, un plan que pronto será dado a conocer.

Todo ello de manera paralela a la elaboración de un proyecto de ley por parte de la comisión especial de la Cámara de Diputados que posibilitaría una salida similar a la de los ahorradores defraudados. En principio se habla de otorgarles 5 mil dólares durante cuatro años, es decir, alrededor de mil pesos mensuales, los cuales serían cobrados por ellos o, en los casos que así se requiera, por las viudas.

Así lo informó Guadalupe Murguía, jefa de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación y responsable de la negociación. La funcionaria dijo que por parte del gobierno federal se involucrarían la Secretaría de Desarrollo Social y la de Relaciones Exteriores, que gestionaría visas especiales para los trabajadores de entonces, lo que les permitiría visitar a sus familiares.

Los trabajadores involucrados que reconoce el gobierno federal son todos aquellos que laboraron en Estados Unidos entre 1942 y 1946 -durante la Segunda Guerra Mundial-, a quienes les fue descontada una cantidad equivalente a 10 por ciento de su salario. Los braceros depositaron en el Wells Fargo Bank y de ahí trasladaron sus cuentas al Banco Nacional de Crédito Agrícola, una institución antecesora de Banrural.

Sin embargo, al momento de reclamar sus fondos la institución mexicana alegó no tener constancia de que se hubieran realizado esos depósitos y, por tanto, no podía liquidarlos. Desde entonces data el problema. Los braceros se agruparon después en diversas organizaciones. En 1999, explicó Murguía, se pidió formalmente la intervención de la Secretaría de Gobernación para que les fuera retribuido su dinero.

La funcionaria reconoció que el enfoque que se ha privilegiado ahora para alcanzar una solución no es el jurídico, porque desde esa perspectiva sería muy difícil hacerlo, pues de entrada se hablaría de la prescripción de la responsabilidad. De ahí que se esté buscando una solución a partir de la "buena fe", pues no existen los registros contables de los depósitos ni los convenios.

Señaló que han puesto en claro que se buscará la salida exclusivamente para los trabajadores que laboraron entre 1942 y 1946, pues algunos líderes han despertado expectativas en quienes trabajaron en Estados Unidos hasta los años sesenta.

Dijo que para tal efecto, a partir del próximo 7 de abril en las oficinas de Gobernación en todos los estados se recibirá la documentación de quienes acrediten ser beneficiarios. "Les estamos pi-diendo una copia de su contrato o por lo menos algún do-cumento consular que demuestren que estuvieron en Estados Unidos en esos años", indicó Murguía.

Agregó que esta captación del padrón de beneficiarios estará abierta durante tres meses y a partir de entonces, con la participación del Congreso de la U-nión, se buscará darles una salida definitiva mediante un programa específico. Dijo que los diputados están haciendo un esfuerzo para detectar recursos de otros ámbitos que por alguna razón no hayan sido erogados para poder reasignarlos.

Sin embargo, explicó que la salida es compleja, porque se carece tanto del padrón como de la cantidad de recursos que estarían involucrados. "Ellos hablan de números muy grandes, pero al momento de acreditar, de poder acercarse al universo real, se reduce de manera importante". En cualquier caso, para que el gobierno pudiera erogar una partida destinada a estos trabajadores se requeriría de un acuerdo del Congreso.

Mientras se logra una propuesta consensuada para resolver el conflicto se atenderá la demanda de atención médica para ellos y sus familias. Más allá de cuanto pueda tardar la solución definitiva, "lo único que sí tenemos son adultos mayores y con necesidades, así es que independientemente del acuerdo en específico sí podemos incorporarlos a los programas".