Agentes de la AFI intentaron detenerlo y presentarlo ante autoridad judicial el día 12
Ex edil de Tulancingo acusado de peculado contrata los servicios de Burgoa Orihuela
Gómez Martínez fue desaforado en 2000 y regresó al cargo por inconsistencias en la denuncia
CARLOS CAMACHO CORRESPONSAL
Pachuca, Hgo., 15 de marzo. El ex alcalde de Tulancingo, Juan Gómez Martínez, contrató al jurista Ignacio Burgoa Orihuela para encabezar su defensa, luego de que efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) se presentaron a su domicilio para detenerlo y presentarlo ante la autoridad judicial, debido a que se le acusó de peculado.
La mañana del miércoles anterior, agentes de la AFI acudieron a la casa del ex edil para detenerlo. Rocío Hernández, esposa de Gómez Martínez, convenció a los policías de que se fueran y entonces arrestaron a Gustavo Blas Vargas Rosales, ex secretario municipal de Tulancingo, vinculado con el delito del que se acusa al ex alcalde, pero horas más tarde salió libre al pagar una fianza de 40 mil pesos.
Juan Gómez y cinco de sus colaboradores en la administración que encabezó fueron acusados de peculado y "negociaciones indebidas", por lo que el primero fue desaforado por el Congreso local en julio de 2000 y meses después regresó al cargo, debido a inconsistencias en la denuncia que presentó en su contra un grupo de regidores encabezados por Miguel Cázarez Méndez.
En los actos ilícitos que se imputaron a Gómez Martínez también fue involucrado Vargas Rosales; el ex tesorero Felipe Téllez Islas; Guillermo Islas Alva, ex síndico procurador; César Méndez Bonilla, ex director de Planeación; Ricardo Bravo Delgadillo, ex contralor, y Edmundo Benavides, quien se habría prestado a la compraventa ficticia de cinco camiones para el Departamento de Limpia.
Edmundo Benavides expidió una factura por un millón 864 mil pesos, cuando el costo real era de aproximadamente 750 mil pesos, por lo que se hicieron las investigaciones necesarias y se descubrió que Benavides presentó una razón social falsa; su negocio era ficticio y las facturas apócrifas, además de que la dirección que ofreció no existe.
En esta transacción se habrían desviado alrededor de 800 mil pesos, lo que derivó en la denuncia de los regidores Juan Silvino Benítez, María Magdalena Sánchez, María de Jesús Márquez, Silvino Santillán, Guillermo Santos, Joaquina Hernández, José Luis González, Alfredo Aguilar y Miguel Cázarez. Posteriormente el ex alcalde se amparó y la AFI inició pesquisas en su contra.
Funcionarios municipales se "autorizan" aumento de sueldos
El alcalde de Huejutla, el panista José Alfredo San Román, se autorizó un aumento de sueldo de 380 por ciento, y ahora percibirá 184 mil 206 pesos, en lugar de los 38 mil 400 que ganaba su antecesor, el priísta Carlos Fayad Medina. También ganarán más el tesorero, que recibirá 71 mil 284 pesos, y el síndico procurador obtendrá 61 mil 240 pesos.
El tema de los salarios para los funcionarios de los 84 gobiernos municipales en la entidad fue abordado por legisladores priístas y perredistas en sesión a la que no acudieron los cuatro diputados panistas.
El priísta Valentín Zapata se quejó en tribuna del "escandaloso" incremento salarial que se autorizó el alcalde de Huejutla, una de las regiones más marginadas de la entidad. Mencionó que otros ediles, como los de Tepeji del Río, Tula, Tepetitlán, San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán, se han autorizado aumentos de entre 40 y 85 por ciento.
Ante la situación, las bancadas priísta y perredista acordaron convocar a la Comisión de Hacienda del Congreso, para que se reúna con los alcaldes que se aumentaron sus salarios, para intentar persuadirlos a que ajusten sus sueldos "a las necesidades y condiciones de sus propios municipios".
