Hace falta un mercado competitivo, diagnostica el sector privado

CEESP: fracasaron paternalismo y libre mercado en el agro

DAVID ZUÑIGA

Ni las políticas de subsidios y precios de garantía ni las que intentaron promover el libre mercado y la competencia han servido para sacar de la crisis al campo mexicano, que muestra cifras "alarmantes": entre 1990 y 2000 el sector creció en promedio apenas 1.6 por ciento; sólo 7 por ciento de las unidades productivas está tecnificado y apenas 19 por ciento de los trabajadores perciben salario.

Además, el alto precio de los insumos y el intermediarismo cuestan a los productores -que no tienen acceso a crédito- hasta 70 por ciento de sus utilidades.

En un análisis, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado explica que este fracaso se debe en parte a que las instituciones y el modelo agropecuario han estado desfasados de los cambios que exige la apertura comercial; además, los productores más capitalizados han sido los principales beneficiarios de los estímulos económicos para elevar la productividad; las leyes no reconocen las asimetrías entre los productores, y los recursos financieros que se destinan a los productores de menores ingresos -mermados por crisis económicas y devaluaciones- se han asignado en forma clientelar y con criterios políticos.

El CEESP sostiene que los problemas del campo se deben en buena medida a la intervención de organismos corporativos que no tienen interés en mejorar la calidad de vida de la población rural, pero que utilizan la expectativa de recibir recursos públicos para movilizar a los campesinos.

De 1985 a 1994, señala, se ha observado que cuando se acercan comicios federales aumentan las inscripciones de resoluciones de reparto agrario. Este manejo discrecional de los mecanismos de apoyo al campo ha erosionado a las autoridades del sector.

Además, las leyes no corresponden a las necesidades de los labriegos ni de su realidad, lo que ha dado lugar a formas de simulación, como el arrendamiento, las ventas disfrazadas y el aparcelamiento.

Los problemas no se limitan a los gobiernos priístas: en el presupuesto para este año hay 52 programas para el desarrollo rural dispersos en distintas dependencias, cada una de las cuales les da un sesgo y un enfoque, desde equidad de género hasta apoyos a la comercialización, empleo temporal y productividad.

Sin embargo, la participación de tantas dependencias sin coordinación adecuada ocasiona que la mayor parte de los recursos se desperdicie y que los beneficiarios reciban sólo unos centavos de cada peso.

Para los analistas del sector privado, desarrollar un sistema de derechos de propiedad en el campo no basta para reactivar el sector agropecuario; lo verdaderamente importante, sostiene, es que exista un mercado competitivo en el cual los precios reflejen los costos de producción.