Aplazan para hoy el diálogo para un acuerdo nacional
Los campesinos buscan un nuevo marco social
ANGELICA ENCISO Y ALONSO URRUTIA
El Acuerdo Nacional para el Campo, que las organizaciones agrarias buscan con el gobierno federal, debe reconocer la necesidad de un nuevo marco social entre el Estado, la población urbana y la rural, además de una diferente política hacia el campo que deberá ser de largo plazo para que se den cambios sustanciales en la forma de vida de los campesinos.
La última etapa de las negociaciones entre el movimiento El campo no aguanta más, el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y El Barzón con el Ejecutivo se aplazó para hoy martes. El acuerdo será el resultado de las negociaciones desarrolladas en las mesas de trabajo del Diálogo por una política de Estado para el campo que duraron un mes.
Ayer acudieron a la Secretaría de Gobernación los funcionarios involucrados en las pláticas con las organizaciones. Estuvieron los secretarios de Economía, Fernando Canales Clariond; de Agricultura, Javier Usabiaga; de Hacienda, Francisco Gil, y de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota. Se reunieron con el titular de Gobernación, Santiago Creel, y con el coordinador presidencial de Políticas Públicas, Eduardo Sojo, para discutir la propuesta final del documento gubernamental que iba a ser presentado ayer, pero el encuentro fue aplazado por la cambiante situación internacional.
Esta noche se reunirán en Bucareli los funcionarios con los líderes agrarios para intercambiar las propuestas y empezar las negociaciones. Al final de esta fase se prevé que se firme el documento que plasme los cambios en la política agraria actual; aunque las secretarías de Economía y de Agricultura, en sus respectivas relatorías de las mesas del diálogo, dejaron fuera la demanda de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), principal exigencia campesina.
Las cuatro organizaciones convocantes presentarán una propuesta conjunta de acuerdo, en la que destacan que las principales funciones del campo deben ser la producción sustentable de alimentos y materias primas de calidad; la custodia, protección y manejo sustentable de los recursos naturales del territorio rural; el aseguramiento del equilibrio poblacional del territorio nacional mediante la protección y generación del empleo rural y la mejora en la calidad de vida de la población rural, así como la preservación del carácter multicultural de la nación.
Este reconocimiento deberá ser parte del acuerdo nacional y tendrá que estar plasmado en la Constitución y las leyes secundarias correspondientes.
La propuesta campesina plantea como acuerdos centrales la soberanía alimentaria y para ello considera el establecimiento de una ley que considere objetivos, metas y presupuestos específicos con el fin de impulsar la producción, productividad y competitividad de los productos básicos y estratégicos.
Indica que se debe incorporar en la Constitución el derecho a la alimentación y reglamentar la ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Otro punto es la paridad en los niveles de bienestar de la población rural, lo cual, además de ser reconocido en la Constitución tendrá que contar con un programa estratégico 2004-2010 para disminuir desigualdades y combatir el hambre con metas, presupuesto y acciones puntuales.
También se refiere a la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN para que se ajuste a los principios de la nueva política hacia el campo, se excluya definitivamente al maíz, se reintroduzca un arancel cupo para la cebada y la malta, se eliminen prácticas desleales de comercio y se establezca un acuerdo paralelo sobre migración.
