Comisión de Fortalecimiento

Aprueban iniciativa que busca robustecer finanzas municipales

La Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 115 y 116 de la Constitución, con el fin de que los gobiernos municipales cuenten con más responsabilidades en el manejo de los recursos públicos. Afirma que las autoridades municipales podrán contar con mayor margen de maniobra para distribuir los fondos tributarios y para determinar las cuotas y tarifas aplicables a gravámenes por servicios públicos prestados.

El dictamen de la comisión, presidida por el panista Enoch Araujo Sánchez, contempla medidas que buscan ampliar la capacidad institucional del gobierno municipal para conducir el desarrollo económico y social conforme a las demandas y expectativas de la población.

Además promueve la coordinación entre el ayuntamiento y el gobierno estatal en condiciones más favorables para el primero, de modo que pueda atender con eficacia y honestidad las demandas sociales. Fomenta la rendición de cuentas y propicia condiciones para que la ciudadanía ejerza el escrutinio público, así como la transparencia, eficacia y honradez en el manejo de la hacienda pública estatal y municipal.

En ese sentido, se establece un estándar óptimo generalizado para la fiscalización de los recursos públicos y las legislaturas de los estados crearán las entidades de supervisión, que tendrán autonomía técnica y de gestión en los términos que dispongan las leyes. Los fondos que integran la hacienda municipal -de acuerdo con el dictamen- serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos y fiscalizados por las legislaturas de las entidades, con base en la revisión de la cuenta pública y las auditorías que éstas realicen.

Estas disposiciones tienen el fin de subsanar problemas graves de discrecionalidad en la asignación y ejercicio de los recursos públicos derivados de la transferencia de ingresos participables y del gasto transferido, así como desalentar prácticas de corrupción en estados y municipios, inhibir irregularidades de desvíos de fondos y distorsiones en su aplicación. En el dictamen -aprobado por unanimidad y que será analizado de manera conjunta con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para ser presentado ante el pleno de este cuerpo deliberativo- se amplían los recursos para los municipios al eliminar exenciones y subsidios en las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria y derechos por servicios públicos.

Finalmente, se estipula que los municipios podrán solicitar información sobre los montos de asignación presupuestal y los gobiernos federal y estatal estarán obligados a proporcionar esos datos.