Nula cooperación entre fiscalía especial y PGJM en pesquisas sobre la guerra sucia

Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro podrían quedar libres por falta de puebas

JESUS ARANDA

Aunque pareciera que siguen el mismo fin, castigar a los responsables del secuestro y asesinato de decenas de personas durante la llamada guerra sucia, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) no han cooperado entre sí en los procesos penales que se siguen en contra de dos de los principales protagonistas de los hechos ocurridos entre 1975 y 1979: los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro.

Ante esta falta de cooperación de las dos entidades que pertenecen al Ejecutivo federal, los beneficiarios podrían ser, precisamente, los dos militares indiciados, quienes incluso quedarían libres de cargos por falta de pruebas en su contra. Pese a que el discurso oficial insiste en la decisión del gobierno de Vicente Fox Quesadsa de castigar a los culpables de los crímenes que entonces ocurrieron, hasta la fecha han sido prácticamente nulos los contactos entre el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto y el procurador militar, general Antonio López Portillo, para intercambiar información y documentación que les permita consolidar sus investigaciones.

Esta falta de apoyo tiene lugar pese a que a Quirós Hermosillo y Acosta Cjaparro recibieron el auto de formal prisión hace cinco meses por homicidio calificado en agravio de 143 campesinos en el estado de Guerrero, quienes fueron ultimados en la base militar de Pie de la Cuesta y después lanzados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llevó a cabo cuando menos 33 "vuelos de la muerte".

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, hasta el momento en el expediente de la causa no hay actas de nacimiento, fes de bautismo, boletas escolares u otros documentos oficiales "que demuestren que fulano o zutano vivía en la zona de Atoyac, Guerrero" y que permitan concluir que murieron asesinados.

Precisamente por la falta de dicha documentación la PGJM se dirigió hace meses a la fiscalía especializada para que colaborara y le facilitara la documentación que tuviera sobre las víctimas. La fiscalía que encabeza Carrillo Prieto se negó a entregar copias de la documentación que obra en su poder, con el argumento de que dichos datos forman parte de las averiguaciones previas que lleva a cabo y que por ley no estaba en condiciones de hacerlo.

Ante la falta de apoyo, la PGJM tuvo que enviar agentes del Ministerio Públicos a Atoyac, para tomar declaración a los familiares de las víctimas. Sin embargo, debido al temor que causaron los citatorios entre los familiares, la respuesta de los pobladores fue muy baja y no se cumplieron las expectativas.

Quedó así para mejor ocasión la intención de obtener documentación oficial de las personas que fueron asesinadas para demostrar su existencia. Se espera que en los próximos días la PGJM decida enviar nuevos citatorios a familiares de las víctimas, pero vía exhorto mediante jueces federales o locales, para obtener de esa forma la información necesaria.

Funcionarios de la fiscalía especial comentaron a La Jornada que la falta de esos datos de parte del Ministerio Público Militar revelaba que los argumentos y pruebas en contra de los generales Quirós y Acosta son muy pocas y, por tanto, la procuraduría castrense se habría precipitado en ejercer acción penal en su contra sin contar con elementos suficientes.

"Cuando consignemos a los generales ante un juez será porque tenemos elementos para actuar penalmente contra ellos", dijo el funcionarios de la PGR, quien sin embargo no atinó a responder cuándo se logrará tal meta.

Otro elemento de pugna entre ambas dependencias es la falta de acuerdo sobre el fuero en que habrán de ser juzgados los generales.

La fiscalía especial insiste en que el decreto presidencial que le dio vida hace poco más de un año le otorgó los elementos jurídicos necesarios para actuar penalmente en contra de los responsables de la guerra sucia, militares, principalmente, y que por tanto los generales Quirós y Acosta deben ser juzgados en el fuero federal.

Los mismo piensan familiares de las víctimas agrupados en la AFADEM. Sin embargo, al menos un juez federal le dio la razón a la procuraduría militar cuando se interpuso un amparo para que la justicia castrense no conociera del asunto.