La sanción al PRI no fue arbitraria ni de capricho, explica el consejero presidente

La pesquisa por el caso Amigos de Fox acabará antes del 6 de julio: Woldenberg

La causa priísta, sin defensa Las inconformidades al dictamen fueron de procedimiento

ALONSO URRUTIA Y MIREYA CUELLAR

La histórica multa de mil millones al Partido Revolucionario Instituticonal (PRI) fue ratificada ayer por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), que la aprobó por ocho votos a favor y una sola abstención. En medio del debate, el consejero presidente, José Woldenberg, advirtió que esta decisión representa al mismo tiempo "un contexto de exigencia al IFE para la resolución de la queja de Amigos de Fox", motivo por el cual externó el compromiso de finiquitar la investigación antes del 6 de julio, día de las elecciones.

Woldenberg fue más allá y justificó la sanción millonaria, pues "no fue arbitraria ni surgió de un capricho, sino que está basada en los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la ley, lo cual motiva que el monto de la multa sea el doble de la suma cuya recepción se oculta".

En medio de los discursos políticos de consejeros y partidos, el centro del debate jurídico se ubicó en la validez del razonamiento de la Comisión de Fiscalización para asegurar que efectivamente el PRI recibió 500 millones de pesos del sindicato petrolero y no los reportó a la autoridad.

El priísmo insistió en que fueron hombres y no el partido quienes retiraron el dinero que nunca llegó a sus arcas. Ningún consejero habló en favor de la inocencia priísta, pues quienes cuestionaron el dictamen, Jaime Cárdenas y José Barragán, fundaron su inconformidad en el procedimiento de cierre de instrucción y otras inconsistencias.

Según Cárdenas, la multa estaba fundada jurídicamente, aunque debió investigarse otros elementos, además de haber sido más rigurosos en el procedimiento jurídico. Para Barragán, se debió profundizar, pues cabría la posibilidad de que se hubiera sancionado por violaciones más graves o, eventualmente, absolver al PRI.

La defensa del dictamen la encabezó Woldenberg, quien aludió a los seis funcionarios priístas que retiraron el dinero de la cuenta del sindicato petrolero abierta con el préstamo de Pemex: "Las pruebas que demuestran que estas seis personas eran ajenas al sindicato, que tampoco tenían relación laboral con Pemex, confirman que esas personas trabajaban nada más y nada menos que en la secretaría de Finanzas del CEN del PRI y una más en la Secretaría de Elecciones".

El IFE, refirió, tiene reportados 68 retiros concantenados hechos por estos funcionarios del PRI hasta sumar 500 millones de pesos en un plazo de 10 días hábiles. "Estos son datos que no están sujetos a interpretación, son hechos probados y comprobados y de los cuales se desprende que se trató de una acción concertada."

Otro defensor del dictamen fue el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, quien sintetizó las pruebas documentales que sirvieron de base a la sanción: la autorización del tesorero del sindicato, Ricardo Aldana, para que los funcionarios del PRI retiraran el dinero; la firma de los documentos que avalan los traslados que se hicieron en parejas, lo que habla de la red tejida para retirar el dinero, y los testimonios de los involucrados que, dijo, solamente refuerzan la convicción a la que habían llegado con los documentos presentados.

Sin embargo, Lujambio sostuvo que no se puede pedir al IFE pruebas sobre el destino que dio el PRI a los recursos "cuando precisamente se retiraron del sistema financiero nacional para evitar que dejase huellas" de los movimientos financieros.

Tocaría al coordinador jurídico del PRI, Miguel Angel Yunes -representante suplente del partido- intentar la defensa que orientó más hacia el discurso político que a la cuestión jurídica. Consideró "absolutamente falso" que el PRI hubiera recibido ese dinero, y censuró el dictamen de la comisión por estar fundado en "presunciones, en suposiciones, sospechas, sin que quienes lo elaboraron hayan podido incorporar prueba alguna de las irregularidades".

La mayoría de los consejeros cerraron filas y, excepto Barragán, que pidió se regresase el dictamen porque no se analizó cada elemento, defendieron la sanción. Mauricio Merino censuró que el PRI pretendiera someter la aplicación de la justicia en este caso a la resolución del caso Amigos de Fox, pues, dijo, esto es "absurdo y sin ninguna razón jurídica".

Tampoco puede admitirse que bajo el argumento de razones procedimentales se pretenda pasar de lado la "cotundencia de los hechos demostrados", dijo Merino. Fue él quien hizo mayor énfasis en atajar el discurso priísta contra el IFE y subrayó que el PRI debiera acogerse a la vías jurídicas para su defensa y dejar de lado la estridencia política y los ataques al IFE, porque ello sólo contribuiría a vulnerar el sistema electoral.

De igual modo, la consejera Jacqueline Peschard reivindicó la legalidad del procedimiento y rechazó las imputaciones priístas que cuestionaban la legalidad de la información enviada por la Procuraduría General de la República. Explicó que esta dependencia puede enviar copia certificada cuando sea una autoridad competente que haya fundado y motivado su solicitud, lo cual fue el caso.

También justificó las razones por las que se dio por cerrado el caso, y explicó que por disposición constitucional, "una vez que la autoridad tiene claramente justificado un ilícito, no puede retrasar la impartición de la justicia, de suerte que cuando tuvimos elementos claros que se había cometido el ilícito, teníamos que cerrar la instrucción".

El consejero Gastón Luken habló en favor del dictamen y advirtió que no podía culpar al IFE de la sanción, cuando en realidad son los partidos políticos "los únicos responsables de las consecuencias de sus actos y no la autoridad que, en cumplimiento de sus obligaciones, impone una sanción".

El consejero Virgilio Rivera introdujo el tema de Amigos de Fox y la necesidad de que se resolviera conjuntamente, pues en ambos casos, dijo, hay elementos irrefutables, difíciles de desestimar, para sancionarlos.