Las autoridades sólo le ofrecieron ayuda sicológica, "porque esa práctica está prohibida"

Niegan aborto a mujer con retraso mental violada en Guanajuato

La madre exige detener al agresor confeso; se queja ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL

Irapuato, Gto., 23 de marzo. La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato (PJEG) negó el derecho de aborto a una mujer de 30 años, con deficiencia mental, que en noviembre del año pasado quedó embarazada luego de haber sido violada por el dueño de la casa donde trabajaba como empleada doméstica.

Según Martha Macías, madre de Sandra, tras notar vómitos constantes y comportamiento inusual en su hija, cuya edad sicológica, de acuerdo con el peritaje de la PJEG, es de 10 años, la llevó a un laboratorio para que le hicieran exámenes médicos, los cuales determinaron que estaba embarazada.

Un día después, cuando su hija le confesó que su patrón, Ernesto Martínez Juárez, de 35 años, abusó de ella, encaró al individuo, quien aceptó que "la había forzado y que sí la había violado, fue entonces cuando le hablé a la policía para que se lo llevaran y fuimos a la Agencia 3 del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales.

"Ahí nos atendió (la titular) María del Rocío Mayo Valadéz y le dije que no queríamos a esa criatura, que mi hija debía abortar, pero ella nos dijo que esa práctica es un delito en Guanajuato, que regresáramos al otro día para que lo pensáramos mejor".

Pese a que el artículo 163 del Código Penal del estado tiene excepciones en cuanto a punibilidad del aborto cuando el embarazo sea el resultado de una violación, señala la mujer, "en el Ministerio Público le negaron a mi hija un dictamen de interrupción del embarazo".

Agregó que un día después, cuando regresaron al Ministerio Público para ratificar su intención de practicar legrado e interponer una denuncia penal contra Ernesto Martínez por el delito de violación, un agente "nos dijo que no procedía, porque no se tenía seguridad de que había sido violada, que a lo mejor mi hija había aceptado tener relaciones con el hombre.

"Ese día se integró a la denuncia el examen médico de un laboratorio particular donde constaba ya la presencia de un producto, el examen del médico legista señaló desgarraduras por violación y donde también se subraya la diferencia de edad biológica y sicológica. Aun así, el responsable sigue libre y Sandra carga en su vientre al producto de ese delito", afirmó.

Cabe destacar que el 17 de febrero la mujer envió una carta al titular de la PJEG, Miguel Valadez Reyes, en la que solicitó el dictamen de interrupción del embarazo y pidió atención médica especializada para conocer la gravedad del embarazo, tanto por su deficiencia mental como por su salud.

La respuesta del procurador llegó el 6 de marzo en una carta fechada el 26 de febrero, en la que el funcionario ofreció "toda la atención sicológica que requiera", pero no abordó el tema de la interrupción del embarazo.

Debido a esa respuesta de las autoridades judiciales, Martha Macías acudió ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja por negligencia de una autoridad, que sigue su cauce sin que hasta la fecha haya respuesta alguna.

"Voy a buscar justicia hasta por debajo de las piedras, esto no se va a quedar, así porque el violador sigue sin ser consignado", acotó la mujer.

Sandra ya no puede interrumpir su embarazo, por lo que su madre exigió a las autoridades la pronta detención del agresor confeso.