Magdalena Gómez

Caso Ralco: triunfo mapuche pehuenche

Vaya que es alentador compartir un triunfo indígena en estos tiempos, más aún en estos días teñidos de preocupación por la amenaza de la barbarie bushiana contra Irak y el mundo entero.

Tras seis años de litigio, confrontación y sumo desgaste, las familias mapuches-pehuenches que han encabezado la oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Ralco en el Alto Bío Bío, por parte de la empresa española Endesa, lograron llegar a unas bases de acuerdo con el gobierno chileno. La firma se llevó a cabo el pasado 26 de febrero en una audiencia especial a la que llegaron en busca de una solución amistosa en el espacio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual nuevamente se muestra como "una ventanita o respiradero" para desahogar problemas indígenas en sus respectivos estados nacionales.

Las referidas bases enuncian medidas de perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica protectora de los derechos de los pueblos indígenas y de sus comunidades. En concreto refieren la necesidad de una reforma constitucional y la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También incluyen medidas para fortalecer la identidad territorial y cultural mapuche-pehuenche y mecanismos de participación en su propio desarrollo, destacando la creación de una comuna en el Alto Bío Bío, entre otras relativas al desarrollo y preservación ambiental, así como las que refieren a procesos judiciales contra líderes mapuches. El Estado chileno se asume como garante ante Endesa respecto de las demandas particulares de las familias afectadas. Acordaron también que todas las bases tienen el mismo rango y definieron un cronograma para su cumplimiento.

Se cierra así una etapa marcada por una larga cadena de juicios y apelaciones sucesivas en contra de Endesa, la cual en todo momento mantuvo la estrategia de "negociar" con los diversos afectados, quienes a raíz de la reforma agraria ahora tienen título de propietarios individuales sobre sus tierras con lo que propiamente la comunidad se ha desintegrado.

Después de sufrir sucesivas y penosas bajas, un minúsculo grupo encabezado por Nicolasa y Bertha Quintreman Calpan, entre otras mujeres, con el apoyo de abogados del Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas de la Universidad ARCIS, de Santiago de Chile, así como organizaciones mapuche recurrieron a diversos foros nacionales e internacionales, destacando el respaldo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Asimismo enfrentaron la argumentación excluyente y racista de los jueces chilenos, quienes en todo momento negaron espacio a la dimensión colectiva de los derechos de los pueblos y razonaron una y otra vez desde la lógica de los derechos individuales, dejando de lado la aplicación de la ley indígena vigente en ese país. La contraparte estatal apoyó la mayor parte del tiempo a la empresa con sus omisiones de intervención directa o con el otorgamiento de permisos y autorizaciones, colocándose como espectador de un litigio al que la camisa de fuerza del derecho vigente coloca en el terreno privado.

Mientras tanto, Endesa continuaba las obras apostando a la lógica de hechos consumados, apoyada en la concesión eléctrica definitiva que le fuera otorgada en los últimos días del gobierno del ex presidente Eduardo Frei, ante la desesperación de los mapuches que serían afectados por la inundación de sus tierras indígenas.

Diversas lecciones deja este proceso: logró una perfecta combinación entre lucha jurídica y política, consolidó el proceso de acompañamiento de una nueva generación de juristas comprometidos con la pluriculturalidad, se convirtió en eje articulador de las movilizaciones del conjunto del movimiento indígena, conjuntó solidaridades dentro y fuera de su país, rompió el estrecho y obtuso marco jurídico excluyente, a pesar de las resoluciones judiciales que "los derrotaban", y abrió un camino para la reconstitución mapuche, pues es evidente que el contenido de las bases de acuerdo expresa la orientación de los derechos colectivos de los pueblos.

Finalmente, debemos señalar el contraste entre la apertura de la CIDH, aun con las limitaciones de su marco jurídico, y el abstencionismo en que ha caído la OIT, que parece haber olvidado que había definido como criterio interno que el convenio 169 es exigible aun en países que no lo han ratificado al formar parte de los convenios sobre derechos humanos.

Por lo pronto, Endesa tendrá que irse con sus bártulos a otra parte. Ahora viene el díficil terreno del cumplimiento de acuerdos, pero haberlos logrado en condiciones tan adversas, es en sí mismo un triunfo indígena inobjetable.