Corrupción e impunidad impiden pleno acceso a la justicia, expresa Dato Param

Reitera relator de la ONU críticas al sistema judicial mexicano

Se dice sorprendido por la reacción de la Suprema Corte ante informe difundido en abril pasado

JESUS ARANDA

A casi dos años de haber visitado México, el relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Dato Param Cumaraswamy, ratificó sus opiniones vertidas en el informe que elaboró sobre el país, en el que consideró que corrupción e impunidad impiden el pleno acceso a la justicia.

Se dijo "sorprendido" de que los más críticos a su informe fueran precisamente los jueces (el Poder Judicial de la Federación que elaboró un contrainforme descalificando las aseveraciones del relator) , e hizo un llamado a la judicatura federal a convertirse en el "faro" que guíe el desarrollo de los poderes judiciales de los estados, los cuales, dijo, están en desventaja económica y profesional, con respecto a sus pares federales.

Cuestionó a la justicia militar, particularmente por permitir que soldados acusados de violar derechos humanos sean juzgados en el fuero de guerra y no en tribunales civiles, como corresponde.

"Que la autoridad decida"

Al dictar la conferencia magistral Nuevos cambios para el sistema judicial mexicano, dictada en el 60 aniversario de la Universidad Iberoamericana, el funcionario de Naciones Unidas reiteró prácticamente los juicios emitidos hace casi dos años respecto a la justicia. "En mi reporte dije que había recibido estimaciones sobre la corrupción del Poder Judicial en México", además de que ningún juez ha sido sancionado por corrupción, "y aunque no emití conclusiones sobre el nivel de corrupción en la justicia mexicana, lo más importante es que la autoridad decida qué es lo que hará con ella, porque la percepción que hay de ese problema es muy grande en la sociedad de este país".

Sin aludir directamente al "contrainforme" que elaboró el Poder Judicial de la Federación, a instancias del entonces presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, en el que se cuestionó el informe del relator y la falta de precisión en sus juicios, Dato Param aseveró que temas como la impunidad, la falta de acceso a la justicia, la poca educación en la materia y un sistema en el que la justicia en los estados está lejos de alcanzar a la justicia federal, hablan negativamente del estado de la administración de justicia en México, además de que crean un sentimiento de falta de credibilidad en las instituciones encargadas de esta tarea, apuntó.

A Dato Param le fue cuestionado en su momento que desconocía la diferencia entre el fuero federal y el fuero local. Ante estudiantes y profesores universitarios, éste puso énfasis en la disparidad entre ambos sistemas, pero llamó la atención en que por ser un país con estados federales, la judicatura federal tiene la obligación de apoyar en lo posible el mejoramiento de los sistemas estatales. "Creo que la justicia federal necesita jugar un papel fundamental y encabezar la justicia mexicana, no sólo con sus acciones y cumpliendo con su obligación, sino tomando decisiones", indicó.

Reiteró su propuesta para establecer un programa piloto en algunos estados del país que permita fortalecer el sistema judicial con medidas apropiadas y procedimientos en la materia.

Señaló que en su visita a México (mayo de 2001) se enteró del asesinato de dos jueces federales en Sinaloa, de amenazas en contra de abogados y del "horrible asesinato" de Digna Ochoa y Plácido, ocurrido en octubre de 2001. El hecho de que no hayan sido detenidos y castigados los responsables de esos crímenes, "contribuye a que se mantenga vigente la impunidad en el país.

"Lo he dicho y lo reitero -subrayó- la impunidad es el cáncer de la sociedad, y si no se toman medidas adecuadas para frenarla, la sociedad se desestabiliza paulatinamente."

Agregó que "otra área" que contribuye a la impunidad son los reportes constantes que recibe sobre violaciones a los derechos humanos por autoridades militares. Dijo que organizaciones no gubernamentaales nacionales e internacionales aseguran que hay un alto grado de impunidad en crímenes cometidos por militares, en razón de que la relación de civiles con los soldados se ha incrementado por la diversidad de roles jugados por los militares, más allá de la responsabilidad de defensa.

Cuestionó que estos hechos hayan sido procesados por juzgados castrenses, aunque señaló que el derecho internacional no prohíbe el uso de tribunales militares, lo cierto, es que en México existe la impresión de que estos tribunales no son independientes e imparciales y no son capaces de castigar apropiadamente a los responsables de las violaciones a las garantías individuales.

Esta falta de transparencia en la justicia castrense daña en conjunto al sistema judicial en México y se refleja negativamente en la administración de justicia y el estado de derecho en este país.

Sobre el acceso a la justicia, destacó que las minorías están en desventaja frente a otros actores sociales. Mencionó que en el caso de los indígenas el sistema judicial no toma en cuenta las diferencias lingüísticas y de tradiciones.

"He tomado como ejemplo el caso de los indígenas para ilustrar cómo se inhibe el acceso a la justicia en México", sostuvo.

Quizá una de las afirmaciones más controversiales en su informe fue que más de 80 por ciento de los jueces eran corruptos. Dato Param subrayó ayer que aunque un juez fuera corrupto, este solo hecho afecta la integridad de la judicatura en general, por lo que instó a los juzgadores para que sirvan a la ciudadanía y, en su caso, denuncien ante la autoridad cuando tengan conocimiento de delitos, incluso tratándose de sus propios compañeros.

El relator llamó la atención en que hasta antes de 1994 -cuando se aprobó la reforma constitucional judicial- en el país no había cultura de independencia judicial, que el poder estaba concentrado en el Ejecutivo, que los jueces eran una extensión del Presidente de la República y que campeaba la incompetencia, ineficiencia, indiferencia y la falta de valores democráticos.

Respecto a las críticas a su informe de mayo de 2001, presentado en abril de 2002 ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Dato Param aclaró que fue invitado hace dos años por el gobierno mexicano para contribuir a los esfuerzos para fortalecer la independencia e imparcialidad de la administración de justicia en México.

Aunque argumentó que su conferencia en la Ibero no era foro para ventilar el impacto de su informe, señaló su sorpresa por el nivel de crítica que estuvo cerca de los ataques personales.

"Estoy decepcionado de que algunos elementos del informe no se hayan valorado apropiadamente y se dejara de lado una serie de propuestas básicas tendientes a eficientar el sistema judicial mexicano", indicó.

Combate al terrorismo

Dato Param cuestionó que tras el incremento del terrorismo internacional -particularmente por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y en Indonesia en octubre de 2002-, se hayan afectado las libertades y garantías básicas de las sociedades.

En alusión a Estados Unidos, dijo que muchos países han cambiado la protección de algunas garantías fundamentales de sus sistemas legales en su combate al terrorismo. Cuestionó la reciente decisión de la Corte de apelaciones del distrito de Columbia en Estados Unidos, la cual el pasado 11 de marzo resolvió que los presuntos integrantes de Al Qaeda, detenidos en la base militar de Guantanamo, no podían invocar la jurisdicción de las cortes estadunidenses para proteger sus derechos, porque esta base no se encuentra en suelo estadunidense.

Advirtió que ese es un precedente peligroso porque daría pie a que un Estado soberano se apropie de un pedazo de tierra de un país vecino, establezca un campo de detención y lleve ahí a sospechosos de terrorismo o de otros delitos y los retenga sin observar ninguna garantía legal a la que tiene derecho toda persona en el mundo.